por Héctor Soto
Publicado en Reportajes de La Tercera, sábado 20 de octubre del 2012.
Ante los problemas de orden público y delincuencia, el Presidente sabe que son muchas las tuercas que hay que apretar. Pero si de algo ahora está convencido, es que hay que meter la reforma procesal penal a pabellón.
La resolución con que el ministro de Justicia Teodoro Ribera delimitó el alcance de los cambios que el gobierno quiere hacer en el procedimiento penal, fue una señal política potente frente a un desafío en el cual el Presidente Piñera se siente incómodo y al debe. Al gobierno no le ha ido bien en orden público ni en delincuencia. Y aunque en principio un plano no tiene nada que ver con el otro, lo cierto es que llega un momento en la sensación térmica de la ciudadanía y en los propios medios de comunicación que ambos se juntan.
El hecho no es tan irracional como se cree. Fenómenos como el ostensible desprestigio de la función policial en Chile, la inexplicable asimetría que terminó por instalarse cuando no pasa nada si un carabinero es quemado deliberadamente y a mansalva con una bomba incendiaria, pero sí se abre un tremendo escándalo cuando un encapuchado recibe un bastonazo poco protocolar al momento de estar apedreando, y la indolencia con que todos ya damos por hecho de que después de cada concentración pacifica -porque al inicio todas lo son- habrá violencia, vitrinas rotas, saqueo y destrucción del mobiliario urbano, le han puesto difícil la pista a las autoridades. Si antes el objetivo de la policía era reprimir, ahora en el mejor de los casos es contener. Ya bastantes problemas se ha comprado Carabineros en los últimos años con los llamados movimientos sociales. Las imágenes que transmitió esta semana la televisión de las contramanifestaciones por la presencia del Presidente en Ercilla fueron feroces. Sin embargo, no van a marcar ningún antes ni después. Fueron la nota del día y punto. Sí, estaban enojados. Sí, fueron violentos. ¿Y qué?
Para un sector muy importante de opinión la noción de democracia es incompatible con la actuación de cualquier cuerpo policial o fuerza encargada de controlar el orden. Estos malentendidos, de los cuales por lo demás una parte al menos de la clase política es cómplice, ya le están saliendo caros al país. En las poblaciones, en barrios donde apenas se hace sentir el Estado, las fronteras entre la delincuencia y la protesta, entre impunidad para arrasar con un paradero o asaltar un almacén, tienden a diluirse y lo concreto que hasta ahora lo único que se ha hecho -ayer y ahora- es tender un manto silencio alrededor. Nadie está muy interesado en mover el tema -ni las autoridades locales ni la policía, ni los políticos ni los empresarios que puedan estar más expuestos-, puesto que moviéndolo lo único que harán será perder. Perder simpatías o clientes, votos o posiciones. Perder incluso gente.
Pero el electorado de centro y de derecha nunca ha estado muy dispuesto a pasar estos asuntos por alto. Menos aun la promesa que hizo el Presidente en su campaña en cuanto a que se iba a trancar la puerta giratoria. No sólo no se trancó. Sigue girando igual. Los delincuentes que cometen los ilícitos que mayor sensación de inseguridad e indefensión crean en la ciudadanía -los lanzazos, los robos en las casas, los cogoteos, los hurtos en centros comerciales, todos favoritos de la TV- saben mucho más derecho que los fiscales y los jueces y han sabido preservar bastante bien la continuidad de su giro. Súmase a esto que el Ministerio del Interior y las fiscalías han tenido derrotas humillantes en los tribunales en juicios emblemáticos por conductas terroristas, ninguna de las cuales ha podido -por angas o por mangas, siempre hay una buena razón para una mala decisión- ser probada y sancionada como tal.
¿La institucionalidad o las instituciones?
