Una de las constantes históricas del pueblo mapuche desde la llamada “Pacificación de la Araucanía” es la deconstrucción de su organización social y política.
Desde extensiones territoriales o Lof, pasando por comunidades organizadas bajo títulos de merced, siguiendo por un periodo de división de las mismas en propietarios individuales, y terminando actualmente con “ficciones” de comunidades (debido a la liberalidad de la ley para creerlas, en perjuicio de los tipos de organización más tradicionales), terminando hoy en día con una especie de juntas de vecinos rurales más que verdaderas entidades representativas del pueblo mapuche.
Esta desarticulación no ha sido producto del azar o por una fatalidad histórica; por el contrario, ha sido el resultado de la única política pública constante y sistemática que ha tenido el Estado de Chile para con el pueblo mapuche. Esto es la “asimilación”, en el entendido que lo que mejor le podría ocurrir al pueblo mapuche sería olvidarse de su origen indígena e integrarse total y definitivamente —sin distinción alguna— a la sociedad chilena.
Está demás decir que, en este sentido, la desarticulación y la asimilación han sido también —hasta la fecha— las únicas políticas públicas “exitosas” del Estado de Chile para con el pueblo mapuche. Basta ver que actualmente la mayor concentración de mapuche en Chile se encuentra radicada en la Región Metropolitana, en donde muchos esconden, camuflan o al menos tratan de olvidar su origen.
El establecimiento de un ADI en Ercilla-Collipulli, cuyo pilar sea una nueva forma de gestión territorial en base a Lof o Territorios, permitiría reconstruir a un interlocutor válido, dándole ademas, la oportunidad de empoderar a la gran cantidad de dirigentes mapuche que sí quieren un verdadero desarrollo armónico de su pueblo, permitiéndoles así competir contra los dirigentes minoritarios que justifican la violencia, en ganar la verdadera alma de las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios.
Sin embargo, el “éxito” de esta política pública, también le ha jugado en contra al Estado de Chile, lo cual ha quedado de manifiesto en los últimos años a propósito del llamado “conflicto mapuche”.
Hoy en día, debido a la desarticulación que ha sufrido el pueblo mapuche, resulta sumamente difícil encontrar interlocutores válidos con quienes llegar a acuerdos que sean vinculantes y que gocen de una legitimidad más o menos general dentro del pueblo mapuche.
Además, las demandas sobre tierras se han extendido en forma ilimitada por la liberalidad para constituir comunidades, muchas de las cuales ya no buscan una recuperación de territorios perdidos o reconstruir un tipo de organización tradicional, sino que simplemente obtener una forma de ayuda estatal que les permita salir de la pobreza.
Así, convertidas en verdaderas juntas de vecinos rurales, ven que lo único que funciona ante el Estado es pedir tierra… Y bueno, tierra es lo que piden.
Esta realidad nos debe permitir ver que para la existencia de un diálogo, es necesario que exista un “otro” y, por tanto, es necesario ayudar a reconstruir ese “otro” en el mundo mapuche.
Ese es el mérito de la propuesta del Gobierno anunciada en el reciente mensaje del 21 de Mayo, al proponer la creación de dos nuevas áreas de desarrollo indígena (ADI).
Se puede argumentar —y con razón— que las actuales ADI no han servido mucho. Pero con la ADI de Ercilla-Collipulli (centro de la violencia y el enfrentamiento del llamado conflicto mapuche) se abre un espacio que puede marcar una experiencia distinta y nueva sobre la forma de desarrollar las ADI.
Me refiero especialmente al reconocimiento de figuras jurídicas distintas a las comunidades (que, por lo demás, son una imposición chilena, pues los mapuche nunca estuvieron constituidos como comunidades), como los Lof o Territorios de influencia, lo que implica, a su vez, el reconocimiento de determinados derechos colectivos, permitiendo un modelo de gestión territorial con una activa participación de las organizaciones más tradicionales del pueblo mapuche.
Sin embargo, este anuncio también ha generado temor o al menos inquietud en muchos actores sociales de la Araucanía, que consideran que es abrir la puerta a algo que no sabemos cómo terminará.
El problema es que si no avanzamos en soluciones de fondo para el llamado “conflicto mapuche” ya sabemos cómo va a terminar: con una violencia cada vez más radicalizada.
Cualquier solución pasa por canalizar las aspiraciones del pueblo mapuche, las que no van a desaparecer porque las ignoremos, sino que existen y son reales y, por tanto, debemos enfrentarlas de la forma que permita la mejor y más armónica convivencia en la Región de la Araucanía.
El establecimiento de un ADI en Ercilla-Collipulli, cuyo pilar sea una nueva forma de gestión territorial en base a Lof o Territorios, permitiría reconstruir a un interlocutor válido, dándole ademas, la oportunidad de empoderar a la gran cantidad de dirigentes mapuche que sí quieren un verdadero desarrollo armónico de su pueblo, permitiéndoles así competir contra los dirigentes minoritarios que justifican la violencia, en ganar la verdadera alma de las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios.
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