Las buenas intenciones y las malas políticas... Dudando de los fines con tan torpes medios...‏


Ligereza institucional

Se ha instalado la percepción de que cualquier mecanismo es válido mientras persiga un fin supuestamente noble. Debilitar las instituciones es peligroso y arriesga el futuro del país.

por Juan Ignacio Brito - Diario La Tercera  07/11/2013
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JUSTO CUANDO académicos de renombre mundial insisten en que la ruta al progreso se pavimenta con el respeto a la ley y la fortaleza de las instituciones, en Chile recorremos el camino inverso, tratándolas con una ligereza que, de no ser corregida pronto, amenazará la posibilidad de acceder a lo que el Presidente Piñera ha denominado “la misión de nuestra generación”: llegar al desarrollo antes de que termine esta década.
Precisamente, el gobierno impulsa -junto a la candidata de la Alianza- la creación de un observatorio que fiscalice los fallos de los jueces. No hay que ser constitucionalista para entender que la medida invade la autonomía judicial y va más allá de la simple transparencia. La Moneda ha ido abonando el terreno al dejar de lado la doctrina que sostenía que los fallos se acatan y no se comentan. Así, ha entrado a un terreno pantanoso que puede terminar condicionando políticamente la aplicación de la ley por parte del Poder Judicial.
Este último también ha puesto lo suyo para debilitar la institucionalidad. No se entiende por qué la Corte Suprema invita a los candidatos presidenciales a exponer sus propuestas judiciales, pues las iniciativas de éstos deben ir dirigidas a los ciudadanos                   -que son los que votan- y no a las instituciones. Tampoco aporta a la salud institucional el hecho de que muchos jueces se arroguen el derecho de interpretar a su antojo la ley o incluso de derogarla de facto al rehusar su aplicación -como ha ocurrido con la legislación antiterrorista-, además de sobrepasar el ámbito estrictamente jurídico y adentrarse en la deliberación técnica que corresponde a entes especializados, como ha sucedido en materias medioambientales.
Otros también han caído en el mismo juego. La candidata de la Nueva Mayoría rehúsa descartar el mecanismo de la asamblea constituyente, pese a que éste claramente contraviene el ordenamiento constitucional. Hay más ejemplos: por afán de protagonismo, los diputados abusan de la conformación de comisiones investigadoras, varias de las cuales, a medida que decae el interés ciudadano en los temas que las motivan, ni siquiera concluyen con la aprobación de un informe final. El Congreso y el gobierno desnaturalizan la función del Tribunal Constitucional al no ejercer sus facultades durante la tramitación de los proyectos de ley y esperar que el TC “arregle” lo que ellos no han querido resolver, convirtiendo a esta instancia en una “tercera cámara”. Eso es lo que ocurre hoy con el proyecto sobre TV digital.
Se ha instalado la percepción de que cualquier mecanismo es válido mientras persiga un fin supuestamente noble. Sin embargo, el camino al desarrollo no acepta atajos. Las sociedades avanzadas son aquellas donde se respetan las leyes y los derechos de las personas. 
Debilitar las instituciones es peligroso y arriesga el futuro del país. En Por qué fracasan los países, los economistas Daron Acemoglu y James Robinson explican que la prosperidad está asociada a la existencia de instituciones robustas, mientras que en La gran degeneración, el historiador Niall Ferguson vincula el estancamiento a la existencia de malas leyes e instituciones débiles. Quizás estas lecturas harían bien en La Moneda, el Congreso, los tribunales y las candidaturas presidenciales.  

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