Mercado del agua Urge la transparencia

por Martina Salvo de Oliveira
Diario El Mercurio, Revista del Campo, lunes 20 de junio de 2011http://diario.elmercurio.com/2011/06/20/revista_del_campo/_portada/noticias/7309B14C-6F1D-4838-BDC8-491BDC68D76F.htm?id={7309B14C-6F1D-4838-BDC8-491BDC68D76F}
 
Precios que van desde 200 a 2.000 UF el litro por segundo por el
derecho al recurso de por vida, regulaciones inexistentes y juntas de
vigilancia que no funcionan. Una postal cruda, pero cierta. Dar orden
a la entropía con más fiscalización y fortalecer el rol de la
Dirección General de Aguas -DGA, son parte de los desafíos.
 
"Cuando voy a vender o comprar un auto, sé, más o menos el costo que
tendrá según el año, kilometraje y modelo. Ahora, al vender un derecho
de aprovechamiento de agua, no hay estándares para poner precio al
recurso. Por eso, se venden por 2.000 UF o 200 UF el litro por segundo
por agua de una misma zona. Lo que se está dando hoy es una
desregulación tremenda".
 
La reflexión de Guillermo Donoso, profesor de Agronomía de la
Universidad Católica y experto en la materia, es lapidaria. Aunque se
ha ido avanzando en regulaciones para el mercado del agua, muchos
temas siguen colándose entre los dedos.
 
De que hay un mercado del agua, lo hay. De hecho, en embalses como La
Paloma, en Limarí, se transan volúmenes por alrededor de tres mil
millones de pesos anuales. El tema es que no existe cuantificación, ni
información actualizada sobre los usuarios o tipos de derechos
otorgados.
 
En efecto, lo que se conoce respecto del embalse de Coquimbo, se debe
a un estudio puntual realizado por los investigadores Óscar Cristi, de
la Universidad del Desarrollo, y Óscar Melo, de la Universidad
Católica.
Y el desconocimiento que hay sobre la materia se ejemplifica en una de
las experiencias del estudio.
En una subasta de volúmenes realizada por dichos investigadores, se
preguntó a los regantes de forma anónima, cuánto estarían dispuestos a
pagar por los derechos. Las diferencias fueron abismantes. Aunque
todos pertenecían a asociaciones del Río Limarí, la brecha entre los
montos ofrecidos fue extrema. Mientras el más ahorrativo ofrecía $1
por metro cúbico, la oferta del más generoso llegó a los $100 por
metro cúbico.
"Un agente que sale a vender o comprar al mercado con poca
información, estará dispuesto a recibir cualquier valor sobre su
precio de reserva. Cada precio es el resultado de una negociación
bilateral, con el poder de mercado por el lado del agente menos
impaciente, más que del equilibrio agregado entre oferta y demanda.
Esto habla de un funcionamiento imperfecto", explica Óscar Cristi.
 
Transparentar es la clave para que se limiten distorsiones en el
precio, donde sectores con más recursos como la minería, pueden
ofrecer más plata por derechos de aprovechamiento, dejando a los
agricultores con pocas posibilidades de acceder a agua ante la escasez
del recurso.
 
Casos emblemáticos de transacciones infladas, como la realizada por la
minera Zaldívar a la minera Escondida -la más cara de la historia-,
que pagó US$ 135.000.000 por 630,9 l/seg de agua subterránea el año
2000 (lo que da un valor de 7.850 UF l/seg), deben ser controlados por
ley.
 
Si a la poca transparencia se agregan problemas como la
desorganización de las asociaciones de canalistas, el resultado es un
mercado que opera, pero al borde de registros y cuantificaciones.
 
Lo que se está dando hoy es una verdadera ley de la selva, donde cada
uno se rasca como puede.
 
Sin pies ni cabeza
 
Una de las culpas grandes del desorden actual recae en los hombros de
la Dirección General de Aguas (DGA).
Conseguir antecedentes actualizados de quiénes son los usuarios, qué
tipos de derechos tienen, cuánta agua ha sido asignada o cuánto
volumen se transa por año, es hoy una verdadera hazaña. Eso, pese a
que gran parte de esos datos están registrados en los documentos de
compra y venta de derechos de aprovechamiento de aguas, informados por
los conservadores de Bienes Raíces a la DGA.
 
Entonces, lo que falta es procesar y poner a disposición de los
usuarios esa información.
 
"Hay una deuda histórica de parte de la DGA, que tiene que ver con
sincerar la información", indica el profesor Óscar Melo.
 
Matías Desmadryl, director general de la DGA, reconoce la situación.
 
"Hemos detectado que el envío de la información a la DGA sobre
transacciones y uso de derechos de agua, establecido por ley, no está
siendo cumplido en forma adecuada y sistemática", señala.
 
Lo positivo es que hay voluntad de hacer cambios.
 
La institución estatal, está invirtiendo en actualizar el catastro
público de agua. La idea es hacerlo a través de un instrumento que
permita mantener un registro de información de todos los usuarios,
para monitorear el movimiento de derechos de agua, otorgar nuevos y
fiscalizar de forma eficiente.
 
