por Joaquín García-HuidobroDiario El Mercurio, domingo 10 de noviembre de 2013http://www.elmercurio.com/blogs/2013/11/10/16834/Chantajistas-en-tiempos-de-elecciones.aspx “O haces lo que quiero o paro el país”. Hay chilenos que parecen haber olvidado que no existe democracia sin legalidad, gente que cree que el respeto a la ley esta muy bien… para los otros. Ayer era los funcionarios del Registro Civil, de Correos o los mineros. En estos días son los empleados municipales. Todos ellos se encuentran en una posición única: ejercen funciones que son vitales para la marcha de la República y se aprovechan de ellas para extorsionarnos. Otro tanto sucedió con la huelga del Servicio Médico Legal, afortunadamente depuesta el viernes. Sus funcionarios estaban entregando solo cuatro cuerpos al día en Santiago, y uno en el resto del país. Parece que olvidaron lo que significa recibir a un hijo o un hermano muerto, ¿o ese principio era sagrado solo respecto de los hechos que ocurrieron hace años, pero ahora dejó de ser importante? Su servicio de Ginecología, que atiende a las mujeres que han sufrido violaciones, operó varias veces a media máquina. ¿Qué razón le darían a una mujer que estaba sufriendo la mayor angustia que cabe imaginar? ¿Le dirán que la época electoral es el momento preciso para negociar y que tuvo mala suerte al ser violada en noviembre? Los cadáveres y el dolor se transforman en un medio de presión. Como si lo anterior fuera poco, los huelguistas afirman que sus paralizaciones son pacíficas. Triste concepto de paz el suyo. ¿Puede ser pacífico dejar a una ciudad sepultada de basura y poner en riesgo la salud de millones de chilenos? ¿No es acaso violento que se impida a una familia recibir a uno de los suyos que murió asesinado o en un accidente? Si uno les hace ver su despropósito, dicen que sus pretensiones son justas. Parecen afectados por la amnesia. En efecto, ¿no habíamos acordado vivir en un estado de derecho? ¿No habíamos renunciado a la posibilidad de hacernos justicia por mano propia, para tomar decisiones mirando el bien de Chile y no las presiones de grupos particulares? Nadie piensa que esas autoridades son infalibles. Pero si a uno no le gusta el criterio con que reparten los recursos, siempre tiene la oportunidad de elegir a otros gobernantes. Hoy no es el momento de huelgas, sino de votar. Su proceder indica que los chantajistas no están dispuestos a jugar a la democracia. La radicalidad que mostraron los huelguistas y la intransigencia de sus posturas parecen revelar un talante narcisista, la creencia de que su caso es completamente singular. ¿Solo ellos piensan ser víctimas de una injusticia? ¿No tendrían los bomberos iguales o mejores razones para paralizar, puesto que todavía no pueden reconstruir muchos cuarteles afectados por el terremoto? ¿No podrían irse a huelga los carabineros en protesta por las injusticias de que son objeto por parte de ciertos movimientos sociales? Pero no, los huelguistas pueden dormir tranquilos porque saben que bomberos y carabineros son distintos, no están dispuestos a tomar medidas que pongan en peligro los altos intereses de la Patria. Hasta hace unos días, los empleados municipales mantenían “turnos éticos”. Pero como había que apretar la presión, incluso ese mínimo ha sido atropellado: esos turnos se terminaron. Parece que la ética es buena solo mientras no moleste demasiado. Con esto, su movilización ha terminado de perder cualquier resto de legitimidad que le quedara. Los hechos de estos días muestran que en Chile se ha instalado una cultura del chantaje. El que se limita a pedir es un tonto: hay que extorsionar, poner en peligro los bienes fundamentales de la convivencia. ¿Cómo explicar este penoso fenómeno? Las causas son variadas. De una parte, es el fruto de una educación que hace caso omiso de los deberes. Como dice Derrick, si una persona ha sido educada solo en términos de derechos, su reaccion natural sera preguntarse a cada paso: “¿Estoy disfrutando de todos mis derechos?”. Como el mundo es imperfecto, la respuesta será parcialmente negativa, y estará acompañada de una constante frustación y de sistemáticos reproches a la sociedad. El descontento que observamos en nuestro país no es una casualidad, sino el resultado de una pedagogía unilateral, que bajo la retórica del empoderamiento produce ciudadanos narcisistas. Por el contrario, cuando una persona ha sido educada en términos de deberes, tenderá espontáneamente a preguntarse si hace todo lo que debe a favor de los demás. La respuesta será, en parte, negativa, pero el descontento se dirigirá contra sí mismo y dará origen a un deseo de superación. Detrás de esa serie de huelgas de servicios vitales para el país, está también la pérdida de la noción de bien común. “Si dañando al país consigo lo que quiero, ¿qué importa?”. Muchos conciben la vida social como un juego de suma cero, donde la única manera de que yo gane es que otro pierda. Para ellos no existe un bien que sea común a todos, sino solo una lucha despiadada de diversos intereses particulares que buscan capturar en su favor el aparato estatal. Pero no todos los que están en huelga son unos narcisistas. En ocasiones, su reacción es comprensible porque resulta el fruto de años de rencor acumulado: “Otros han abusado de mí, ahora es mi turno de desquitarme”. Sin embargo, es un mal camino, que solo consigue expandir el resentimiento. No faltan tampoco los políticos que han mantenido posiciones ambiguas. Les parece que estos desordenes les convienen. La sensación de ingobernabilidad comprobaría que solo ellos pueden gobernar. Otras veces es una simple cobardía: hay alcaldes que no se atreven a pasar un mal rato y dejan todo el problema a la autoridad. El Gobierno ha mantenido una actitud responsable. Para él habría sido muy fácil ceder indiscriminadamente y dejar que la próxima administración se las arregle como pueda. Ha hecho bien al proceder con firmeza, aun a riesgo de ser poco simpático. Así debe ser. La democracia es una formidable apuesta a favor del sentido común de las personas, de su capacidad de moderar sus demandas y pensar en el bien social. En suma, no consiste en tratar a los ciudadanos como niños consentidos.
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