por Carlos Peña
Diario El Mercurio, Domingo 16 de marzo de 2014
"La altura de un gobierno no depende tanto de los fines que se propone, como de los medios que ha discernido para alcanzarlos. Por eso no es razonable, como lo acaba de confesar Eyzaguirre, decir que no tiene claridad acerca de sus planes..."
Se preguntó al ministro Eyzaguirre por la ambigüedad que, según algunos dirigentes estudiantiles, poseería el programa gubernamental:
"Afortunadamente -contestó el ministro- hay cosas que no están claras, porque lo que queremos es justamente que esa claridad emerja del diálogo ciudadano".
La respuesta de Eyzaguirre pone de manifiesto uno de los rasgos más notorios del gobierno y el que, es probable, será la fuente de sus problemas: la pretensión que sea la gente de a pie, la ciudadanía, la que defina la fisonomía de las políticas que impulsará.
¿Es razonable? ¿Es posible?
Aparentemente es muy razonable y se trata de un objetivo cuya prosecución favorecería la democracia. Si la democracia es el intento que el pueblo se gobierne a sí mismo, se someta a su propia voluntad y no a la ajena, entonces la definición del quehacer gubernamental mediante el diálogo ciudadano, que es lo que Eyzaguirre anuncia, la fortalecería. Se trataría, además, de un estilo gubernamental, podría agregarse, que pondría término al imperio de los técnicos o de los expertos, esas personas que durante las últimas décadas habrían usurpado, a pretexto del saber, la voluntad popular.
El pueblo diría así qué quiere y cómo sin que nadie se interpusiera.
Desgraciadamente, ese tipo de deliberación ciudadana, con cada hombre o mujer adulto discutiendo racionalmente los asuntos que los aquejan y las medidas para remediarlos, no tiene contrapartida real. Se trata de un concepto límite -como el de mercado perfecto, por ejemplo- que se pueden pensar pero no realizar.
Así entonces el diálogo ciudadano de que habla el ministro Eyzaguirre, debe aludir a otra cosa de menor intensidad.
El ministro se refiere, en efecto, a un diálogo con dirigentes y organizaciones que integran lo que se ha llamado "movimientos sociales". Pero el ministro Eyzaguirre sabe -porque, como a todos consta, el ministro Eyzaguirre es un hombre inteligente- que las organizaciones sociales son minorías consistentes que prueban por enésima vez lo que observó Hume: la "facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos". El diálogo ciudadano se transforma así en una expresión retórica que toma la parte por el todo: la Confech por los estudiantes, la CUT por los trabajadores, la Sofofa por los empresarios, la Iglesia Católica por las iglesias y así.
El diálogo ciudadano es -no vale la pena engañarse- entre minorías dirigentes y el aparato gubernamental.
El gobierno tendrá así un proceso político con dos interlocutores: las organizaciones sociales, de un lado, los partidos representados en el Congreso por la otra. Las alternativas que el gobierno tiene delante suyo son entonces tres: i) negociar con las organizaciones y solicitar a los partidos que adhieran simplemente al resultado de esa negociación; ii) negociar con los partidos y luego usar el diálogo para persuadir a las organizaciones que se sumen; iii) negociar tanto con las organizaciones como con los partidos alcanzando un resultado híbrido.
La primera alternativa transforma en irrelevantes a los representantes del pueblo (eso eran los diputados y los senadores ¿verdad?) y rasmilla a la democracia. La segunda hace del diálogo una simple estrategia para derrotar la voluntad de las organizaciones (confirmando los temores de los dirigentes estudiantiles). La tercera repite lo que ocurrió como consecuencia de las protestas del 2006 (manos alzadas celebrando lo que, a poco andar, no satisfizo a nadie).
El gobierno no debiera adoptar ninguno de esos caminos.
En cambio, debiera explicitar su programa en detalle, someterlo al escrutinio de la ciudadanía y sus organizaciones y, más tarde, llevarlo adelante bajo las reglas de la democracia. La política gubernamental -salvo que en lo que se ha llamado un nuevo ciclo su naturaleza haya, de pronto, cambiado- consiste en eso, en adoptar decisiones a la luz de una cierta visión de lo real, estar dispuesto a defenderlas y tomar la responsabilidad de llevarlas a cabo.