El diagnóstico gubernativo es que, entre otras, cosas aquí está fallando la reforma del procedimiento penal que el país llevó a cabo hace 10 años. La declaración del ministro de Justicia de esta semana no puso ni mucho menos en entredicho, como temían los más alarmistas, el llamado garantismo que inspiro el nuevo sistema. Nada de eso. Habría sido temerario irse por ahí: un sistema procesal penal es una embarcación que debe estar muy bien contrapesada en sus fortalezas y debilidades. El sistema no va a funcionar a manotazos. El gobierno lo entiende y su idea es ir a algunos detalles: por ejemplo, simplificar el procedimiento para constatar lesiones de los detenidos y facilitar la comparecencia de los peritos, o hacer ajustes casi administrativos en términos de coordinación policial o ajustar piezas del sistema que, en función de la experiencia reunida, podrían estar haciendo ruido. Concretamente, restricciones a la actuación policial en las primeras horas de cometido el delito, improcedencia de recursos contra algunas resoluciones de los jueces, medidas para mejorar la protección de los menores en casos de abuso, facilidades para la actuación de las víctimas… En suma, nada que esté cambiando los polos magnéticos del sistema.
La gran duda que deja todo esto es qué es lo que ha estado fallando, si la institucionalidad o las instituciones. O si ambas. Con su resuelta voluntad de apretar algunas tuercas del sistema, el gobierno cree que es la institucionalidad. Pero, por lo visto, en la actuación de las policías, los fiscales, los organismos auxiliares de la justicia y del propio Ministerio del Interior hay mucho paño que cortar. Hay muchas recriminaciones dando vueltas. La tensión entre Interior y el Ministerio Público puede haber subido o bajado a lo largo del año, pero ahí está siempre, al acecho.
Nunca habrá acuerdo de si es o no el momento ahora para la reforma de la reforma. En vísperas de la inminente campaña presidencial, los cientistas políticos dirían que no, porque es riesgoso que los asuntos de la justicia se politicen. Pero el gobierno está pensando lo contrario. Y a ojos vistas tiene sus razones: aparte de resolver problemas de política pública en materia de seguridad ciudadana, al parecer lo que busca y necesita es reconectarse con sus bases y su gente.
La resolución con que el ministro de Justicia Teodoro Ribera delimitó el alcance de los cambios que el gobierno quiere hacer en el procedimiento penal, fue una señal política potente frente a un desafío en el cual el Presidente Piñera se siente incómodo y al debe. Al gobierno no le ha ido bien en orden público ni en delincuencia. Y aunque en principio un plano no tiene nada que ver con el otro, lo cierto es que llega un momento en la sensación térmica de la ciudadanía y en los propios medios de comunicación que ambos se juntan.
El hecho no es tan irracional como se cree. Fenómenos como el ostensible desprestigio de la función policial en Chile, la inexplicable asimetría que terminó por instalarse cuando no pasa nada si un carabinero es quemado deliberadamente y a mansalva con una bomba incendiaria, pero sí se abre un tremendo escándalo cuando un encapuchado recibe un bastonazo poco protocolar al momento de estar apedreando, y la indolencia con que todos ya damos por hecho de que después de cada concentración pacifica -porque al inicio todas lo son- habrá violencia, vitrinas rotas, saqueo y destrucción del mobiliario urbano, le han puesto difícil la pista a las autoridades. Si antes el objetivo de la policía era reprimir, ahora en el mejor de los casos es contener. Ya bastantes problemas se ha comprado Carabineros en los últimos años con los llamados movimientos sociales. Las imágenes que transmitió esta semana la televisión de las contramanifestaciones por la presencia del Presidente en Ercilla fueron feroces. Sin embargo, no van a marcar ningún antes ni después. Fueron la nota del día y punto. Sí, estaban enojados. Sí, fueron violentos. ¿Y qué?
