El Ministerio de Energía junto al de Bienes Nacionales se encuentran trabajando en un ordenamiento territorial que establezca sectores específicos para la instalación de centrales a carbón y gas.
por Miguel Concha
Diario El Mercurio, lunes 9 de septiembre de 2013
El mayor problema que enfrenta el sector eléctrico nacional es la dificultad para llevar adelante los grandes proyectos de generación. Cada vez son menos las comunidades que aceptan la instalación de centrales y han aumentado los recursos judiciales para frenar su construcción.
Esta situación llevó al Ministerio de Energía a buscar nuevas fórmulas que permitan destrabar las inversiones en generación. En un trabajo conjunto con Bienes Nacionales, la cartera que dirige Jorge Bunster está realizando un análisis para definir un ordenamiento territorial que establezca zonas específicas para instalar centrales a carbón y gas.
La medida reflota la antigua promesa del Presidente Sebastián Piñera -tras acordar con GDF Suez la paralización de Barrancones en 2010- de crear un mapa territorial para la ubicación de unidades eléctricas.
Este trabajo había sido desechado a inicios de este año, pues no existía consenso en el Gobierno sobre el rol que debía cumplir el Estado en esta materia. Pero la creciente judicialización y la importancia de contar con energía a precios competitivos, reactivaron la iniciativa que se sumaría al proyecto de compensación a las comunidades que estudia Energía.
La idea es encontrar zonas donde la construcción de una central genere el menor efecto posible en el medio ambiente y que las comunidades no se sientan afectadas con su levantamiento y operación. La iniciativa sería presentada antes de fin de año y no requiere un proyecto de ley.
La industria
El ordenamiento territorial ha sido debatido por eléctricos y mineros. La comisión asesora de Desarrollo Eléctrico recomendó en 2011 un mayor rol del Estado en la planificación eléctrica con la venta de bienes nacionales, la entrega de concesiones y el otorgamiento de permisos territoriales y ambientales.
Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, pidió a inicios de este año mayor planificación territorial para la instalación de centrales.
Carolina Seeger, jefa del Área de Energía, Recursos Naturales y Medio Ambiente en Fontaine y Cía., destaca la importancia de hacer un ordenamiento, pero está en contra de que un territorio definido tenga por obligación la ubicación de una tecnología específica para la cual se declaró apta la zona. "Mi opinión en definitiva apunta a que a nivel nacional exista una zonificación basada en una caracterización profunda del territorio, pero únicamente de tipo programática y no vinculante", sostiene.
René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile, estima que estas medidas son un avance para empezar a destrabar proyectos, pero que deben ir acompañadas por acciones que involucren a las comunidades. "Un ordenamiento territorial debería ir de la mano de una medida de valor compartido que promueva el desarrollo de las comunidades locales y su progreso social", dice.
El Consejo Minero afirma que la Ley del Medio Ambiente contempla el uso de una Evaluación Ambiental Estratégica para los instrumentos de ordenamiento territorial. Esto implica que las zonas aptas deben ser analizadas en sus impactos ambientales, incluyendo consultas públicas. El organismo sostiene que una vez definida la zonificación, las empresas deben someter sus proyectos a un análisis de impacto ambiental, pero sin que el emplazamiento sea un factor expuesto a cuestionamiento. "Es importante que el ordenamiento territorial no implique un bloqueo al establecimiento de proyectos en lugares distintos a esas zonas de uso industrial preferente. En estos casos, los proyectos deberían someterse a las reglas generales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)", dice José Tomás Morel gerente de estudios del Consejo Minero.
La idea es encontrar zonas en que la construcción genere el menor efecto en el medio ambiente.
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