El escenario energético tras el fallo Castilla

Andrés Concha R. 
Presidente Sofofa

Pasadas las Fiestas Patrias, el propio Presidente Piñera ha posicionado como un tema país el tema eléctrico. Sin duda, más allá de las controversias del fallo de la Corte Suprema, Chile tiene en esto un complejo desafío. Existen en estos momentos proyectos por cerca de 8 mil MW que enfrentan problemas para poder construirse Entre ellos se incluye el proyecto de Castilla, cuya autorización fue revocada por el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema. Además, están los proyectos que buscan generar electricidad a partir de las reservas hidráulicas disponibles en Aysén y varios otros a lo largo del país, todos los cuales enfrentan diversas oposiciones.

Pero también se contemplan proyectos más pequeños, como los de generación eólica, minihidro y biogás.

Para seguir creciendo, Chile necesita de la energía. Por cada punto que crece la actividad productiva, se requiere aproximadamente otro punto de crecimiento en la energía. Así ha ocurrido en el pasado y así se estima que ocurrirá en el futuro, ajustado sí por ganancias de eficiencia que gradualmente se irán dando a lo largo del tiempo.

El consumo per cápita alcanza hoy a los 3,6 kwh, y éste deberá subir a los 9,0 kwh que consumen los países desarrollados. Por eso, las necesidades de expansión que requiere materializar el sector de generación eléctrica son enormes.

Con los proyectos en construcción que hoy están en marcha podemos mirar con tranquilidad el abastecimiento eléctrico hasta el año 2015. Sin embargo, si la hidrología continúa adversa, tal como ha sido a lo largo de los últimos tres años, los precios seguirán siendo elevados.

A partir del 2016 surge un escenario muy incierto, ya que poner en marcha un proyecto de generación no toma hoy menos de cinco años. O sea, ya estamos fuera de tiempo para cubrir con centrales eficientes la demanda de ese año en adelante.

Son muchas las actividades productivas que necesitan de la energía para poder funcionar, y además la requieren comprar a un precio comparable al que lo compran similares productores localizados en otros países. El desarrollo de la minería, la agroindustria, la industria del vidrio, la industria química, petroquímica, plástica, del acero, metalúrgica, metalmecánica, productora de materiales para la construcción, y muchas otras, particularmente aquellas vinculadas a las cadenas de conservación de alimentos perecibles, dependen de un normal abastecimiento eléctrico.

Si las señales que hoy se están entregando sobre el abastecimiento eléctrico desde el 2016 en adelante son que enfrentamos un precipicio, las decisiones de inversión en estas otras actividades necesariamente deben postergarse, y posiblemente sus titulares analizarán alternativas de relocalización.

Castilla era una propuesta de inversión cuyo principal destino era satisfacer la demanda del potencial minero de la III Región. El proyecto quedó sin autorización, por un fallo de la Corte Suprema que determinó que la central estaba vulnerando el principio constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a pesar de que la autoridad administrativa, encargada de evaluar técnicamente el proyecto, dictaminó que éste no era contaminante.

Independientemente de las consideraciones que tuvo la Corte Suprema para cancelar este proyecto, subyace en estos momentos una realidad muy compleja que enfrentamos como sociedad.

Mucha gente estima que dejar caer los proyectos de energía no representa un perjuicio para el bien común, y sólo tiene costos para el inversionista que lo impulsa. Nada más equivocado. El inversionista podrá desarrollar otros proyectos en otros lugares. Los perdedores de verdad somos nosotros, los chilenos, ya que sin estos proyectos, lo que se debilita es el crecimiento de la economía y las mayores oportunidades de trabajo que éste genera.

En días pasados, la senadora Soledad Alvear, en una columna en "El Mercurio", recogió, con singular claridad, esta encrucijada que enfrentamos señalando que el Estado de Derecho se fortalece armonizando la protección a las personas y al medio ambiente con el desarrollo de nuestro país, que requiere del desarrollo eléctrico para materializarse.

Volvemos a enfrentar el mismo debate de comienzos de la década de 1990 que concluyó con un gran acuerdo, ratificado en el Congreso mediante la ley 19.300 sobre Medio Ambiente. Esperamos que las reflexiones de estos días de descanso nos ayuden a recuperar el sendero que establece la forma de compatibilizar la protección de las personas y del medio ambiente con el necesario crecimiento que requiere la economía.