Trabajadores a contrata y a honorarios -sin inamovilidad- casi doblan a los funcionarios de planta:
Al menos 900 contratos a honorarios se extienden más allá del 11 de marzo
Según datos publicados por los ministerios a través de Gobierno Transparente, en 2010, cuando terminaba la administración de Michelle Bachelet, la cifra era similar a la que se observa hoy. Pablo Obregón Castro
Al menos 900 contratos a honorarios se extienden más allá del 11 de marzo
Según datos publicados por los ministerios a través de Gobierno Transparente, en 2010, cuando terminaba la administración de Michelle Bachelet, la cifra era similar a la que se observa hoy. Pablo Obregón Castro
Para el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn,
este debate (de los trabajadores a contrata y a honorarios
-sin inamovilidad- casi doblan a los funcionarios de planta)
cada vez que hay un cambio de gobierno
si el Estado modernizara la administración del personal.
La enorme mayoría de los trabajadores del Estado
debieran tener carrera funcionaria
y sólo los cargos políticos y jefes de servicio
debieran ser de confianza.
Para eso hay que buscar una fórmula intermedia,
que dé más estabilidad a las personas
que la que ofrece el Código del Trabajo,
pero que no sea tan inflexible
como la del actual Estatuto Administrativo.
Una mirada distinta tiene
el senador electo del PS Carlos Montes,
quien cree que "la planta de funcionarios
debería crecer, pero estableciendo procedimientos
de evaluación de desempeño más estrictos".
Lo que se ha hecho en algunos países, señala,
es elevar mucho las remuneraciones y, a cambio,
modificar las normas que le restan flexibilidad
a la administración del Estado.
Según Carlos Montes,
la naturaleza de los contratos a honorarios
permite ponerles término en cualquier momento.
Por lo mismo, cree que estos contratos
deben revisarse caso a caso:
"Creo que la continuidad de esas personas
dependerá mucho de cada servicio.
Si son técnicos, no veo problema,
pero en los servicios políticos, hay que revisarlos".
Diario El Mercurio, Economía y Negocios
Domingo 16 de febrero de 2014
Agosto de 2010, paro de empleados fiscales. Septiembre de 2010, paro de empleados fiscales. Diciembre de 2010, otra movilización y los mismos actores. El detonante eran 11 mil trabajadores a contrata y a honorarios desvinculados por el gobierno durante el primer año de administración.
Así recuerdan en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) el año de instalación del gobierno de Sebastián Piñera, el primero de un conglomerado de partidos de centroderecha después de 20 años de administración concertacionista.
Con bemoles importantes -como que la mayoría de los dirigentes de la ANEF comparten domicilio político con las autoridades que asumirán en marzo-, el escenario ahora vuelve a presentarse inquietante, sobre todo para los profesionales a honorarios y a contrata que ingresaron durante el gobierno de Piñera y que, según algunos personeros de la Nueva Mayoría, deberían dejar sus cargos para dar paso a trabajadores que compartan el programa de las autoridades entrantes.
¿Pueden irse todos?
El debate volvió a hacerse presente luego que el diputado de la Democracia Cristiana Fuad Chahín acusara al gobierno de estar amarrando los contratos a honorarios de algunos de sus colaboradores hasta después de marzo de 2014. Las acusaciones se centraron en los casos puntuales de algunos personeros que fueron candidatos al Parlamento y que tras no resultar elegidos, volvieron a trabajar al Estado.
Si se miran las cifras en detalle, no obstante, los casos de honorarios que se extienden más allá de lo que dura un gobierno no son puntuales ni exclusivos de esta administración. "El Mercurio" revisó las estadísticas de personal que publican los ministerios a través de Gobierno Transparente y constató que, al menos, 941 contratos a honorarios figuran con una fecha de término posterior al 11 de marzo de 2014, la mayoría de ellos hasta el 31 de diciembre. No todos los ministerios mantienen cifras actualizadas en sus sitios web, por lo tanto, el número podría ser mayor.
Los ministerios que publican sus cifras actualizadas son Interior, Defensa, Hacienda, Trabajo, Salud, Agricultura, Medio Ambiente, Deportes y Cultura, más sus servicios dependientes.
