Tribuna
Diario El Mercurio, Domingo 16 de febrero de 2014
El desafío más grande
Orlando Sáenz R.: "Ni la educación, ni la salud, ni los impuestos, ni la reforma constitucional son los desafíos más urgentes e importantes cuando se los compara con la plena restauración de la estabilidad democrática..."
De las muchas responsabilidades y deberes que en Chile asume un Presidente cuando inicia su mandato, el único que debe jurar solemnemente es el de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. La sinceridad y el fiel cumplimiento de ese juramento es de tal importancia que es lo que sustenta la legitimidad del gobierno que presidirá. Cuando existen razones objetivas para estimar que un Mandatario incumple ese deber fundamental, y así lo declaran los otros poderes del Estado, el efecto es la legitimización de la insurrección contra el gobierno del perjuro. Eso, con mejores o peores razones y circunstancias, ha ocurrido dos veces en la historia de Chile con las consecuencias que todos conocemos: con los presidentes José Manuel Balmaceda y Salvador Allende.
Ahora bien, el respetar la Constitución y las leyes solo depende de la voluntad y la conciencia del Mandatario juramentado. Pero hacerlas respetar por toda la ciudadanía depende de su capacidad, sus convicciones y su don de mando, de modo que a lo que lo obliga su juramento es a emplear mesuradamente toda la gama de recursos, instrumentos e instituciones que el sistema democrático pone a disposición de los mandatarios para capacitarlos en el cumplimiento de la obligación de garantizar el orden público, la seguridad nacional y el respeto a las leyes, de todos y para todos.
Basta esta simple exposición de lo que todos sabemos, o deberíamos saber, para comprender cuál será el peor déficit que se les reprochará a los gobiernos de la democracia restaurada en Chile cuando llegue el momento de su juicio histórico, sereno y ponderado. En el caso del gobierno de don Sebastián Piñera, ciertamente ese juicio le reconocerá muchos mas méritos de los que han visto sus mezquinos opositores. Porque, pese a esto último, ese juicio no podrá ignorar el grave deterioro de la gobernabilidad y del respeto a la ley que han permitido la pasividad y la falta de entereza de todas estas últimas administraciones. Es muy difícil concebir otro período que supere el imponente número de desmanes, tomas, marchas vandálicas, atentados terroristas y violaciones reiteradas y descaradas de los estatutos administrativos y de las leyes laborales que ha acumulado este último cuarto de siglo.
La extraordinaria permisividad de los gobiernos aludidos ha provenido de dos conceptos profundamente equivocados. El primero de ellos es el de considerar antidemocrática la represión enérgica de todas las anormalidades señaladas. Si la democracia no es capaz de imponer el orden público y el respeto a la ley sin vulnerar su esencia, está destinada a desaparecer de la faz de la Tierra. Basta mirar lo que ocurre en las democracias más perfectas y avanzadas para constatar la falacia de ese razonamiento. En ellas, la implacable represión de las alteraciones del orden público y las violaciones de las leyes y reglamentos es perfectamente compatible con el riguroso respeto democrático y a nadie se le ocurriría siquiera tratarlas de dictatoriales.
El otro error es mas grave todavía. Colocar en el mismo capítulo a lo que podría estimarse como excesos provenientes de un saludable empoderamiento popular con lo que son actos de claro terrorismo antisistémico es un pecado de inaceptable miopía. Quienes creen que los bombazos, incendios intencionales, balas locas, quema de buses, saqueos organizados y la guerrilla planificada de La Araucanía son primos hermanos de la simple delincuencia y de los desórdenes reivindicativos, no solo pecan de increíble ceguera, sino que arriesgan el amargo despertar que mostrará que los que miraron como socios en el perfeccionamiento democrático son en realidad coordinados asesinos del régimen libertario que caracteriza toda la historia de nuestra patria.
Porque, en verdad, la formación de un vasto y articulado sector antisistémico en el seno de nuestra sociedad transforma el problema de la gobernabilidad y del restablecimiento del imperio de la ley y el orden en el principal desafío que enfrenta Chile, si es que pretende prolongar su progreso material e institucional. Pese a lo que opinan muchísimos chilenos, ni la educación, ni la salud, ni los impuestos, ni la reforma constitucional son los desafíos más urgentes e importantes cuando se los compara con la plena restauración de la estabilidad democrática.
