Contradicciones Vitales


por Francisco Rosende
Diario El Mercurio, martes 26 de mayo de 2015


Durante los últimos años 
se ha instalado con fuerza 
en la agenda de políticas públicas 
el objetivo de consolidar una sociedad 
en la que predomina 
la igualdad de oportunidades, 
donde la meritocracia 
es el principal vehículo
de progreso individual. 

Es difícil estar en desacuerdo 
con el objetivo planteado. 

Más aún, este es un objetivo inherente 
al sistema económico que ha prevalecido 
en el país durante las últimas décadas.

Cabe recordar 
que la implementación de dicho sistema 
se inicia con la apertura de la economía, 
lo que llevó a la eliminación de numerosos monopolios 
amparados en una compleja red de protección de la competencia externa. 

Por otro lado, se promovió 
una mayor flexibilidad del mercado del trabajo, 
de forma de promover el acceso al empleo de los trabajadores. 

Ello significó hacer frente a las desigualdades 
en las condiciones de salario, 
estabilidad del empleo y seguridad social 
envueltas en un mercado fuertemente regulado, 
donde los privilegios de importantes grupos de presión eran evidentes.

Si bien los resultados indican 
que se ha avanzado significativamente 
en materia de eliminación de la pobreza, 
al mismo tiempo que los signos de desigualdad 
tienden a ceder, me parece saludable 
mantener una mirada vigilante de las políticas públicas, 
con el propósito de detectar los obstáculos 
que pudieran estar obstruyendo 
el logro de nuevos avances en este plano. 

El punto de partida de este ejercicio 
debe ser una mirada cuidadosa de la realidad, 
lo que, como se indicó, 
permite corroborar los progresos alcanzados.

En la construcción de una sociedad 
basada en la igualdad de oportunidades 
existen dos pilares básicos: 

i) una política social eficaz, 
focalizada en apoyar a los sectores 
verdaderamente más necesitados, 

y ii) la competencia.

Así, en la promoción y defensa de esta última 
resulta plenamente razonable el establecimiento 
de severas sanciones para quienes lleven a cabo 
conductas monopólicas o de colusión. 

En la misma lógica, resulta coherente 
el establecimiento de duras sanciones 
a quienes busquen obtener ganancias 
a través de prácticas reñidas 
con las reglas de la competencia, 
como sería el uso de información privilegiada.

Desde luego, es un tema en sí mismo 
la definición de la forma específica 
en que la institucionalidad económica 
debe cautelar por la competencia 
y sancionar a quienes lleven a cabo 
prácticas reñidas con esta. 

Por cierto, existen estrategias 
que son más eficientes y otras menos, 
pero en la construcción de estas 
es importante velar porque se resuelvan los riesgos 
y problemas planteados, evitándose que estas 
se constituyan esencialmente en un movimiento 
para elevar el tamaño del gobierno y de su aparato regulatorio.

Sin embargo, el pretendido propósito 
de impulsar la igualdad y la meritocracia 
chocan abiertamente con iniciativas 
como la reforma educacional y la laboral, 
ambas en trámite parlamentario. 

Más aún, en el caso de iniciativas 
como la reforma educacional 
resulta poco razonable argumentar 
que esta responde a una estrategia 
de apoyo a los grupos más pobres de la sociedad, 
criterio esencial de la construcción 
de una sociedad verdaderamente más igualitaria.

Si bien un análisis detallado de dichas iniciativas 
excede con mucho el espacio disponible, 
es posible destacar algunos aspectos de estas reformas 
a la luz de los criterios expuestos. 

Así, por un lado, es difícil suponer 
que el establecimiento 
de gratuidad de la educación universitaria 
o, el crecimiento de la educación pública, 
puedan contribuir a una sociedad más igualitaria. 

Por un lado se transfieren recursos 
a personas que no pertenecen -mayoritariamente- 
a los grupos más pobres, mientras que por otro 
se promueve un creciente poder monopólico 
-sobre buena parte de la población- 
del segmento educacional que ha observado 
los peores indicadores de desempeño. 

La limitación que se establece 
sobre la libertad de elegir 
de los padres es evidente. 

Sin embargo, subsiste una pregunta esencial: 
¿Qué tienen que ver iniciativas como las mencionadas 
con la meritocracia y la igualdad de oportunidades?

En materia laboral, 
la iniciativa gubernamental 
actualmente en trámite legislativo 
plantea una serie de riesgos, 
los que apuntan esencialmente 
al crecimiento del empleo 
y la supervivencia 
de las empresas pequeñas y medianas. 

En efecto, el proyecto plantea 
modificar las condiciones de negociación 
entre sindicatos y empresas, 
de forma tal que es esperable 
que se promoverá un progresivo 
proceso de reemplazo de trabajadores por máquinas. 

Por otro lado, el riesgo del emprendimiento 
se eleva de un modo considerable, 
considerando la posición desmejorada 
en que quedarán las empresas medianas y pequeñas 
para enfrentar escenarios de conflictos laborales. 

Ello no solo crea una fuente de inequidad 
entre este tipo de actividades 
y las empresas grandes y consolidadas, 
sino que, además, provocará un perjuicio 
a la capacidad de crecimiento de la economía.

En definitiva, detrás de un discurso 
ampliamente compartido por la comunidad, 
el que se encuentra plenamente en línea 
con la agenda de políticas seguida 
por el país en las últimas décadas, 
se aprecia un deliberado propósito 
de aumentar el tamaño e influencia del gobierno 
en el funcionamiento de la economía, 
alimentado en visiones ideológicas y grupos de presión.

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