Los porfiados hechos...‏

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Tribuna 
Domingo 19 de Agosto de 2012 
Nuestro compromiso con la educación pública y la reforma tributaria

Harald Beyer B. 
Felipe Larraín B.

La reforma tributaria propuesta por el Gobierno -ya aprobada íntegramente por la Cámara de Diputados y en discusión hoy en el Senado- recauda un promedio cercano a los US$ 1.000 millones anuales. Estos recursos serán destinados íntegramente a la educación, para tres objetivos centrales: ampliar a 100% la cobertura gratuita en educación preescolar para el 60% más vulnerable de los chilenos; acelerar el incremento de la subvención escolar para lograr que ella se duplique antes de fines de esta década respecto de su nivel en 2009; y aumentar las becas de educación superior desde 120.000 en 2009 a 400.000 en 2014. Estos objetivos son ampliamente compartidos y nos permitirían dar un salto aún mayor en mejorar el acceso y la calidad de la educación.

Sin embargo, en el debate tributario se ha criticado una supuesta falta de compromiso de este gobierno con la educación pública. Pero las diversas acciones que se han implementado a través de legislaciones ya aprobadas, proyectos de ley en discusión y programas gubernamentales desmienten completamente esa crítica.

Un anhelo largamente compartido por expertos, padres y estudiantes es una selección más profesional de los jefes de los departamentos de educación municipal y de los directores de las escuelas y liceos. Pues bien, la Ley 20.501 aseguró precisamente ese propósito. No es casualidad, entonces, que a ambos cargos se estén presentando un número más elevado de postulantes y que, en promedio, demuestran mayores competencias que los candidatos en procesos anteriores.

Es bueno recordar que ahora el Sistema de Alta Dirección Pública se ha involucrado en estos procesos.

Al mismo tiempo hemos enviado un proyecto de ley que impone nuevas exigencias a los docentes que ingresan a la educación subvencionada y les mejora sus condiciones laborales en la medida que demuestren suficientes destrezas profesionales y buenos desempeños en el aula. Ella reemplazará gradualmente a un estatuto docente que no ha sido un aporte al logro de una educación pública de calidad. Este proyecto involucra recursos adicionales significativos.

Se encuentra, además, a punto de ser aprobado en el Congreso un proyecto de ley que no sólo eleva la subvención escolar general, particularmente en prekínder y kínder, sino que la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para quinto y sexto básico en un 50% y en un 100% para séptimo básico hasta cuarto medio.

Además, adelanta la entrada en vigencia de esta subvención para primero medio al año 2013 (recordemos que fue el actual Gobierno el que impulsó la subvención escolar preferencial para la educación media el año pasado). Un 64% de los recursos contemplados para la SEP (que hoy superan los 320 mil millones de pesos) llegan a los sostenedores municipales. La voluntad del Gobierno de elevar esta subvención y ampliar su cobertura muestra un claro compromiso con la educación pública.

Otro indicador evidente es el aumento de los recursos que se han entregado a la educación municipal por canales diferentes a la subvención. El presupuesto 2010, elaborado por el gobierno anterior, transfería a través de otras vías 172 mil millones de pesos para la educación municipal. En 2012 el monto asignado más que se duplicó, llegando a 373 mil millones de pesos. Esto demuestra en los hechos la voluntad del gobierno del Presidente Piñera de apoyar a la educación municipal.

Por tanto, es incomprensible que se diga que el crédito tributario para los gastos en educación, contemplado en el proyecto de reforma de tributaria, tenga el propósito de perjudicar a la educación pública. La verdad es que es un premio al esfuerzo que realizan numerosas familias, que se encuentran aproximadamente entre el quinto y octavo decil de la distribución del ingreso, para aportar a la educación de sus hijos. Es engañoso que se diga que sólo el 20% de las personas pagan impuesto a la renta para intentar sugerir que los beneficiados son los más acomodados.

Se olvida que los hogares con hijos en edad escolar típicamente tienen cuatro integrantes y para definir la distribución de ingresos en Chile se considera el ingreso per cápita. Recordemos que bajo el gobierno del Presidente Lagos se aprobó un beneficio tributario para los intereses de los créditos hipotecarios con tope de ingresos bastante más holgados que los que propone la actual reforma. Y si las familias pueden descontar de sus impuestos los intereses por la compra de una vivienda, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con una parte del gasto en la educación de sus hijos?

Tanto o más curioso es que se diga que este crédito incentivaría la segregación. ¿Cambiarían los padres a sus hijos de establecimiento públicos a particulares subvencionados, pagando durante todo un año el financiamiento compartido, para después eventualmente recuperar una parte en su declaración de impuestos? Un poco más de confianza en los padres sería bienvenida. Por lo demás, sabemos que en la selección de un colegio son innumerables los factores que inciden, muchos de los cuales ni siquiera observamos o somos capaces de medir.

En pocas palabras, los porfiados hechos revelan el compromiso de este gobierno con la educación y -en particular- con la educación pública. Esta reforma tributaria -unida a numerosas otras iniciativas- es prueba evidente de este compromiso.