Ya han pasado casi 15 días desde el inicio de las manifestaciones en Aysén, y se levantan varias preguntas clave. Sin entrar a analizar el manejo del conflicto, lo que realmente predomina como tema central es cómo queremos enfrentar la descentralización en Chile, donde más allá de la reforma del año 2005 donde se crea la región de Arica y Parinacota y la de los Ríos, el sistema no ha sufrido cambios sustanciales por más de 25 años.
En el sistema actual, gran parte de las decisiones se toman a nivel central, tanto las de políticas sectoriales y las de ejecución presupuestaria, dejando más reducida la responsabilidad a los gobiernos regionales y locales. Pero también es responsabilidad de los gobiernos regionales, intendentes y seremis, de plantear las demandas necesarias, que muchas veces son canalizadas a través de los gobiernos locales, en conjunto con los Consejeros Regionales.
El avanzar hacia una mayor descentralización, un objetivo que se encuentra en nuestra Constitución, es un problema que abarca múltiples aristas y es bastante complejo. Pensar que la solución es unidimensional y sólo un subsidio al combustible, tal como lo tiene Magallanes, soluciona el conflicto, es subestimar el problema de fondo que existe. La literatura indica que los regímenes de excepción basados en los territorios siempre tienen un inicio conocido, pero nunca un final.
En ese sentido, uno puede preguntar por qué existen subsidios energéticos a Magallanes pero no a Aysén o Los Lagos, o por qué pueden haber incentivos tributarios en Arica y Parinacota y no en Tarapacá o Antofagasta. Dónde definir la línea para entregar estos beneficios a las regiones es bastante complejo, especialmente para un gobierno que tiende a ser más centralizado, donde las zonas más australes constantemente piden mayor aporte económico a través de subsidios y respuestas del gobierno central, pero también mayor autonomía y hasta algunas insinuaciones a naciones extranjeras.
La responsabilidad de pensar cómo queremos administrar nuestro país no es sólo del gobierno, también pasa por nuestros parlamentarios, que tienen una mayor representación, tanto en la Cámara como en el Senado, si analizamos a las autoridades electas por cantidad de votantes, y que desde la vuelta a la democracia han minimizado las reformas concretas de descentralización, quizá incentivados por las malas experiencias de nuestros vecinos, especialmente Argentina, que tiene un federalismo que ha propiciado la falta de gobernabilidad y el crecimiento del populismo de manera notoria, en desmedro del aumento de las libertades personales de los ciudadanos.
Chile está preparado para tener una discusión transparente, profunda y con propuestas que ayuden a construir un mejor país. Es por eso que un dialogo entre los diferentes actores de la sociedad, no tan sólo el gobierno y los manifestantes, es fundamental, y que las propuestas y soluciones se puedan lograr a través de las instituciones y con negociaciones pacíficas, no a través de la violencia, ya que establece un muy mal precedente para la solución de conflictos, especialmente los sociales.
Eso si, no puedo dejar de asombrarme por el interesante caso de la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martinez (PS), que en una entrevista en enero del 2010 criticó a los pescadores artesanales y llama a respetar el Estado de Derecho. Parece extraño que dos años después, cuando sólo ha cambiado el Presidente, sea ella la que inicia las manifestaciones, ahora con aliados que criticaba anteriormente, e incentiva las barricadas y bloqueos que causan demoras en los servicios, tanto de urgencia como de abastecimiento, para la zona.
Chile necesita una mayor descentralización, avanzar hacia una real sociedad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, independiente del lugar donde nacieron. Es por ello que es fundamental pensar y plantear reformas viables y razonables para los distintos actores, de manera de avanzar hacia un país realmente desarrollado, tanto económica como social y culturalmente.
En el sistema actual, gran parte de las decisiones se toman a nivel central, tanto las de políticas sectoriales y las de ejecución presupuestaria, dejando más reducida la responsabilidad a los gobiernos regionales y locales. Pero también es responsabilidad de los gobiernos regionales, intendentes y seremis, de plantear las demandas necesarias, que muchas veces son canalizadas a través de los gobiernos locales, en conjunto con los Consejeros Regionales.
El avanzar hacia una mayor descentralización, un objetivo que se encuentra en nuestra Constitución, es un problema que abarca múltiples aristas y es bastante complejo. Pensar que la solución es unidimensional y sólo un subsidio al combustible, tal como lo tiene Magallanes, soluciona el conflicto, es subestimar el problema de fondo que existe. La literatura indica que los regímenes de excepción basados en los territorios siempre tienen un inicio conocido, pero nunca un final.
En ese sentido, uno puede preguntar por qué existen subsidios energéticos a Magallanes pero no a Aysén o Los Lagos, o por qué pueden haber incentivos tributarios en Arica y Parinacota y no en Tarapacá o Antofagasta. Dónde definir la línea para entregar estos beneficios a las regiones es bastante complejo, especialmente para un gobierno que tiende a ser más centralizado, donde las zonas más australes constantemente piden mayor aporte económico a través de subsidios y respuestas del gobierno central, pero también mayor autonomía y hasta algunas insinuaciones a naciones extranjeras.
La responsabilidad de pensar cómo queremos administrar nuestro país no es sólo del gobierno, también pasa por nuestros parlamentarios, que tienen una mayor representación, tanto en la Cámara como en el Senado, si analizamos a las autoridades electas por cantidad de votantes, y que desde la vuelta a la democracia han minimizado las reformas concretas de descentralización, quizá incentivados por las malas experiencias de nuestros vecinos, especialmente Argentina, que tiene un federalismo que ha propiciado la falta de gobernabilidad y el crecimiento del populismo de manera notoria, en desmedro del aumento de las libertades personales de los ciudadanos.
Chile está preparado para tener una discusión transparente, profunda y con propuestas que ayuden a construir un mejor país. Es por eso que un dialogo entre los diferentes actores de la sociedad, no tan sólo el gobierno y los manifestantes, es fundamental, y que las propuestas y soluciones se puedan lograr a través de las instituciones y con negociaciones pacíficas, no a través de la violencia, ya que establece un muy mal precedente para la solución de conflictos, especialmente los sociales.
Eso si, no puedo dejar de asombrarme por el interesante caso de la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martinez (PS), que en una entrevista en enero del 2010 criticó a los pescadores artesanales y llama a respetar el Estado de Derecho. Parece extraño que dos años después, cuando sólo ha cambiado el Presidente, sea ella la que inicia las manifestaciones, ahora con aliados que criticaba anteriormente, e incentiva las barricadas y bloqueos que causan demoras en los servicios, tanto de urgencia como de abastecimiento, para la zona.
Chile necesita una mayor descentralización, avanzar hacia una real sociedad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, independiente del lugar donde nacieron. Es por ello que es fundamental pensar y plantear reformas viables y razonables para los distintos actores, de manera de avanzar hacia un país realmente desarrollado, tanto económica como social y culturalmente.
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