Pero un gobierno no puede comenzar sus días declarando, como lo hizo el ministro Eyzaguirre, que asume el poder sin saber del todo, y exactamente, para qué hizo el esfuerzo de obtenerlo.
"Afortunadamente -contestó el ministro- hay cosas que no están claras, porque lo que queremos es justamente que esa claridad emerja del diálogo ciudadano".
La respuesta de Eyzaguirre pone de manifiesto uno de los rasgos más notorios del gobierno y el que, es probable, será la fuente de sus problemas: la pretensión que sea la gente de a pie, la ciudadanía, la que defina la fisonomía de las políticas que impulsará.
¿Es razonable? ¿Es posible?
Aparentemente es muy razonable y se trata de un objetivo cuya prosecución favorecería la democracia. Si la democracia es el intento que el pueblo se gobierne a sí mismo, se someta a su propia voluntad y no a la ajena, entonces la definición del quehacer gubernamental mediante el diálogo ciudadano, que es lo que Eyzaguirre anuncia, la fortalecería. Se trataría, además, de un estilo gubernamental, podría agregarse, que pondría término al imperio de los técnicos o de los expertos, esas personas que durante las últimas décadas habrían usurpado, a pretexto del saber, la voluntad popular.
El pueblo diría así qué quiere y cómo sin que nadie se interpusiera.
Desgraciadamente, ese tipo de deliberación ciudadana, con cada hombre o mujer adulto discutiendo racionalmente los asuntos que los aquejan y las medidas para remediarlos, no tiene contrapartida real. Se trata de un concepto límite -como el de mercado perfecto, por ejemplo- que se pueden pensar pero no realizar.
Así entonces el diálogo ciudadano de que habla el ministro Eyzaguirre, debe aludir a otra cosa de menor intensidad.
El ministro se refiere, en efecto, a un diálogo con dirigentes y organizaciones que integran lo que se ha llamado "movimientos sociales". Pero el ministro Eyzaguirre sabe -porque, como a todos consta, el ministro Eyzaguirre es un hombre inteligente- que las organizaciones sociales son minorías consistentes que prueban por enésima vez lo que observó Hume: la "facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos". El diálogo ciudadano se transforma así en una expresión retórica que toma la parte por el todo: la Confech por los estudiantes, la CUT por los trabajadores, la Sofofa por los empresarios, la Iglesia Católica por las iglesias y así.
El diálogo ciudadano es -no vale la pena engañarse- entre minorías dirigentes y el aparato gubernamental.
El gobierno tendrá así un proceso político con dos interlocutores: las organizaciones sociales, de un lado, los partidos representados en el Congreso por la otra. Las alternativas que el gobierno tiene delante suyo son entonces tres: i) negociar con las organizaciones y solicitar a los partidos que adhieran simplemente al resultado de esa negociación; ii) negociar con los partidos y luego usar el diálogo para persuadir a las organizaciones que se sumen; iii) negociar tanto con las organizaciones como con los partidos alcanzando un resultado híbrido.
La primera alternativa transforma en irrelevantes a los representantes del pueblo (eso eran los diputados y los senadores ¿verdad?) y rasmilla a la democracia. La segunda hace del diálogo una simple estrategia para derrotar la voluntad de las organizaciones (confirmando los temores de los dirigentes estudiantiles). La tercera repite lo que ocurrió como consecuencia de las protestas del 2006 (manos alzadas celebrando lo que, a poco andar, no satisfizo a nadie).
El gobierno no debiera adoptar ninguno de esos caminos.
En cambio, debiera explicitar su programa en detalle, someterlo al escrutinio de la ciudadanía y sus organizaciones y, más tarde, llevarlo adelante bajo las reglas de la democracia. La política gubernamental -salvo que en lo que se ha llamado un nuevo ciclo su naturaleza haya, de pronto, cambiado- consiste en eso, en adoptar decisiones a la luz de una cierta visión de lo real, estar dispuesto a defenderlas y tomar la responsabilidad de llevarlas a cabo.
Pero un gobierno no puede comenzar sus días declarando, como lo hizo el ministro Eyzaguirre, que asume el poder sin saber del todo, y exactamente, para qué hizo el esfuerzo de obtenerlo.
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