Diario El Mercurio, Miércoles 20 de noviembre de 2013
C. Cifuentes y H. Berg: “…el sindicalismo se valida cuando es una opción de los trabajadores y no cuando es una imposición del Estado…”.
La experiencia irrefutable de muchos años nos ha enseñado que las sociedades que crecen y progresan son aquellas donde se cree en la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones, y en que el rol de sus gobiernos es proporcionarles las herramientas para que puedan desarrollar sus capacidades personales y alcanzar, a partir de esto, su máximo potencial. De hecho, nuestro país es un claro ejemplo de esto, considerando que en los últimos treinta años ha sido el de mayor progreso en el mundo occidental. Por el contrario, también la experiencia nos ha demostrado que en aquellas sociedades donde no se cree en las personas y en su capacidad para tomar sus propias decisiones y que, por ende, debe ser el Estado el que determina qué les conviene y qué no les conviene, los resultados son muy negativos para sus integrantes, salvo, por supuesto, para los que gobiernan.
Pues bien, lamentablemente el programa laboral de la Nueva Mayoría nos dice claramente que este grupo está dentro de los que no creen en las personas y en su capacidad para tomar decisiones. Para esto, basta solo con analizar su propuesta de entregarles a los sindicatos la titularidad exclusiva de la negociación colectiva, pasando absolutamente por alto la voluntad de aquellos trabajadores que pueden querer negociar colectivamente con su empleador, pero que no les interesa pertenecer a un sindicato.
Adicionalmente, con esta propuesta están diciendo que tampoco creen en la capacidad de los dirigentes sindicales chilenos para generar propuestas atractivas para atraer nuevos socios. El movimiento sindical se ha ido ganando un legítimo espacio en el mundo laboral de hoy, pero al hacerlo obligatorio por la vía de subterfugios legales, se le está quitando su legitimidad y se le está cuestionando su capacidad. El sindicalismo se valida cuando es una opción de los trabajadores y no cuando es una imposición del Estado.
El programa menciona en varias oportunidades la necesidad de “emparejar la cancha” entre trabajadores y empleadores, desconociendo que lejos la mejor forma de lograrlo es con una situación de pleno empleo formal, ya que es ahí cuando el trabajador pasa a ser un recurso escaso y valioso para el empleador, como de hecho ha ocurrido en estos años, en forma muy marcada en algunos rubros. Eso no quita que pueda ser necesario revisar algunos aspectos de la legislación, pero no bajo el criterio de entregar poder por decreto, ya que cuando se opta por ese camino, se mejora a un grupo de trabajadores, en contra de otros, muchos más vulnerables, que se ven obligados a caer en la informalidad, ya que no tienen la productividad suficiente para entrar a un mercado rígido y protegido.
Es bueno recordar que aunque la informalidad ha disminuido en forma significativa en los últimos cuatro años, existen aún en Chile cerca de un millón de trabajadores que se encuentran en esta situación. Entonces ese emparejamiento de cancha por decreto, sin que responda a aumentos efectivos de productividad, puede empeorar la desigualdad en vez de mejorarla.
Nada se habla en el programa, en cambio, de modificaciones al esquema de gratificaciones, de tal forma de avanzar hacia un sistema de salarios participativos, que se traduce finalmente en una cancha mucho más pareja y colaborativa, un esquema donde trabajadores y empleadores son socios en el éxito de una empresa, que efectivamente depende de ambos.
En el trasfondo, subsiste en el mensaje del programa el concepto añejo de lucha de clases y de grandes empresas monopsónicas en la contratación de trabajadores. Esta visión se aleja cada vez más de la realidad actual de empresas pequeñas, cambiantes y orientadas al sector servicios, donde la distinción entre capital y trabajo se hace crecientemente más difusa. Se sigue insistiendo en esa legislación laboral, que si bien puede no ser dañina para grandes conglomerados, es definitivamente letal para empresas pequeñas y con poca historia. El programa de la Nueva Mayoría definitivamente deja de lado que el 53% de los trabajadores chilenos trabaja en empresas pequeñas, donde la rigidez laboral puede ser finalmente el principal escollo al crecimiento.