¿Qué ocurrió en 2010 con esos mismos ministerios? Los datos publicados a través de Gobierno Transparente muestran que cuando Michelle Bachelet tuvo que traspasar el mando a Sebastián Piñera, al menos 799 contratos de honorarios figuraban con fecha de término más allá del 11 de marzo de ese año y que la mayoría también se extendía hasta el 31 de diciembre. En ambos casos, el número de contratos a honorarios que, según la información publicada en los portales de Gobierno Transparente, se hicieron extensivos hasta después del cambio de mando, representan menos del 0,4% de la dotación total del Estado (considerando trabajadores a contrata, honorarios y de planta).
Según cifras de la Anef, solo 150 trabajadores a contrata -vínculo a plazo fijo, más estable que un contrato de honorarios, pero que tampoco forman parte de la planta de funcionarios- no fueron renovados hasta diciembre de 2014, de un total de 125.528.
Fuentes de gobierno señalan que, salvo casos puntuales de cargos de exclusiva confianza, la mayoría de las contratas y un número significativo de honorarios son tradicionalmente renovados entre un gobierno y otro para darle continuidad al funcionamiento del Estado.
Esto, porque en la práctica -y a diferencia de lo que estipula el Estatuto Administrativo-, tanto los trabajadores a contrata como a honorarios realizan tareas permanentes y de jornada completa que no pueden suspenderse entre un gobierno y otro.
De los 33.185 trabajadores a honorarios que se desempeñaban en el Estado en 2012, por ejemplo, 20.379 lo hacían a jornada completa y 4.090 tenían una antigüedad superior a los tres años.
Esta situación también se hace extensiva a los funcionarios bajo régimen de contrata. Según el Estatuto Administrativo, estos trabajadores no pueden superar el 20% de la dotación total del Estado. Sin embargo, de 243 mil personas que se desempeñan en la administración pública, solo 85 mil son funcionarios de planta.
Para el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, este debate no se presentaría cada vez que hay un cambio de gobierno si el Estado modernizara la administración del personal.
"La enorme mayoría de los trabajadores del Estado debieran tener carrera funcionaria y solo los cargos políticos y jefes de servicio debieran ser de confianza. Para eso, hay que buscar una fórmula intermedia, que dé más estabilidad a las personas que la que ofrece el Código del Trabajo, pero que no sea tan inflexible como el actual Estatuto Administrativo", señala.
Una mirada distinta tiene el senador electo del PS Carlos Montes, quien cree que "la planta de funcionarios debería crecer, pero estableciendo procedimientos de evaluación de desempeño más estrictos". Lo que se ha hecho en algunos países, señala, es elevar mucho las remuneraciones y, a cambio, modificar las normas que le restan flexibilidad a la administración del Estado.
Contratos amarrados
Según Carlos Montes, la naturaleza de los contratos a honorarios permite ponerles término en cualquier momento. Por lo mismo, cree que estos contratos deben revisarse caso a caso: "Creo que la continuidad de esas personas dependerá mucho de cada servicio. Si son técnicos, no veo problema, pero en los servicios políticos, hay que revisarlos".
Según los datos publicados a través de Gobierno Transparente, el tipo de trabajadores contratados a honorarios van desde tareas como ordenadores de filas de usuarios, con ingresos por $420 mil mensuales, hasta asesores legales y comunicacionales de los ministros, quienes obtienen remuneraciones de entre $4,7 millones y $6,5 millones.
El problema que denuncia la oposición es que algunos de los contratos no tienen cláusulas de salida para ponerles término anticipadamente. La Contraloría ya ha tomado cartas en el asunto. El 4 de febrero, la División de Personal de la entidad se pronunció en contra de un contrato de honorarios de un empleado del Ministerio de Obras Públicas, en que se señalaba que solo el trabajador podía poner término al contrato.
En el Gobierno desestiman estas aprensiones, bajo el argumento de que, independientemente de que los contratos aparezcan con fecha de extensión hasta diciembre, prácticamente todos quienes cumplen tareas relevantes dejarán sus cargos el 10 de marzo.
