Sobre la "Agenda Antidelincuencia 3.0"

Javiera Blanco
Catalina Mertz
Ana María Morales
Fundacion Paz Ciudadana

Hace algunos días, diputados de Renovación Nacional presentaron la "Agenda Antidelincuencia 3.0". Se trata de un conjunto heterogéneo de propuestas, en cuanto a su ámbito y alcance, y respecto de la probabilidad de que pudiesen tener impacto en la delincuencia, de ser aprobadas.

Centrándonos en este segundo aspecto de las nuevas propuestas, y basándonos en el contenido que se conoce públicamente y el caudal de información acumulada tanto en Chile como en otros países sobre políticas eficaces para reducir el delito, las iniciativas pueden ser ordenadas en dos categorías: las que son innecesarias o derechamente causarían daño, y las ideas que vale la pena precisar e impulsar.

En la primera categoría está el ampliar la forma de denuncia de delitos a medios digitales y telefónicos. Si bien en principio parece una buena idea, sólo el 14% de las víctimas declara no denunciar por lo engorroso del trámite. Son más relevantes las bajas expectativas de recibir una solución al problema, y no se toman en cuenta las dificultades prácticas para las instituciones de corroborar la información y poder usarla como insumo útil para operaciones policiales y para la persecución penal, lo que de hecho ya ocurre con las llamadas a teléfonos hoy existentes.

El permitir a los municipios establecer el control de accesos en vías locales es discutible constitucionalmente, y no considera que sólo en muy contados casos el control de accesos es la mejor solución al problema delictivo que se requiere resolver, habiendo un abanico de otras opciones, con menos costos sociales, que hoy no están siendo implementadas en forma sistemática.

En cuanto a la constitución de "consejos comunales de seguridad pública", éstos ya existieron bajo el alero del programa Comuna Segura, y todos los análisis concluyen que, dada la actual arquitectura institucional, no fueron plataformas útiles para la coordinación intersectorial descentralizada.

En relación con el mandato del fiscal nacional y la idea de rebajarlo a cuatro años, si bien es discutible si ocho años sea un tiempo óptimo, ligarlo tan estrechamente con los períodos electorales aumenta innecesariamente el riesgo de que pierda independencia ante el gobierno de turno. En el diseño de la reforma procesal penal, este punto fue bastante discutido, optándose por un modelo de persecución que no fuera permeable a eventuales instrumentalizaciones.

Por último, incrementar las facultades policiales no resuelve ninguno de los problemas actualmente prevalentes en la persecución penal de los delitos en Chile, ni hay estudios empíricos que las justifiquen o que hayan evaluado las anteriores modificaciones legales en esta materia. Aun más, hoy las policías sí cuentan con autonomía para la realización de las primeras diligencias de la investigación. Sería deseable entender qué ha ocurrido con estas atribuciones.

En cambio, sí es acertada la propuesta, planteada con anterioridad también por el director de Gendarmería y por la misma Fundación Paz Ciudadana, de modificar el estatuto administrativo para permitir que personas con antecedentes puedan desempeñarse en el Estado. Se sabe que no es suficiente por sí sola, pero la reinserción laboral es, sin duda, una condición necesaria para reducir la reincidencia de personas que egresan de las cárceles -que sólo en 2010 ascendió a 49.000 personas-, y el Estado no puede restarse a este esfuerzo.

De igual forma, es clave la instauración de mecanismos de rendición de cuentas a los actores del sistema de persecución penal, tales como la obligación del fiscal nacional de rendir cuentas semestrales de ejecución presupuestaria y el establecimiento de criterios de evaluación de funcionarios judiciales y publicidad de sus resultados planteados por los diputados.

Dadas las grandes asimetrías de información entre las instituciones del sector y las autoridades a cargo de delinear las políticas del área y la ciudadanía en general sobre la realidad operativa imperante en cada una de ellas, el diseño, la implementación y la publicación de indicadores de gestión no sólo son necesarios, sino urgentes para instalar un esquema general de incentivos que movilice a las instituciones a transparentar su gestión en el ámbito de acción que les compete.