Pero hay que ponerle el acelerador, porque el sector necesita
información ahora, para la toma asertiva de decisiones en cuanto a
precios.
 
A la par, hay que tomar en cuenta los ajustes técnicos y temas
burocráticos que hoy entrampan al sistema. Por ejemplo, para que se
autoricen cambios en los puntos de captación de agua en regiones como
Antofagasta, el trámite con las regulaciones que existen hoy, puede
demorar en promedio tres años. Un exceso para un sistema que llora ser
eficiente.
 
"El Código de Aguas de 1981 reconoció muchos derechos
consuetudinarios, que son los que no están escritos o basados en la
costumbre jurídica. Hay que ajustar los derechos antiguos a la actual
legislación, porque la falta de adecuación genera problemas de
mercado", explica Guillermo Donoso, economista agrario de la
Universidad Católica.
 
Otro tema pendiente tiene que ver con la falta de fortalecimiento y
organización de las asociaciones de usuarios. Hoy, la gestión del agua
está repartida como una torta, donde distintas instituciones se llevan
una tajada.
 
Una parte la tienen las juntas de vigilancia, otra las asociaciones de
canalistas, un pedazo se lo llevan las comunidades locales y otro se
queda con los agricultores grandes. El tamaño de la tajada termina
dependiendo, en muchos lugares, del peso del usuario. Eso hace que la
pauta y las reglas, terminen operando al margen de cualquier ley.
 
"Aunque se pueden encontrar asociaciones bien encaminadas y que
entregan capacitación sobre la gestión del recurso, sobre el proceso
de compra-venta y la capacidad, en el otro extremo se encuentra
ineficiencia, robos de agua y malentendidos. Entonces, falta
fortalecer la gestión de recursos de usuarios", explica Donoso.
Hablar de cómo están configuradas hoy las organizaciones de usuarios,
es hablar de dos mundos.
 
Mientras por una parte se encuentran las asociaciones de canalistas
organizados, con una jerarquía y que son capaces de capacitar a sus
usuarios; en la otra cara de la moneda hay organizaciones que no
tienen condiciones de orden, recursos ni conocimientos mínimos.
 
Así, la gestión comercial del recurso es casi una cuestión de suerte,
dependiendo de si la asociación de regantes que haga de paraguas al
agricultor, esté más o menos establecida y organizada.
 
Poner al día el catastro de los usuarios, la cantidad de agua
disponible, los valores y las informaciones de flujos respecto de la
disponibilidad, e incluso, empezar a considerar variables como el
cambio climático, son la clave para que los regantes empiecen a ver
con claridad, cómo cada gota de sus derechos tiene un valor base en el
mercado.
 
Otro de los grandes obstáculos radica en la falta de fiscalizaciones,
en especial en lo referente a extracción de aguas subterráneas.
 
Como no hay control ni juntas de vigilancia suficientes, ni tampoco
mucha cultura sobre el tema, muchos usuarios hacen un uso abusivo del
recurso, tratando de dejar más agua para sí, en desmedro de las
secciones que están más abajo.
 
Además, no faltan aquellos que utilizan el agua sin tener derechos.
 
"Hoy en día, la extracción ilegal de aguas afecta gravemente la
sustentabilidad del recurso hídrico y provoca un perjuicio enorme a
los titulares de derechos de agua legalmente constituidos. La multa de
20 UTM, que equivale a una cifra cercana a los $700.000 resulta
irrisoria frente al perjuicio que otros usuarios de aguas reciben como
consecuencia de este actuar ilegal, como asimismo, respecto del daño
que le generan al medio ambiente. En este sentido, estamos trabajando
activamente para detectar los casos de uso ilegal de aguas, derivando
los antecedentes al Ministerio Público para el inicio de
procedimientos por el delito de usurpación de aguas", puntualiza
Desmadryl, desde la DGA.
 
Para combatirlo, una alternativa es la flexibilización del uso del
recurso, sin que se pierdan los derechos.
"Las necesidades de los agricultores cambian cada año, dependiendo de
lo que se cultive. Entonces podría flexibilizarse el uso para que
aquel que en un año va a necesitar menos cantidad de agua, pueda
arrendar o ceder por ese período sus derechos a otros que los
necesiten", plantea Benjamín Kiersch, oficial de Recursos Naturales y
Tenencia de Tierras de la FAO.
 
Avances tímidos
 
Un proyecto Innova Corfo, desarrollado por los académicos Óscar Melo y
Óscar Cristi, permitió tantear la actual situación del mercado en un
ejemplo concreto: el embalse La Paloma de Limarí.
 
El sistema incluyó los derechos de propietario, los derechos de
arriendo y los volúmenes transados, ejecutando una iniciativa piloto
con las principales asociaciones de la cuenca.
 
Con la información levantada, los investigadores decidieron dar un
paso más allá y crearon una plataforma de comercio electrónico para el
agua, algo así como una bolsa online, exclusiva para transar derechos
de aprovechamiento o volúmenes, disponible en el sitio web:
www.mercadoelectronicodelagua.cl
 
Aunque las transacciones han sido pocas, alrededor de 40 hasta el
momento, el hecho de publicar los precios estimados por expertos en la
página web y en radios y diarios locales, ha hecho que en la zona se
avance considerablemente en una mayor transparencia del sistema.
 
