Transporte público

RODRIGO CASTRO, 

El último incidente del Metro de Santiago no sólo debe generar un cambio en el gobierno corporativo y modelo de gestión operacional de la compañía, sino también un sentido de urgencia para modificar la institucionalidad del transporte público de la Región Metropolitana.

Las grandes ciudades del mundo que han resuelto su problema de transporte público, lo han logrado principalmente a través de la implementación de tres políticas públicas: la creación de una institucionalidad permanente (Autoridad de Transporte Público, ATP), una expansión significativa de la red de Metro, y un sistema de tarificación vial que regule el uso del automóvil.

Una ATP implica el desarrollo de una institucionalidad sólida, que cuente con las facultades y atribuciones, además de los recursos técnicos y materiales para asegurar el desarrollo e implementación de una política sustentable de transporte urbano que permita un desarrollo armónico entre los planes de transporte y la planificación urbana, el correcto funcionamiento de los operadores de recorridos y de los sistemas complementarios (información a usuarios, Administrador Financiero del Transantigo y otros), la coherencia y coordinación del diseño y ejecución de las inversiones en infraestructura, la participación de la ciudadanía y una adecuada política tarifaria.

Además de las facultades y atribuciones necesarias, la ATP requiere tener un nivel jerárquico en la administración, que le permita coordinar efectivamente al resto de los servicios. Una posibilidad es que dependa de la Intendencia, dado que el intendente es el representante natural e inmediato del Presidente de la República en la región respectiva.

También es muy recomendable la revisión y adecuación de los marcos normativos de los otros servicios involucrados para que estén obligados a coordinarse con la ATP.

La evidencia empírica a nivel mundial ha permitido constatar que la expansión de redes de Metro genera una reducción efectiva en el uso del transporte privado. Adicionalmente, la existencia de una amplia red de Metro permite aumentar la efectividad de políticas regulatorias al uso del automóvil, como la restricción vehicular, ya que los automovilistas habituales ven en el Metro una alternativa real de transporte, no así en los servicios de buses.

Ahora bien, la aplicación de un régimen de tarificación vial en algunos puntos de la ciudad como el centro, y en otros sectores tales como “Sanhattan”, sería una de las herramientas adecuadas para promover el transporte público y en particular el Metro. A través de esta herramienta se maximizaría el uso eficiente de la infraestructura vial y se evitaría la Paradoja de Braess, en la que la construcción de una vía adicional lleva a que con la misma demanda de tráfico, los tiempos de viaje para todos los usuarios de la red aumenten. Sin embargo, para que una solución de este tipo sea viable se requiere contar con un sistema de transporte público que funcione adecuadamente, requisito que el Transantiago y el Metro está muy lejos de cumplir.