Ello es especialmente preocupante porque el problema ni siquiera es visto así de urgente y trascendente por la candidata triunfante en la última elección presidencial. Por otra parte, ya la conspiración antisistémica le ha enviado mensajes de que no gozará ni siquiera de la tradicional "luna de miel" de que han usufructuado los mandatarios anteriores y, por otra parte, está rodeada de muchos que ven con simpatía digna de mejor causa a estos movimientos insurreccionales, a los que miran como aliados para las reformas estructurales que pretenden. Sin duda que tendrán un muy amargo desengaño cuando llegue la hora de emplear todos los elementos constitucionales que muchas veces han abominado para eliminar drásticamente a los que, en verdad, son los peores y mas peligrosos enemigos del Chile que conocemos.
Orlando Sáenz R.
Ahora bien, el respetar la Constitución y las leyes solo depende de la voluntad y la conciencia del Mandatario juramentado. Pero hacerlas respetar por toda la ciudadanía depende de su capacidad, sus convicciones y su don de mando, de modo que a lo que lo obliga su juramento es a emplear mesuradamente toda la gama de recursos, instrumentos e instituciones que el sistema democrático pone a disposición de los mandatarios para capacitarlos en el cumplimiento de la obligación de garantizar el orden público, la seguridad nacional y el respeto a las leyes, de todos y para todos.
Basta esta simple exposición de lo que todos sabemos, o deberíamos saber, para comprender cuál será el peor déficit que se les reprochará a los gobiernos de la democracia restaurada en Chile cuando llegue el momento de su juicio histórico, sereno y ponderado. En el caso del gobierno de don Sebastián Piñera, ciertamente ese juicio le reconocerá muchos mas méritos de los que han visto sus mezquinos opositores. Porque, pese a esto último, ese juicio no podrá ignorar el grave deterioro de la gobernabilidad y del respeto a la ley que han permitido la pasividad y la falta de entereza de todas estas últimas administraciones. Es muy difícil concebir otro período que supere el imponente número de desmanes, tomas, marchas vandálicas, atentados terroristas y violaciones reiteradas y descaradas de los estatutos administrativos y de las leyes laborales que ha acumulado este último cuarto de siglo.
La extraordinaria permisividad de los gobiernos aludidos ha provenido de dos conceptos profundamente equivocados. El primero de ellos es el de considerar antidemocrática la represión enérgica de todas las anormalidades señaladas. Si la democracia no es capaz de imponer el orden público y el respeto a la ley sin vulnerar su esencia, está destinada a desaparecer de la faz de la Tierra. Basta mirar lo que ocurre en las democracias más perfectas y avanzadas para constatar la falacia de ese razonamiento. En ellas, la implacable represión de las alteraciones del orden público y las violaciones de las leyes y reglamentos es perfectamente compatible con el riguroso respeto democrático y a nadie se le ocurriría siquiera tratarlas de dictatoriales.
El otro error es mas grave todavía. Colocar en el mismo capítulo a lo que podría estimarse como excesos provenientes de un saludable empoderamiento popular con lo que son actos de claro terrorismo antisistémico es un pecado de inaceptable miopía. Quienes creen que los bombazos, incendios intencionales, balas locas, quema de buses, saqueos organizados y la guerrilla planificada de La Araucanía son primos hermanos de la simple delincuencia y de los desórdenes reivindicativos, no solo pecan de increíble ceguera, sino que arriesgan el amargo despertar que mostrará que los que miraron como socios en el perfeccionamiento democrático son en realidad coordinados asesinos del régimen libertario que caracteriza toda la historia de nuestra patria.
Porque, en verdad, la formación de un vasto y articulado sector antisistémico en el seno de nuestra sociedad transforma el problema de la gobernabilidad y del restablecimiento del imperio de la ley y el orden en el principal desafío que enfrenta Chile, si es que pretende prolongar su progreso material e institucional. Pese a lo que opinan muchísimos chilenos, ni la educación, ni la salud, ni los impuestos, ni la reforma constitucional son los desafíos más urgentes e importantes cuando se los compara con la plena restauración de la estabilidad democrática.
Ello es especialmente preocupante porque el problema ni siquiera es visto así de urgente y trascendente por la candidata triunfante en la última elección presidencial. Por otra parte, ya la conspiración antisistémica le ha enviado mensajes de que no gozará ni siquiera de la tradicional "luna de miel" de que han usufructuado los mandatarios anteriores y, por otra parte, está rodeada de muchos que ven con simpatía digna de mejor causa a estos movimientos insurreccionales, a los que miran como aliados para las reformas estructurales que pretenden. Sin duda que tendrán un muy amargo desengaño cuando llegue la hora de emplear todos los elementos constitucionales que muchas veces han abominado para eliminar drásticamente a los que, en verdad, son los peores y mas peligrosos enemigos del Chile que conocemos.
Orlando Sáenz R.
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