por Alejo Apraiz
Diario La Segunda, miércoles 12 de febrero de 2014
http://blogs.lasegunda.com/thinktank/2014/02/12/no-mas-indefension-ni-impunida.asp
Tras meses de espera y de aplazamientos, se inició la semana pasada el juicio por el caso Luchsinger-MacKay, una instancia donde esperamos que las autoridades judiciales tengan la valentía y la eficacia para condenar a los culpables de este horrendo crimen. Se trata de brindar justicia a los familiares de este matrimonio asesinado, lo cual será también una luz de esperanza para todas aquellas personas que hemos sufrido la violencia, el miedo y el hostigamiento en nuestra región de La Araucanía.
Las víctimas de la violencia en esta zona del país nos sentimos abandonadas por las autoridades y la sociedad civil, pues existe nula valoración por el daño material y sicológico que sufrimos día a día. La decepción nos llena de incertidumbre y nos limita en nuestras labores, porque no vemos una salida.
Cuánta impotencia sentimos al ver que aquellas instituciones que velan por los derechos humanos, sólo se preocupan de defender a los que dicen luchar por reivindicaciones históricas, olvidando a los que estamos pagando injustamente los errores del Estado chileno y que tenemos que sufrir no sólo pérdidas materiales, sino, lo que es peor, la tranquilidad y la seguridad. O sea, hemos perdido el legítimo derecho a vivir en paz.
Como habitantes de esta región estamos conscientes de las demandas y de los derechos del pueblo mapuche, pero esto no se consigue a través de la violencia de grupos radicalizados que usan a esta etnia para cometer actos terroristas que dañan a familias enteras, a hombres y mujeres de trabajo que sólo quieren salir adelante y progresar. No somos los responsables de esta problemática que se arrastra de siglos, es el Estado el que debe generar una política indígena que garantice el imperio de la ley y que no haga consideraciones discriminatorias de ningún tipo.
En el caso de las víctimas de la violencia, tenemos el derecho a ser indemnizados por este profundo dolor y daño que nos ha tocado sufrir injustamente. Tenemos el derecho a ser compensados económicamente, debido a la merma de nuestros ingresos ocasionada por los innumerables atentados incendiarios que han destruido nuestras casas, campos y herramientas de trabajo.
Es el momento de decir “¡Basta!” y de terminar con un conflicto artificial avalado por un Estado que, al parecer, se ha subordinado a la violencia, premiando a veces a quienes más daño han causado. Los habitantes de La Araucanía, y en especial, las verdaderas víctimas de la violencia, no merecemos estos maltratos, pues ante todo necesitamos justicia, seguridad y paz.
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