Consecuencias no previstas

Consecuencias no previstas
Diario El Mercurio, Editorial, Viernes 23 de Septiembre de 2011
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/09/23/consecuencias-no-previstas.asp

Prohibir que instituciones con fines de lucro puedan formar a jóvenes
con ayudas estudiantiles proveídas por el Estado no es una solución
equilibrada,
y resulta anticipable que los costos superarán largamente a los beneficios.
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Los detractores de que existan establecimientos con fines de lucro
financiados con recursos públicos no han podido ofrecer argumentos
convincentes que justifiquen terminar con este sistema, que existe
hace más de un siglo en nuestro país. Sus defensores, en cambio,
ofrecen diversas razones que llevan a poner en duda la eficacia de tal
política. Por ejemplo, la evidencia empírica muestra que no hay
grandes diferencias de desempeño entre los distintos planteles, una
vez que se corrige por aspectos importantes en la determinación de los
resultados, como la condición socioeconómica de los estudiantes. Más
bien se observa que dentro de cada grupo de establecimientos (esto es,
públicos, particulares subvencionados sin fines de lucro, y
particulares subvencionados con fines de lucro) existe diversidad de
desempeños: en los tres tipos los hay en que los estudiantes aprenden
satisfactoriamente las materias del currículo, otros en que los
aprendizajes son básicos, y otros en que resultan claramente
insatisfactorios.

En este cuadro, prohibir una clase de establecimientos -lo que
ocurriría si se impide al sector sin fines de lucro recibir recursos
públicos- no avanza un ápice hacia el objetivo de lograr una educación
con aprendizajes más elevados. Otros instrumentos son más apropiados,
y algunos de ellos se están aplicando o a punto de implementarse.
Otros -como los que ayudan a atraer y retener directores y docentes de
más habilidades- aún son incipientes y requieren abordarse
prontamente. La carrera profesional docente, que el Gobierno deberá
enviar al Congreso en marzo próximo a más tardar, es una oportunidad
para avanzar en este ámbito.

Las consecuencias de modificar las normas que a este respecto Chile se
ha dado por tanto tiempo son imprevisibles. Los datos sugieren, por
ejemplo, que el financiamiento compartido que deben pagar las familias
en establecimientos sin fines de lucro es mayor que en aquellos que sí
lo tienen. En aquellas zonas donde se ubican los establecimientos con
fines de lucro de buenos desempeños, la oferta alternativa disponible
no es necesariamente de buena calidad. Sería paradójico que, como
resultado de esta reforma, el desempeño del sistema escolar en su
conjunto cayese, y subiese en promedio el pago que realizan los
padres. Estas consecuencias son propias de transformaciones no bien
pensadas y sin un sólido sustento empírico. El país ha experimentado
ya suficiente con soluciones inapropiadas en el pasado y ha sufrido
sus efectos negativos. Por eso, debe ser cada vez más exigente en sus
propuestas educacionales y desechar aquellas que producen enormes
tensiones al sistema, sin resultados positivos. No cabe promover
políticas, por muy simbólicas que sean para un sector, si sus efectos
no están claros. Cada vez son menos los países en que se gobierna o
legisla sobre la base de símbolos, por los elevados costos que eso
suele acarrear.

Un análisis similar se aplica a la educación superior, en la que el
lucro se permite para institutos profesionales y centros de formación
técnica. Éstos han realizado inversiones significativas para
satisfacer las aspiraciones de varios gobiernos de elevar el acceso a
aquélla de sectores de ingresos medios y bajos, y los antecedentes
disponibles nuevamente indican que lo han hecho con un nivel razonable
de eficacia. Por cierto, en un proceso de aumento acelerado de la
matrícula, como el experimentado en esta área, siempre pueden surgir
problemas, pero ellos se pueden corregir mediante políticas sensatas
que diversos expertos y organizaciones han sugerido en medio del
debate sobre el futuro de este nivel educacional. En cambio, prohibir
que instituciones con fines de lucro puedan formar a jóvenes con
ayudas estudiantiles proveídas por el Estado no es una solución
equilibrada, y resulta anticipable que los costos superarán largamente
a los beneficios.