La libertad de enseñanza amenazada

Tribuna 

por Roberto Guerrero V.

Decano de la Facultad de Derecho

Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diario El Mercurio, Sábado 06 de Agosto de 2011

http://diario.elmercurio.com/2011/08/06/_portada/index.htm

 

En el debate sobre el sistema universitario, se oyen voces que reclaman apoyo estatal sólo para las universidades públicas y que piden negar el acceso a fondos fiscales a las que llaman “universidades confesionales” por el solo hecho de no ser estatales. Esa postura, aparte de ser discriminatoria, es injusta y lesiona gravemente derechos anteriores a la norma positiva y principios constitucionales vigentes, como la libertad de enseñanza, un derecho fundamental que forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos y que está asociado a la libertad de conciencia, a la libertad de culto y al derecho imprescriptible de los padres de educar cultural y moralmente a sus hijos.

Ese derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución Política, fue el motivo principal de la creación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de muchas universidades en Chile y en el mundo a las que, a objeto de descalificarlas a priori, se tilda de “confesionales”, en una época en la que la fe y la Iglesia eran brutalmente perseguidas por el liberalismo, el racionalismo y el positivismo, durante la segunda mitad del siglo XIX.

Lo que está detrás de la pretensión de excluir de financiamiento estatal a las universidades católicas, aunque no se diga, es restringir el ejercicio de la libertad de enseñanza, bajo el falso pretexto de que la educación pública sería más democrática y encarnaría mejor los valores ciudadanos. Esa explicación no es más que una expresión de reduccionismo, determinismo y, en definitiva, paternalismo estatal. ¿Por qué los padres de familia no habrían de elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos? ¿Por qué tendría el Estado que beneficiar un tipo de establecimiento por sobre otro si ambos cumplen con las condiciones para funcionar como tales de acuerdo a las normas jurídicas vigentes? ¿Desde cuándo que la democracia, la solidaridad, la inclusión y otros valores ciudadanos están desvinculados de las enseñanzas de las distintas religiones? ¿No nacieron en la época moderna, precisamente a partir de esas creencias?

La libertad de enseñanza puede ser afectada de múltiples maneras. Una de las más sutiles que se ha usado en algunos estados liberales de bienestar contemporáneos (y ahí está el ejemplo español) es precisamente negarle el financiamiento público a proyectos educacionales que no son serviles al poder de turno. Cuando se reclama que las universidades confesionales no merecen recibir fondos públicos, lo que se hace es poner en peligro la libertad de conciencia, la libertad de culto y la libertad de enseñanza. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Cuando el Estado, supuestamente neutral, pluralista y liberal, se niega a financiar proyectos educacionales “confesionales” únicamente porque no calzan con su “fe laica”, aun cuando cumplan con todos los requisitos normativos para funcionar, se comete una injusticia y se violentan las creencias de las personas que forman parte de la sociedad. El Estado deja de protegerlas y, en la práctica, aparece coartando los proyectos de vida legítimos de sus habitantes.

Las auténticas universidades son aquellas cuyo esfuerzo se encamina a la búsqueda de la verdad sin sujeción al poder de turno. En la experiencia histórica, han sido más bien las estatales las que a veces han abandonado esa misión fundamental, precisamente porque son más permeables al poder y a las ideas circunstancialmente de moda.

La calidad de la educación superior no pasa por la naturaleza de las instituciones, si son laicas o formadas al amparo de una confesión religiosa, si son estatales o privadas. La calidad parte cuando se entiende que, al amparo de la libertad de enseñanza, se permite la formación y funcionamiento de diversas propuestas educacionales. La diversidad de la oferta educativa mejora los estándares de calidad y reafirma los valores democráticos.

Por lo mismo, si el Estado decide apoyar a las familias para que éstas puedan elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus miembros, dicho apoyo debe ser universal, sin exclusiones ni discriminaciones arbitrarias, en la medida que las propuestas educativas cumplan con las normas mínimas para su funcionamiento. Resulta, entonces, arbitrariamente discriminatorio excluir a las universidades privadas y a las “confesionales” del financiamiento estatal en razón de su naturaleza y un grave atentado contra la libertad de todas las personas que forman parte de la Nación.