Para un sector muy importante de opinión la noción de democracia es incompatible con la actuación de cualquier cuerpo policial o fuerza encargada de controlar el orden. Estos malentendidos, de los cuales por lo demás una parte al menos de la clase política es cómplice, ya le están saliendo caros al país. En las poblaciones, en barrios donde apenas se hace sentir el Estado, las fronteras entre la delincuencia y la protesta, entre impunidad para arrasar con un paradero o asaltar un almacén, tienden a diluirse y lo concreto que hasta ahora lo único que se ha hecho -ayer y ahora- es tender un manto silencio alrededor. Nadie está muy interesado en mover el tema -ni las autoridades locales ni la policía, ni los políticos ni los empresarios que puedan estar más expuestos-, puesto que moviéndolo lo único que harán será perder. Perder simpatías o clientes, votos o posiciones. Perder incluso gente.
Pero el electorado de centro y de derecha nunca ha estado muy dispuesto a pasar estos asuntos por alto. Menos aun la promesa que hizo el Presidente en su campaña en cuanto a que se iba a trancar la puerta giratoria. No sólo no se trancó. Sigue girando igual. Los delincuentes que cometen los ilícitos que mayor sensación de inseguridad e indefensión crean en la ciudadanía -los lanzazos, los robos en las casas, los cogoteos, los hurtos en centros comerciales, todos favoritos de la TV- saben mucho más derecho que los fiscales y los jueces y han sabido preservar bastante bien la continuidad de su giro. Súmase a esto que el Ministerio del Interior y las fiscalías han tenido derrotas humillantes en los tribunales en juicios emblemáticos por conductas terroristas, ninguna de las cuales ha podido -por angas o por mangas, siempre hay una buena razón para una mala decisión- ser probada y sancionada como tal.
¿La institucionalidad o las instituciones?
El diagnóstico gubernativo es que, entre otras, cosas aquí está fallando la reforma del procedimiento penal que el país llevó a cabo hace 10 años. La declaración del ministro de Justicia de esta semana no puso ni mucho menos en entredicho, como temían los más alarmistas, el llamado garantismo que inspiro el nuevo sistema. Nada de eso. Habría sido temerario irse por ahí: un sistema procesal penal es una embarcación que debe estar muy bien contrapesada en sus fortalezas y debilidades. El sistema no va a funcionar a manotazos. El gobierno lo entiende y su idea es ir a algunos detalles: por ejemplo, simplificar el procedimiento para constatar lesiones de los detenidos y facilitar la comparecencia de los peritos, o hacer ajustes casi administrativos en términos de coordinación policial o ajustar piezas del sistema que, en función de la experiencia reunida, podrían estar haciendo ruido. Concretamente, restricciones a la actuación policial en las primeras horas de cometido el delito, improcedencia de recursos contra algunas resoluciones de los jueces, medidas para mejorar la protección de los menores en casos de abuso, facilidades para la actuación de las víctimas… En suma, nada que esté cambiando los polos magnéticos del sistema.
La gran duda que deja todo esto es qué es lo que ha estado fallando, si la institucionalidad o las instituciones. O si ambas. Con su resuelta voluntad de apretar algunas tuercas del sistema, el gobierno cree que es la institucionalidad. Pero, por lo visto, en la actuación de las policías, los fiscales, los organismos auxiliares de la justicia y del propio Ministerio del Interior hay mucho paño que cortar. Hay muchas recriminaciones dando vueltas. La tensión entre Interior y el Ministerio Público puede haber subido o bajado a lo largo del año, pero ahí está siempre, al acecho.
Nunca habrá acuerdo de si es o no el momento ahora para la reforma de la reforma. En vísperas de la inminente campaña presidencial, los cientistas políticos dirían que no, porque es riesgoso que los asuntos de la justicia se politicen. Pero el gobierno está pensando lo contrario. Y a ojos vistas tiene sus razones: aparte de resolver problemas de política pública en materia de seguridad ciudadana, al parecer lo que busca y necesita es reconectarse con sus bases y su gente.
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