Es el caso del arquitecto y encargado de tareas de reconstrucción para la Región de O'Higgins del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Sergio Correa Espinosa, quien fue cuestionado por parlamentarios de la oposición por haber vuelto a trabajar al gobierno después de participar sin éxito en las elecciones parlamentarias de 2013. Cercanos a este funcionario explican que Correa siempre contempló irse del Minvu y no continuar después del 11 de marzo, pese a que desarrolla actividades técnicas. Por lo mismo, en privado manifestó que las críticas le resultaron sorpresivas, dicen estas fuentes.
ANEF: no a otro desalojo
Entre 2010 y 2011, los dirigentes de la ANEF convocaron a tres movilizaciones oponiéndose a las desvinculaciones decididas por el gobierno de Sebastián Piñera. Esta vez, también temen que haya despidos como parte del cambio de autoridades. Pero esta vez, eso los sometería a la encrucijada de mantenerse leales a los partidos de gobierno -en los que milita la mayoría de los dirigentes- o defender a trabajadores reclutados durante el gobierno de Piñera.
"Este directorio lo discutió, porque efectivamente hay tensión, pero los principios no se cambian de acuerdo al gobierno que llegue. Funcionarios que hacen bien su trabajo, que están en lista uno o dos de calificaciones, deben permanecer. Si hay alguien que llegue con la mirada de un nuevo desalojo, no nos parece", señala la vicepresidenta de la ANEF, Nury Benítez. Y recuerda que la tesis de "eliminar grasa" quedó desacreditada durante el último gobierno: pese a que se desvinculó a 11 mil personas, la dotación total del Estado creció de 225 mil en 2010 a 243 mil en 2012.
LOS TRAJADORES A CONTRATA no pueden superar el 20% de la dotacoón total del Estado.
11 mil
trabajadores a contrata y a honorarios fueron desvinculados durante el gobierno de Piñera, según cifras de la ANEF.
trabajadores a contrata y a honorarios fueron desvinculados durante el gobierno de Piñera, según cifras de la ANEF.
33.185
trabajadores a honorarios se desempeñan en la administración central del Estado, según datos de Dipres.
trabajadores a honorarios se desempeñan en la administración central del Estado, según datos de Dipres.
125.528
trabajadores se desempeñan bajo régimen de contratay solo 85 mil son funcionarios de planta.
¿Alta Dirección Pública garantiza estabilidad?trabajadores se desempeñan bajo régimen de contratay solo 85 mil son funcionarios de planta.
En junio de 2010, el senador Alberto Espina pidió acelerar el proceso de despidos de funcionarios que no son afines al gobierno de Sebastián Piñera: "Debemos enfrentar este tema sin complejos, defendiendo el derecho a realizar cambios para mejorar la gestión del Gobierno. Por lo mismo, plantearé acelerar el proceso de cambio de funcionarios que son operadores políticos de la Concertación o que no comparten el programa de gobierno del Presidente", dijo Espina en esa oportunidad.
Casi cuatro años después, la historia se repite. En noviembre de 2013, el presidente del MAS, Alejandro Navarro, y la entonces senadora Ximena Rincón señalaron que los funcionarios de confianza del primer gobierno de Michelle Bachelet que continuaron trabajando con la administración de Sebastián Piñera, no deben seguir en sus cargos.
Esto, a pesar de que el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) nació en 2003 para que los directivos del Estado fueran elegidos a partir de criterios técnicos y, de ese modo, pudieran pasar de un gobierno a otro.
¿Qué ocurrió entonces para que el Estado siguiera operando como botín de los gobiernos de turno? Según el diputado DC Fuad Chahín, lo que pasó es que los gobiernos han encontrado la fórmula para pasar por encima de las obligaciones que impone el sistema de ADP: "Se nombran directivos transitorios o provisionales, se realizan concursos con perfiles hechos a la medida y, finalmente, son ratificados los mismos".
Según cifras del Servicio Civil, entre marzo y noviembre de 2010, se eligieron a 35 directivos de primera línea bajo el sistema de Alta Dirección Pública. De ellos, 26 ya estaban en el cargo antes del concurso de manera transitoria o provisional por designación del Gobierno.
Consciente de que esta práctica resta credibilidad al sistema, el Gobierno presentó en 2013 un proyecto de ley que propone impedir que los directivos provisionales de segundo nivel jerárquico puedan integrar la nómina del concurso que provee en forma definitiva el mismo cargo. Para los de primer nivel, se mantiene el régimen actual. El proyecto sigue en trámite parlamentario.
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