Situación en La Araucanía‏

os máximos dirigentes de la zona culpan al Gobierno y a los parlamentarios por no enfrentar la ola de atentados
Empresarios de La Araucanía: entrega de tierras a mapuches sólo premia la violencia

Gremios piden una nueva ley indígena y la presencia del Presidente en la zona . P. Obregón y J.J. Díaz  

Diario El Mercurio, Economía y Negocios, domingo 2 de septiembre de 2012

http://diario.elmercurio.com/2012/09/02/economia_y_negocios/_portada/noticias/C3A6BE9F-B608-4E69-928D-8EE7D9F9C23A.htm?id={C3A6BE9F-B608-4E69-928D-8EE7D9F9C23A}
 

El martes 28 de agosto marcó un hito importante dentro del contexto del conflicto mapuche. Ese día, agricultores, campesinos y empresarios de todas las ramas de la economía local marcharon por primera vez por las calles del centro de Temuco contra la violencia que se ha enseñoreado en sectores de La Araucanía y contra las políticas indígenas del Estado.

En primera fila, marchó el agricultor Héctor Urban -hijo de René Urban, quien ha sufrido más de cien ataques incendiarios en sus predios La Romana y Montenegro- y esa misma noche los grupos radicales respondieron: su casa volvió a ser incendiada, al igual que la Escuela Rural de Chequenco, la que ha sido destruida tres veces.

El año más violento desde que hay estadísticas

Durante la semana, "El Mercurio" se reunió en Temuco con los principales dirigentes gremiales de la zona y con agricultores afectados por reiterados atentados incendiarios. En medio de un clima de frustración, tristeza y emotividad, se presentaron fuertes críticas al Gobierno y a los parlamentarios de la región, para luego dar paso a las propuestas. Frases como "la autoridad está ausente; falta convicción y compromiso y cuesta entender que un gobierno de derecha ceda a todas las presiones de la izquierda" resonaron entre agricultores y dirigentes que han sido víctimas de reiterados atentados.

Cada uno de ellos fue relatando su experiencia y, sin excepción, hubo un punto en que coincidieron: el Gobierno, los parlamentarios oficialistas y de oposición y la justicia han sido incapaces -unos por temor, falta de convicción y otros por conveniencia, señalan- de buscar soluciones a un conflicto que este año alcanzó su mayor nivel de violencia desde que existen estadísticas sobre el tema: un carabinero muerto, 20 casas quemadas, 15 incendios de bosques y siete atentados explosivos, entre otros delitos.

En total, se trata de 165 atentados denunciados en lo que va de 2012, con $8.141 millones en pérdidas materiales y decenas de familias despojadas de sus parcelas. Sólo en Ercilla, cuatro mil hectáreas han sido abandonadas por pequeños agricultores desplazados por el conflicto.

"Queríamos marchar en paz y a cara descubierta, ese era el mensaje. En la marcha iba la familia Urban pidiendo paz y esa misma noche volvieron a ser víctimas de un atentando. Le pedimos al Gobierno que tome decisiones con valor y que haga respetar el Estado de Derecho. No sabemos cuánto tiempo va a tomar la autoridad para responder, pero esperamos que haya una respuesta y que venga el Presidente a la región", señaló Emilio Taladriz, presidente de la Multigremial de La Araucanía.

El rol del Gobierno y la herencia de Viera-Gallo

Este año, Tomás Echavarri sufrió la quema de galpones y maquinarias en su predio ubicado en la comuna de Vilcún -a veinte kilómetros de Temuco- y, a su juicio, la violencia desatada en la región tiene causas bien claras: "Durante el gobierno de Bachelet, José Antonio Viera-Gallo (entonces encargado de asuntos indígenas) vino e hizo ofertas a las comunidades sabiendo que no las iba a poder cumplir. Se ofrecieron predios cuyos propietarios nunca supieron. Y el gobierno actual, en vez de gobernar con ideas propias, de parar la puerta giratoria, de que no haya más tomas de campos, ha gobernado con las ideas de la izquierda y ha cedido a todas las presiones. Les hacen una toma y ceden".

