Por un lado, sorprendieron las declaraciones de la ministra de Salud, Helia Molina, descartando como prioritaria la modificación del decreto que mantiene al cannabis como droga dura. Esto, a pesar del compromiso de campaña de la Presidenta Bachelet de “revisar el reglamento que mantiene a la marihuana en la lista 1, entre las drogas más peligrosas”. La secretaria de Estado aludió que se necesita un debate a nivel nacional.
Paralelamente, causó revuelo que la desvinculada directora del Senda, Francisca Florenzano, revelara que durante su administración se trabajó en los últimos meses para avanzar en la modificación de la normativa en cuestión con la finalidad de permitir el uso terapéutico de la droga y, de paso, facultar a los jueces para aplicar beneficios a los narcotraficantes. Es decir, pasar la cannabis a la denominada “lista 2”. Como sabemos, la iniciativa tampoco prosperó.
Estos hechos parecieran mostrar cierta similitud entre los gobiernos de Piñera y Bachelet frente a la legalidad del uso de la marihuana, pero como en muchos ámbitos del debate público, es necesario ir despejando las distintas variables de la discusión para comprender mejor en qué se está de acuerdo y, sobre todo, si aquella concordia es una buena política pública.
En primer lugar, debemos tener plena conciencia de lo que estamos hablando cuando abordamos la licitud del uso de la cannabis. Para la ciencia no hay dos lecturas: la marihuana es una droga que provoca adicción, psicosis (pérdida del juicio de la realidad), daño de múltiples órganos, especialmente cuando es usada por adolescentes, y cuyos efectos adversos perduran más allá del periodo de intoxicación, lo que empeora en la medida que aumentan los años de consumo regular (JAMA. 2002 Mar 6; 287(9):1123-31).
Estas características propias de la marihuana, son justamente las que la diferencian del uso de otras drogas como el alcohol y tabaco. Si bien se prohíbe fumar en algunos lugares públicos ybeber bajo ciertas circunstancias (como al conducir), ambas drogas están liberadas para el consumo de los adultos porque no causan efectos tan dañinos como la cannabis. De hecho, si bien el tabaco nunca es bueno, si hay estudios que confirman que el uso regular de pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas tiene beneficios para la salud, especialmente cardiovascular, por sus efectos antioxidantes (N Engl J Med. 2003 Jan 9;348(2):109-18).
Ahora bien, a pesar de todo lo dicho, si existen efectos beneficiosos del uso de la marihuana como medicamento paliativo del dolor en ciertas patologías terminales, para lo cual podría establecerse su administración protocolizada y restringida. El uso terapéutico de cualquier droga, una vez confirmado científicamente su efectividad y seguridad, no puede ser considerado como ilegal. Por cierto que se deberán resguardar algunas formas, como la prescripción médica obligatoria, la entrega farmacéutica con receta retenida y el control de stock en farmacias, pero esta situación no implica que el recurso farmacológico no se pueda usar, incluso existiendo el riesgo de que algunos abusen y caigan en la dependencia, como sucede en algunos casos con los opiáceos (morfina) o las benzodiacepinas (por ejemplo, Ravotril). En definitiva, si la intención es el uso terapéutico y está resguardado de igual manera que el consumo de cualquier fármaco, no habría mayor inconveniente en avanzar en esta línea con la marihuana.
Por otro lado, resulta trascendental hacer notar que la discusión actual se ha manejado simplemente sobre la tesis de sacar la cannabis de la lista de las drogas duras y en ningún momento se ha planteado legalizar su uso libre. Este punto es de extrema importancia, porque no debemos olvidar el efecto educativo que tiene la ley al prohibir las drogas, especialmente entre los más jóvenes. Algo legal puede ser interpretado como bueno o, al menos, no tan malo.
Tampoco este debate es sobre si al legalizar la marihuana se lograría disminuir el narcotráfico, como se ha argumentado en otros países. Este argumento es difícil de probar empíricamente y más pareciera ser reflejo de una mirada de cierta elite que no tiene contacto directo con la dura realidad de las poblaciones que han sido tomadas por los narcotraficantes. Es difícil imaginar que a los vecinos de La Bandera, La Legua o El Castillo les parezca que la mejor solución para acabar con el imperio de los narco sea que se venda marihuana legalmente en los quioscos.
Como cualquier debate complejo, requiere ser evaluado por partes, despejando las distintas variables en su real mérito. Es de esperar que esta complejidad también sea abordada en la discusión a nivel país a la que se refirió la ministra Molina.
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