Ante el apagón: una excelsa incompetencia

Ascanio Cavallo, Diario La Tercera, 25 de septiembre de 2011

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Anoche quedó respondida la gran pregunta de la mañana del 27 de febrero del 2010: ¿qué habría pasado si en vez del saliente gobierno de Michelle Bachelet hubiese estado instalado el nuevo gobierno de Sebastián Piñera? Y la respuesta es esta: nada distinto.

No se trata de la velocidad y la eficacia de la reconstrucción después de un megaterremoto, que en los últimos meses han obligado a plantearse la pregunta inversa. No, este es un caso menor, pero no ignorado. O mejor dicho: si las autoridades lo ignoraban, entonces es un caso mayor. 

El Sistema Interconectado Central (SIC) se vino al suelo por la debilidad de sus líneas de transmisión de 500 kilowatts y por la falla grave del sistema de recuperación a distancia (esta era la explicación vigente a eso de las 22 horas), dos tecnicismos que significan que la seguridad eléctrica de Chile está igual o un poco peor que en febrero de 2010. Para informar sobre el origen de la falla, el ministro de Energía demoró casi una hora y media: es escalofriante pensar cuánto habría tardado si además de apagón se hubiese tratado de una catástrofe. ¿No era que el SIC sería reforzado? ¿No era que se adoptarían las medidas técnicas para evitar que 10 millones de chilenos se quedaran sin luz al unísono? ¿No era que el nuevo gobierno produciría las certezas que los anteriores no dieron?

¿Y la fustigada Onemi? Bueno, esta vez supo algo menos de lo que supo el 27 de febrero. No hay que culparla, porque ahora dependía sólo de las informaciones de las autoridades de energía, y no tenía el subsidio intelectual de los centros de monitoreo y alerta de Hawaii, Estados Unidos y las redes satelitales mundiales. El concepto de una emergencia energética no está aún en los parámetros de la Onemi, ni siquiera tratándose de un país que vive una vulnerabilidad eléctrica muy parecida a la sismológica. En su mejor momento, mucho después del inicio del problema, ayer la Onemi se lució informando sobre los lugares en que ya se había repuesto el servicio eléctrico, algo que dichos lugares obviamente ya no necesitaban.

Otras autoridades, como en aquel trágico febrero, brillaron por ausencia o inadecuación. En la primera hora no apareció el Ministerio del Interior, y en la segunda, el de Transportes informó que, en un Santiago un tanto apanicado, se estaban cortando servicios de transportes públicos, no manteniendo ni sosteniendo. El Metro aportó algo más con el anuncio del cierre de todas sus estaciones. Nada dijo este ministro, también responsable de las Telecomunicaciones, acerca de la saturación de la telefonía móvil, indicación perfecta de que no se ha tomado ninguna medida sustancial para mejorar lo que fue una de las dimensiones más angustiosas del desastre del 2010.

Un apagón es un apagón, no hay que exagerar. Chile tiene uno de los mejores índices de tiempos de cortes eléctricos y de velocidad de reposiciones de América Latina. Su sistema de distribución pende de un hilo    -siempre, todos los días, a toda hora-, pero su capacidad de reacción es notable. Lo que perturba es que la capacidad del aparato gubernamental, tan denostada frente a una crisis inmensa como la de febrero de 2010, ha mejorado entre poco y nada. A 19 meses de una catástrofe histórica, mantener las cosas como estaban antes de ella es una muestra de incompetencia excelsa, casi poética.

Sólo falta que el Congreso abra una comisión investigadora para no llegar a ninguna conclusión.