A juicio de Echavarri, hay una seguidilla de decisiones de Estado que terminaron por consagrar la violencia: "Esto parte en 2002 con algunos problemas en Vilcún. Se llega a 2009, se le compra el campo a Jorge Luchsinger, se lo entregan a esta gente e, inmediatamente, dicen que no están a gusto porque necesitan más agua. Le queman la casa a otro agricultor, le queman a Délano y después a mí. Y el intendente ahora nos pide que hablemos con esa comunidad para que nosotros busquemos un acuerdo. Cómo vamos a hablar con los que nos quemaron".

En la misma línea, Héctor Urban señala que la Conadi sigue ofreciendo tierras a las comunidades más violentas sin preguntarles antes a los dueños de esos campos: "Después de doce años de sufrimiento, sin duda que estamos dispuestos a vender si hay un acuerdo en el precio de la tierra; yo quiero un futuro para mi familia, quiero criar a mi hijo sin casco y sin chaleco antibala como me lo tuve que comprar yo para trabajar. Pero yo tampoco tengo temor de decir que el gobernador de Malleco, el señor Erich Baumann, le fue a ofrecer nuestros terrenos a esta gente. Él me llama en la noche para preguntarme si vamos a aceptar la oferta para venderles el campo. Tengo a esta gente adentro de mi campo y más encima tengo que seguir pagando las contribuciones".

El vicepresidente de CorpAraucanía, Alex Strodthoff, también considera que la violencia está alentada por la política de entrega de tierras: "La señal ha sido que aquellos que se porten mal, tendrán más beneficios. Lejos de un acorralamiento de los grupos violentos, uno ve mayor organización. Además, la eficacia de la justicia ha sido muy mala. Durante el gobierno de Ricardo Lagos metieron a la cárcel a 24 líderes de la CAM por asociación ilícita y durante esa época la violencia bajó. Finalmente, la gente salió libre y las tasas volvieron a subir. Además, los líderes del conflicto han sido exitosos en posicionar esto como un conflicto entre una élite terrateniente y el pueblo mapuche, pese a que los principales afectados son los trabajadores, los pequeños parceleros y la región".

Prueba de ello, dice, es que si las hectáreas que se han entregado a las comunidades se sembraran con el más pobre de los cultivos, el margen sería de 400 dólares por hectárea. "Multipliquemos eso sólo por 100 mil hectáreas. Eso es mucha plata para la región más pobre del país", señala.

Pese a que La Araucanía disminuyó su tasa de pobreza desde 27,1% en 2009 a 22,9% en 2011, sigue siendo la región más pobre del país, con 224.485 personas en esta condición.

Desde 1993 -cuando el ex Presidente Aylwin comenzó con la política de entrega de tierras-, el Estado ha transferido 657 mil hectáreas a las comunidades mapuches, incluyendo compras a privados y traspaso de predios de propiedad fiscal. Esto equivale a un tercio de toda la superficie de explotaciones agropecuarias de la región (1,9 millones de hectáreas).

Debe cambiarse la ley indígena

Cambiar la Ley de Desarrollo Indígena que se promulgó durante el gobierno de Patricio Aylwin y buscar acuerdos transversales parecen ser las principales llaves para abordar el conflicto.

Para el socio de CorpAraucanía, José Miguel García, la única opción que tiene el Gobierno para enfrentar el problema es sentarse a conversar con todas las partes y diseñar las soluciones desde la región: "Hace falta en forma urgente un gran acuerdo. Somos todos parte del problema y también parte de la solución. El Gobierno debe armar las mesas donde todos participemos (...) En La Araucanía nadie sobra, pero se debe aplicar la ley y el Estado de Derecho".

El secretario general de la SOFO, Andreas Kobrich, en tanto, considera que hay al menos tres modificaciones urgentes: entregar títulos unipersonales a los mapuches, puesto que nunca han sido comunitarios; reconocer que la mayoría de los descendientes de indígenas viven en las ciudades y, por lo tanto, terminar con las políticas ruralizantes, y entregar créditos a los agricultores afectados por el conflicto para recuperar lo perdido.

