Preguntas para un programa
por José Joaquín Brunner
DIario El Mercurio, Domingo 03 de noviembre de 2013
El programa educacional de M. Bachelet (MB) sugiere preguntas más que entregar respuestas. ¿Es posible llevar adelante una reforma con tal variedad de objetivos, sin prioridades claras, en plazos indeterminados y con medios que parecen definitivamente subestimados? ¿Es creíble una tan complejísima propuesta de cambios —que cubre simultáneamente todos los niveles, el modelo de financiamiento, la gestión, los sostenedores y docentes, la ley de base y regulaciones, los aspectos de calidad y equidad— cuando proyectos más simples naufragan por problemas de conducción, coordinación e implementación?
En cuanto a la educación obligatoria, el programa plantea mantener un sistema mixto de provisión y para ello fortalecer la enseñanza pública; entre tanto, ¿cómo se apoyará al sector de establecimientos privados que educa a más de la mitad de los niños y jóvenes? Los aumentos de la subvención escolar, ordinaria y preferencial, ¿favorecerán por igual a alumnos de uno y otro tipo de colegios?
La educación municipal se traspasaría a servicios locales dependientes de un servicio nacional, todo lo cual se halla apenas esbozado, sin precisión aun respecto de la forma de gobierno de estos servicios y sus relaciones con los municipios, las autoridades regionales, el Mineduc, la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación.
Entonces, ¿cómo se pasará de la actual fase de meros enunciados generales al diseño del nuevo esquema, la preparación de sus bases legislativas, la consulta de su viabilidad con la comunidad educacional, la academia y los organismos de sociedad civil y al piloto de su implantación, de manera de prevenir el riesgo de un Transantiago?
En cuanto a la profesión docente, y dado el amplio consenso existente respecto de su importancia para mejorar los aprendizajes dentro del aula, ¿qué explica un tratamiento tan pobre y escueto de esta materia en el programa? ¿Cómo en concreto se orientará la modernización de la carrera y el estatuto docentes?
Las propuestas para la educación superior giran básicamente en torno a la idea de gratuidad universal, empresa asaz costosa. Lo universal, ¿significa que las instituciones privadas pasarán a ser financiadas también por el Estado? ¿Y que los jóvenes herederos del mayor capital socioeconómico y cultural podrán estudiar con cargo a la renta nacional?
Dado que en Chile falta mucho todavía para asegurar la gratuidad de la educación básica y media, ¿no sería más lógico y justo destinar los recursos allí y no a un nivel de estudios que luego genera importantes (aunque variables) retornos privados a lo largo de la vida de los graduados profesionales y técnicos? ¿Y por qué si ha de ser gratuita la educación superior de los jóvenes más acomodados, no habría de serlo igualmente su educación secundaria provista hoy por colegios privados pagados de élite?
De hecho, varios aspectos del modelo de organización y financiamiento de la educación superior contenidos en el programa de MB apuntan en dirección al statu quo imperante en América Latina: un sistema mixto con trato preferente para las instituciones estatales y sus estudiantes. Cabe preguntarse: ¿No hay acaso suficiente evidencia de que un esquema tal segmenta a los jóvenes y haría retroceder los principales indicadores de desempeño y logro de la educación superior chilena?
En fin, cualquier avance de tan ambicioso programa va a requerir un enorme esfuerzo de aclaración intelectual, maduración técnica, corrección en puntos clave, persuasión política y construcción de acuerdos. Deberán explicitarse objetivos y prioridades, cambios inmediatos, cursos de acción de mediano plazo y una estrategia de desarrollo sustentable que proyecte las transformaciones de nuestro sistema educacional.
Llama a reflexión el hecho de que el programa enunciado por MB carezca de esta voluntad de acción, de un mínimo plan, de un explícito llamado a forjar acuerdos y de una carta de navegación que oriente y articule las expectativas de la sociedad. Es de esperar que en los próximos días los equipos técnicos de la campaña den a conocer esos lineamientos y llenen el vacío que por ahora dificulta la deliberación pública.
José Joaquín Brunner
En cuanto a la educación obligatoria, el programa plantea mantener un sistema mixto de provisión y para ello fortalecer la enseñanza pública; entre tanto, ¿cómo se apoyará al sector de establecimientos privados que educa a más de la mitad de los niños y jóvenes? Los aumentos de la subvención escolar, ordinaria y preferencial, ¿favorecerán por igual a alumnos de uno y otro tipo de colegios?
La educación municipal se traspasaría a servicios locales dependientes de un servicio nacional, todo lo cual se halla apenas esbozado, sin precisión aun respecto de la forma de gobierno de estos servicios y sus relaciones con los municipios, las autoridades regionales, el Mineduc, la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación.
Entonces, ¿cómo se pasará de la actual fase de meros enunciados generales al diseño del nuevo esquema, la preparación de sus bases legislativas, la consulta de su viabilidad con la comunidad educacional, la academia y los organismos de sociedad civil y al piloto de su implantación, de manera de prevenir el riesgo de un Transantiago?
En cuanto a la profesión docente, y dado el amplio consenso existente respecto de su importancia para mejorar los aprendizajes dentro del aula, ¿qué explica un tratamiento tan pobre y escueto de esta materia en el programa? ¿Cómo en concreto se orientará la modernización de la carrera y el estatuto docentes?
Las propuestas para la educación superior giran básicamente en torno a la idea de gratuidad universal, empresa asaz costosa. Lo universal, ¿significa que las instituciones privadas pasarán a ser financiadas también por el Estado? ¿Y que los jóvenes herederos del mayor capital socioeconómico y cultural podrán estudiar con cargo a la renta nacional?
Dado que en Chile falta mucho todavía para asegurar la gratuidad de la educación básica y media, ¿no sería más lógico y justo destinar los recursos allí y no a un nivel de estudios que luego genera importantes (aunque variables) retornos privados a lo largo de la vida de los graduados profesionales y técnicos? ¿Y por qué si ha de ser gratuita la educación superior de los jóvenes más acomodados, no habría de serlo igualmente su educación secundaria provista hoy por colegios privados pagados de élite?
De hecho, varios aspectos del modelo de organización y financiamiento de la educación superior contenidos en el programa de MB apuntan en dirección al statu quo imperante en América Latina: un sistema mixto con trato preferente para las instituciones estatales y sus estudiantes. Cabe preguntarse: ¿No hay acaso suficiente evidencia de que un esquema tal segmenta a los jóvenes y haría retroceder los principales indicadores de desempeño y logro de la educación superior chilena?
En fin, cualquier avance de tan ambicioso programa va a requerir un enorme esfuerzo de aclaración intelectual, maduración técnica, corrección en puntos clave, persuasión política y construcción de acuerdos. Deberán explicitarse objetivos y prioridades, cambios inmediatos, cursos de acción de mediano plazo y una estrategia de desarrollo sustentable que proyecte las transformaciones de nuestro sistema educacional.
Llama a reflexión el hecho de que el programa enunciado por MB carezca de esta voluntad de acción, de un mínimo plan, de un explícito llamado a forjar acuerdos y de una carta de navegación que oriente y articule las expectativas de la sociedad. Es de esperar que en los próximos días los equipos técnicos de la campaña den a conocer esos lineamientos y llenen el vacío que por ahora dificulta la deliberación pública.
José Joaquín Brunner
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