El pero de la iniciativa es que se acaba el financiamiento. Hoy, sus
ejecutores están buscando los mecanismos para que siga operativo y que
el modelo pueda replicarse en otras cuencas.
 
"El servicio de pizarra electrónica para las transacciones de derechos
está en manos de la Bolsa de Productos de Chile y está en condiciones
de ser promocionado entre potenciales interesados, como oficinas de
abogados, organizaciones de regantes, compradores y vendedores",
detalla Cristi.
 
Aprovechando la experiencia en Limarí, otro equipo de investigadores
está trabajando en un proyecto Fondecyt para el manejo del agua en la
cuenca del mismo Limarí.
 
Mirando el impacto del cambio climático, la idea es anticipar la
demanda y por tanto dar mejores respuestas a las necesidades de los
sistemas hidrológicos, para no malgastar el recurso ante la menor
disponibilidad.
También en el Maule hay un caso interesante de negociaciones libres
entre agricultores y generadoras de electricidad para privilegiar la
generación eléctrica en períodos de escasez de agua, y de paso reducir
la volatilidad de los ingresos de los agricultores.
 
Por su parte, la DGA realizó recientemente un diagnóstico con el apoyo
del Banco Mundial y de expertos internacionales para formular una
carta de navegación de mediano y largo plazo en materia del mercado
del agua.
 
Junto a ello, fortalecer la institucionalidad, levantar más
información, perfeccionar el procedimiento de títulos y el acceso a
información son parte de sus lineamientos.
 
"Además, es necesario reconocer que el mercado no sólo cumple con la
función de reasignar el agua hacia usos de mayor valor sino que
también puede jugar un rol muy importante en la resolución de
problemas, como los asociados a caudales ecológicos y los que se
generen entre agricultores y generadoras eléctricas. Con un mercado
más eficiente y activo no tendríamos necesidad del actual sistema de
pago de patentes por no uso de derechos, ni tampoco hablaríamos de
gestión integrada de recursos hídricos o de cuencas que corresponden
más bien a modelos centralizados de manejo del agua", señala Cristi.
 
Otros temas que deben fortalecerse, son las inversiones en obras
hidráulicas, ser más eficientes en el uso y re uso, avanzar en la
desalinización o tratamiento de aguas en general, y monitorear que
esto vaya de la mano con una preocupación medioambiental potente.
 
"El mercado a la fecha debe ser perfeccionado para que las
transacciones no afecten a terceros ni al medio ambiente (el problema
de cambio de uso afecta entre otros los cálculos de factor de uso, la
compra y venta de derechos de papel no usados previamente). Una
alternativa sería analizar la opción de crear Bancos de Agua para
lidiar con un aumento de las demandas, sólo por dar un ejemplo",
rematan Juan Pablo Rubilar y Axel Douroujeanni, de la gerencia de
Agua y Medio Ambiente de la Fundación Chile
 
Las transacciones infladas, como la realizada por la minera Zaldívar a
la minera Escondida -la más cara de la historia- que pagó US$
135.000.000 por 639,9 l/seg de agua subterránea el año 2000, lo que da
un valor de 7.850 UF l/seg, debieran ser controladas por ley.
 
En caso de extracción ilegal de aguas, la multa de 20 UTM -cifra
cercana a los $700.000-, resulta insuficiente como sanción.
 
Se estima que el mercado del agua en Chile es de casi 1.200 millones
de dólares en promedio al año.
Entre el 2005 y 2008 se llegaron a cuantificar más de 22 mil
transacciones por un valor total de 109 millones de UF.
 
Imitando a Australia
 
En Australia existe un mercado electrónico del agua que opera a nivel
país. A través del portal www.waterfind.com.au, se puede acceder a
herramientas de compra-venta de agua de forma transparente, con
precios regulados y normativas establecidas. Además tienen brokers
especializados para gestionar y vender.
Chile mira con atención lo que están haciendo por lo similar de los
mercados. Según la Comisión Nacional de Agua de ese país, el año 2009
se transaron casi dos mil doscientos millones de dólares, con un
consumo de 19 km3/año, de los cuales la agricultura consumió 65%. Esas
cifras, en órdenes de magnitud, serían similares a las chilenas en
donde el consumo total se estima en 21 km3/año, y de los cuales la
agricultura y el sector forestal consumen 78%.
 
Lo que hacen los gringos
 
Además de imitar la experiencia en gestión de zonas como California
(dadas a conocer en ediciones anteriores por Revista del Campo), donde
hay extensos canales que cruzan hasta 1.500 km, y permiten a los
agricultores comprar desde muy lejos la cantidad de metros cúbicos que
necesitan, teniendo la seguridad de que no van a perder una gota en el
camino, el país tiene otros modelos interesantes que mostrar.
 
En la misma California, también está operando un mercado electrónico
para el agua.
 
En el caso de los caudales ecológicos existe un rica experiencia en
algunos estados, de cómo el mercado de derechos ha permitido aumentar
los flujos de aguas que se dejan en los ríos