Tomás Echavarri agrega que la definición de mapuche también debe reemplazarse. La actual ley permite, por ejemplo, que si un chileno se casa con una persona de ascendencia mapuche accede a los mismos derechos; entre otros, a la posibilidad de constituir una comunidad y demandar tierras: "Esto ha hecho que haya creación de comunidades sobre comunidades demandando el mismo territorio. Hay hasta cinco comunidades. Además, Hay que darles libertad para vender sus tierras. Y si el Estado insiste en que hay una deuda histórica, que la pague el Estado y no nosotros".

¿Con cuánto apoyo cuentan?

Ya sea por temor a sufrir represalias o porque simpatizan con los grupos más radicales, resulta prácticamente imposible para la policía penetrar en las comunidades indígenas de donde provienen los elementos más violentos y conocer cuál es el grado de apoyo que tienen.

Mientras el dirigente de los agricultores de Victoria, Nicolás Donzé, considera que los mapuches simplemente están siendo manejados por agentes externos que les proveen armas e instrucción política y paramilitar, la asesora de la Multigremial de La Araucanía, Mirtha Casas, cree que los grupos radicales sí están tratando de construir una base de apoyo político y social, lo que encuentra su expresión más preocupante en la formación de nuevos cuadros entre los niños que acompañan a los adultos en los actos violentos.

Desde la promulgación de la Ley Indígena, señala, el conflicto de tierras adquirió un claro componente político y nacionalista. De hecho, se han instalado conceptos como deuda histórica, pueblo, nación originaria, autonomía y desarrollo endógeno.

"Hay políticas públicas que han sido nefastas y solo han logrado que los conceptos ideológicos se profundicen. Han logrado posicionar la idea de que esto es entre mapuches pobres y un grupo de grandes tenedores de tierra", señala.

"La CAM -agrega- sigue funcionando de una manera terrible. Estos señores cuando los detienen siempre quedan sueltos por presiones políticas o por compromiso de la justicia o presiones internacionales".

 

______

Las autoridades no pueden seguir tomando medidas desde La Moneda sin conocer la realidad local.

José Miguel García  - Corparaucanía

Si no se ataca este problema, luego va a ir avanzando.  Esto ya está afectando a regiones vecinas.

Emilio Taladriz - Multigremial de La Araucanía

Chile tiene una Constitución y se debe respetar.  En ella no hay chilenos con más o menos derechos.

Tomás Echávarri, Agricultor afectado por atentados.

Si el tema siguen en el plano político, nunca lo vamos a solucionar.  Debe desacoplarse de los círculos políticos.

Álvaro Riquelme - Dirigente transportista

Quiero criar a mi hijo sin casco y sin chaleco antibalas como me lo tuve que comprar yo para trabajar.

Héctor Urban - agricultor

------

Daños directos por atentados en esa región

Sector Agrícola

(25 casas habitación, 10 tractores, 4 cosechadoras y otras máquinas) 

$3.422.000.000

Contratistas

Forestales y viales

$1.605.000.000

Sector Forestal

Maquinaria forestal, patrimonio en bosques

$1.364.200.00

Infraestructura educacional

2 escuelas, 2 sedes sociales, 1 centro de capacitación

$970.000.000

Sector transporte

13 camiones

$780.000.000

Total $8.141.200.000  (unos 40 millones de dólares...y subiendo)

-----

Tipos y cantidad de delitos denunciados

Amenazas simples   22

Incendio casa habitación   20

Usurpaciones  19

Incendio de bosque  15

Amenazas con violencia  15

Daños  14

Robo con intimidación  9

Maltrato de obra a carabineros  8

Desórdenes públicos  7

Atentado explosivo  7

Incendio camión  6

Abigeato  6

Lesiones 6

Incendio cosechas y pastizales 5

Incendio galpón, maquinarias  5

Receptación 3

Homicidio frustrado a carabineros 2

Incendio sede social  2

Atentados a carabineros 2

Homicidio calificado  1

Hurto 1

Robo Escuela de Chequenco  1

Incendio de furgón escolar  1

Incendio Escuela de Chequenco  1

Tipo y cantidad de delitos denunciados