La excusa de coartar la libertad de las personas para supuestamente protegerlos, así como seguir insistiendo en el concepto viejo y pasado de moda de lucha de clases, nunca ha dado buenos resultados.
Cecilia Cifuentes
Libertad y Desarrollo
Huberto Berg
Pues bien, lamentablemente el programa laboral de la Nueva Mayoría nos dice claramente que este grupo está dentro de los que no creen en las personas y en su capacidad para tomar decisiones. Para esto, basta solo con analizar su propuesta de entregarles a los sindicatos la titularidad exclusiva de la negociación colectiva, pasando absolutamente por alto la voluntad de aquellos trabajadores que pueden querer negociar colectivamente con su empleador, pero que no les interesa pertenecer a un sindicato.
Adicionalmente, con esta propuesta están diciendo que tampoco creen en la capacidad de los dirigentes sindicales chilenos para generar propuestas atractivas para atraer nuevos socios. El movimiento sindical se ha ido ganando un legítimo espacio en el mundo laboral de hoy, pero al hacerlo obligatorio por la vía de subterfugios legales, se le está quitando su legitimidad y se le está cuestionando su capacidad. El sindicalismo se valida cuando es una opción de los trabajadores y no cuando es una imposición del Estado.
El programa menciona en varias oportunidades la necesidad de “emparejar la cancha” entre trabajadores y empleadores, desconociendo que lejos la mejor forma de lograrlo es con una situación de pleno empleo formal, ya que es ahí cuando el trabajador pasa a ser un recurso escaso y valioso para el empleador, como de hecho ha ocurrido en estos años, en forma muy marcada en algunos rubros. Eso no quita que pueda ser necesario revisar algunos aspectos de la legislación, pero no bajo el criterio de entregar poder por decreto, ya que cuando se opta por ese camino, se mejora a un grupo de trabajadores, en contra de otros, muchos más vulnerables, que se ven obligados a caer en la informalidad, ya que no tienen la productividad suficiente para entrar a un mercado rígido y protegido.
Es bueno recordar que aunque la informalidad ha disminuido en forma significativa en los últimos cuatro años, existen aún en Chile cerca de un millón de trabajadores que se encuentran en esta situación. Entonces ese emparejamiento de cancha por decreto, sin que responda a aumentos efectivos de productividad, puede empeorar la desigualdad en vez de mejorarla.
Nada se habla en el programa, en cambio, de modificaciones al esquema de gratificaciones, de tal forma de avanzar hacia un sistema de salarios participativos, que se traduce finalmente en una cancha mucho más pareja y colaborativa, un esquema donde trabajadores y empleadores son socios en el éxito de una empresa, que efectivamente depende de ambos.
En el trasfondo, subsiste en el mensaje del programa el concepto añejo de lucha de clases y de grandes empresas monopsónicas en la contratación de trabajadores. Esta visión se aleja cada vez más de la realidad actual de empresas pequeñas, cambiantes y orientadas al sector servicios, donde la distinción entre capital y trabajo se hace crecientemente más difusa. Se sigue insistiendo en esa legislación laboral, que si bien puede no ser dañina para grandes conglomerados, es definitivamente letal para empresas pequeñas y con poca historia. El programa de la Nueva Mayoría definitivamente deja de lado que el 53% de los trabajadores chilenos trabaja en empresas pequeñas, donde la rigidez laboral puede ser finalmente el principal escollo al crecimiento.
La excusa de coartar la libertad de las personas para supuestamente protegerlos, así como seguir insistiendo en el concepto viejo y pasado de moda de lucha de clases, nunca ha dado buenos resultados.
Cecilia Cifuentes
Libertad y Desarrollo
Huberto Berg
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