Una oportunidad para retomar la iniciativa en reforma tributaria
Desde el 30 de marzo pasado, cuando el Ejecutivo divulgó los detalles de la reforma tributaria, el debate ha sido intenso. A casi tres meses de esa fecha, es posible rescatar consensos que representan un quiebre significativo con aquellos que existían hace sólo un par de años, y ello es mérito del gobierno.
Es evidente que el contundente triunfo electoral de la Presidenta Bachelet, obteniendo mayoría en la Cámara y el Senado, ha permitido a su gobierno poner la discusión en un nuevo plano. Si costó 15 años lograr incrementar el impuesto a las empresas de 15% a 17%, y un terremoto brutal subirlo a 20%, hoy nadie discute que el mundo empresarial puede aportar 25% de sus utilidades a las arcas fiscales. Adicionalmente, si hace tan sólo un par de años el sistema tributario no era visto como un instrumento de equidad redistributiva y ese rol se le asignaba al gasto público focalizado, hoy son pocos quienes no reconocen que existe una odiosa inequidad horizontal en nuestro sistema tributario que se requiere corregir.
Es evidente que no son 28.000 los contribuyentes del global complementario que ganan más de $ 6,3 millones al mes, apenas el 0,3% de los casi nueve millones de contribuyentes totales. Mientras los trabajadores y ejecutivos de más altos ingresos que perciben un sueldo no pueden eludir las tasas más altas del impuesto personal, es evidente que las rentas empresariales distribuidas para el consumo eluden dichas tasas en forma muy significativa.
Asimismo, es necesario ajustar las facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII) para incluir razonables reglas antielusión, de modo que el SII pueda fiscalizar la elusión referida más arriba, así como castigar y rechazar lo que la Ocde llama “elusión agresiva”, que en nada se diferencia de una verdadera evasión. Sin embargo, ello no puede implicar cuestionar que las personas puedan elegir la organización de sus negocios de un modo en que se optimice la carga tributaria, lo que en el mundo desarrollado se conoce como una legítima planificación tributaria. Finalmente, el gobierno ha sido exitoso en persuadir de que se requiere incrementar en tres puntos del PIB la carga tributaria para impulsar una reforma en la educación y otros beneficios sociales.
Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que el gobierno ha errado en los instrumentos para cumplir esos objetivos y ello ha significado una falta de apoyo a la reforma tributaria por vastos sectores, empresarios grandes y pequeños, profesionales y técnicos, por igual. Primero en la lista de errores es el nuevo sistema de renta atribuida. Las dudas constitucionales, los problemas operativos y de fiscalización, y la nula incorporación de incentivos al ahorro hacen necesario volver a la base retirada de las personas si se desea de verdad hacer una reforma duradera.
No hay posibilidad de legitimar la reforma tributaria con este concepto. El gobierno tiene una gran oportunidad volviendo a la inequidad horizontal y al control de la elusión agresiva de sectores de altos ingresos como foco central de su propuesta. En efecto, si se comparan los dividendos distribuidos y declarados a personas naturales en el SII con aquello que estima el Banco Central cuando confecciona las cuentas nacionales por sector institucional, se observa una subdeclaración de utilidades distribuidas cerca del 10% del PIB.
Finalmente, frente a la decisión de mantener el sistema integrado o desintegrar, es evidente que el primero es un sistema muy superior. Para ello hay dos alternativas. Se puede aprovechar la mayoría parlamentaria para corregir todos los abusos del FUT, o bien, se puede eliminar el FUT y mantener integrado el sistema. En Australia, por ejemplo, existe base retirada, sistema integrado y no hay FUT. Se declaran los dividendos y retiros incrementados (gross-up) por la tasa vigente de impuestos y se acredita lo pagado por la empresa en la declaración de las personas. Simple. Una gran oportunidad de liderar una gran reforma duradera.
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