Diario El Mercurio, Editorial,
viernes 16 de mayo de 2014
La plaza Caupolicán
del cerro Santa Lucía,
declarado Monumento Nacional,
fue el lugar elegido
por una cincuentena de manifestantes
para realizar una supuesta rogativa
por la "vida y dignidad
de los presos políticos mapuches
en huelga de hambre".
La iniciativa derivó en una acción violenta
para exigir a la autoridad a otorgar
un indulto humanitario a José Mariano Llanca Tori,
condenado a seis años de cárcel por su participación
en un ataque incendiario en la comuna de Ercilla.
Llanca padece de cirrosis hepática,
pero existían versiones contradictorias
respecto de su real situación de salud y, por ende,
de la pertinencia del indulto pedido.
Su caso, sin embargo,
quiso ser presentado como "emblemático"
y fue parte del pliego de peticiones
levantado por otros cuatro presos
de origen mapuche -incluidos
los responsables del homicidio
de un parcelero de esa misma etnia-
que mantuvieron hasta ayer
una huelga de hambre en Angol.
La acción desarrollada en el Santa Lucía
incluyó el izamiento de una bandera mapuche,
pero también la quema de mobiliario urbano,
como bancas y señalética,
además de objetos de valor patrimonial:
dos chemamulles -esculturas de madera
usadas en ritos funerarios precisamente de mapuches-
y la cureña de un cañón histórico del siglo XVII.
La violencia del acto fue sin duda menor
en comparación con los atentados
que, enarbolando la causa indígena,
han debilitado gravemente la seguridad pública
y el Estado de Derecho de la Araucanía.
Dieciocho personas fueron detenidas
por su participación en los hechos,
de los cuales 4 fueron formalizadas.
Llama la atención, sin embargo,
la actitud asumida por la policía
al inicio de la manifestación.
El comandante de la prefectura central
afirmó que en un primer momento,
"procedimos a aislar el sector
y en concordancia con el municipio,
decidimos no intervenir",
lo que sólo hicieron posteriormente,
cuando ya se habían desatado los incidentes,
en los que incluso los manifestantes atacaron
a bomberos que intentaron apagar el fuego.
Más allá de lo tardía
que resultó dicha intervención,
sorprende la explicación entregada.
En efecto, no corresponde a Carabineros
supeditar su misión de resguardo
del orden público a instrucciones municipales,
ni tampoco es parte de las atribuciones edilicias
definir el momento en que corresponde actuar a las policías.
Ciertamente, las tareas de la institución uniformada
deben ser llevadas a cabo con adecuada prudencia,
pero no puede significar una renuncia
a las funciones que la Constitución le ha entregado.
Si este episodio deja en sí mismo
un resultado lamentable
de destrucción en bienes urbanos,
igualmente preocupantes
son sus alcances institucionales.
La explicación entregada,
¿significa acaso que en adelante
Carabineros solicitará al respectivo alcalde
u otras autoridades para actuar frente a hechos
que amenacen el orden público,
en plazas, parques u otras áreas?
No parece tal una situación deseable
ni mucho menos atenida
al ordenamiento jurídico vigente.
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