Editorial Diario El Mercurio, domingo 13 de abril de 2014
Este camino es propio de representantes populares que entienden su rol y la importancia de lo que se decide. Ha habido hasta ahora cierta anomalía en las discusiones tributarias chilenas. Tal vez el hecho de que solo el 21% de los potenciales contribuyentes pague directamente impuesto a la renta ha vuelto distante la perspectiva desde la cual los ciudadanos miran el tema, asumiendo erróneamente que se trata de asuntos que involucran a otros, a los "ricos". Tal actitud pasa por alto ya no solo los efectos que los cambios en un tributo como aquel suponen para el funcionamiento de toda la economía, sino también realidades como la mencionada participación de los trabajadores, vía ahorro previsional, en las mayores sociedades anónimas del país. Escasa conciencia existe de que el principal vehículo recaudatorio del Estado es el IVA, impuesto pagado por todos los chilenos, o de que los tributos específicos a determinados productos, antes que una carga para las empresas que los producen o importan, lo son para sus consumidores.
Una tarea política pendiente
Contrasta esa forma de aproximarse al tema tributario con realidades como la de Francia, cuyo Presidente socialista intenta revertir su derrota electoral prometiendo un relajo impositivo. Difiere también con la de la mayoría de las naciones desarrolladas, en que los ciudadanos se movilizan activamente cuando las tasas no se condicen con la calidad de los servicios que el Estado entrega. Ello no es extraño: en el origen de las democracias modernas está la necesidad de limitar el poder coercitivo del Estado, cuya manifestación más cotidiana es precisamente el cobro de impuestos. Por lo mismo, ninguna reforma tributaria se entiende como exitosa si no es expresión de un amplio consenso social, más allá de mayorías coyunturales.
Hoy los chilenos parecen más preparados para involucrarse en discusiones como la educacional, que sienten directamente vinculada con sus experiencias cotidianas. En lo tributario, hay una tarea pendiente para nuestra democracia: la de lograr que, en su debate, los ciudadanos sean actores informados, y no espectadores cegados por consignas.
Para los bloques políticos, a su vez, el proyecto significa retos específicos. Es la primera vez que la Nueva Mayoría probará su cohesión respecto de una de las grandes reformas comprometidas programáticamente y que suscita algunas objeciones de principios y también reparos en parlamentarios identificados con intereses locales. Será la oportunidad para que el Gobierno muestre su capacidad de "hacer política", esto es, articular visiones y demandas sin desnaturalizar sus objetivos centrales. Es precisamente eso lo que ha expresado la Presidenta Bachelet al manifestar su disposición para acoger propuestas que mejoren el proyecto.
En el caso de la oposición, en una materia en que el oficialismo no requiere de sus votos, su prueba es la de constituirse como una voz relevante en el debate público.
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