Cómo sortear la "moratoria eléctrica" tras el rechazo a Central Castilla

El "Supremazo" terminó con el proyecto que iba a dar el 25% de la energía necesaria en la década:
Cómo sortear la "moratoria eléctrica" tras el rechazo a Central Castilla

Expertos eléctricos, políticos, empresarios y abogados analizan las salidas a la crisis eléctrica. Valeria Ibarra y Azucena González  

Diario El Mercurio, domingo 2 de septiembre de 2012

http://diario.elmercurio.com/2012/09/02/economia_y_negocios/_portada/noticias/589DADF1-F637-48E9-ACA4-4ABAE61493A9.htm?id={589DADF1-F637-48E9-ACA4-4ABAE61493A9}
 

Una crisis de pánico provocó en el sector empresarial la decisión de la Corte Suprema de poner fin al mayor proyecto termoeléctrico del país, Central Castilla, que daría 2.100 megawatts (MW), con una inversión de US$ 5 mil millones, un cuarto de lo que requiere el país en una década.

El colapso nervioso tiene una razón: si bien en el país hay proyectos eléctricos en evaluación ambiental o con aprobaciones por 11 mil MW, sólo un 6% de esa cartera se está construyendo, lo que introduce riesgos para un suministro competitivo, seguro y sustentable a partir del año 2015 y 2016, sostiene el socio de Barros y Errázuriz, José Tomás Errázuriz. La crisis eléctrica está a la vuelta de la esquina.

Y no sólo porque falte electricidad. La que hay es cara y la perspectiva es que sin Castilla y sin las otras megacentrales detenidas -HidroAysén y Punta Alcalde- no hay indicios de que los precios bajen. Datos de la consultora argentina Montamat & Asociados señalan que Chile tiene el precio más alto de la región. Los expertos eléctricos locales añaden que probablemente paguemos una de las cuentas de luz más onerosas del mundo.

¿Cómo salir de esta verdadera "moratoria eléctrica"? Les preguntamos a empresarios, abogados, expertos eléctricos y políticos. Con matices, la respuesta es una: Chile necesita un acuerdo nacional energético. De lo contrario, el último apaga la luz.

 Eléctricos: precios al menos 20% más altos, GNL y gran incertidumbre para el futuro

Para los expertos eléctricos, el No a Castilla implicará precios al menos un 20% más altos, la necesidad de recurrir al gas natural licuado (GNL) y más inestabilidad institucional.

"Al no contarse con Castilla ni tampoco con Punta Alcalde (Endesa Chile), el desarrollo de la generación de base tendrá que hacerse con termoeléctricas a GNL", dice el socio de Synex, Sebastián Bernstein. "Es factible, pero a un precio 20% superior", agrega, es decir, sobre US$ 120 MW/h.

En lo inmediato, para paliar la emergencia mientras esas centrales se construyen, se tendría que recurrir a los motores diésel o, como dice el experto de Electroconsultores, Francisco Aguirre, "esas máquinas africanas, caras, ineficientes y contaminantes".

El ex ministro de Energía Alejandro Jadresic dice que en este caso los costos subirían a US$ 200 el MW/h -con Castilla estarían en US$ 100 el MW/h- "lo que definitivamente nos pondría entre los países más idiotas y con la energía más cara del mundo".

Además del impacto en los bolsillos de las personas, el mayor costo energético pone en riesgo las inversiones mineras.

El Estado debiera indemnizar...

¿Cómo salir del atolladero? "La única opción que veo es que el Estado asuma un rol activo y coordinado con el sector privado para instalar al menos unos 4 mil MW térmicos al 2020" y ello pasa por "un plan de emergencia y acuerdo político" que permita definir la ubicación de las centrales térmicas, tener los permisos y poder hacerlas y operarlas, dice Jadresic.

Sebastián Bernstein sugiere cambios institucionales como que los resultados de los estudios ambientales sólo debieran apelarse ante tribunales ambientales, las instancias con capacidad técnica para pronunciarse adecuadamente respecto de los proyectos.

"El Estado debiera indemnizar al desarrollador de un proyecto si entrega una autorización y ésta es cuestionada legalmente", agrega. Por último, dice que las comunidades cercanas a un proyecto eléctrico debieran participar de los beneficios de éste, "para que perciban parte de las bondades de estos desarrollos y no sólo sus costos".

Mientras, nadie en Chile gana. Mientras en Perú los precios mayoristas están entre US$ 50 y US$ 60 MW/h, en Chile son el doble o incluso se están haciendo ofertas por US$ 200 MW/h, cuenta el socio de Electroconsultores.

"Los que más pierden son los consumidores, pues deberán enfrentar mayores precios y peores empleos. Pierde también la industria nacional", dice Jadresic.

Sin Castilla, nos veríamos obligados a usar generación a diésel, lo que definitivamente nos pondría entre los países más idiotas y con la energía más cara del mundo".Alejandro Jadresic, ex ministro de Energía"Si Codelco hubiese tenido durante 2011 costos de energía similares a sus competidores de otros países, habría generado excedentes adicionales por US$ 500 millones. Son US$ 100 mil millones de inversión, de los cuales US$ 70 mil millones son en cobre. Esos proyectos materializados en cinco años generan al Estado ingresos por royalty , varias veces la reforma tributaria".Juan Eduardo Errázuriz, Socio de sigdo koppersAbogados alertan de la precaria institucionalidad ambiental que se develó con el "No" a Castilla

En el mundo legal hay preocupación por las consecuencias del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, encabezada por el juez Sergio Muñoz. La resolución puso en tela de juicio el actual sistema de evaluación ambiental, pero también complica la implementación de la nueva institucionalidad, los tribunales ambientales.

"La calificación industrial que hoy se exige es subjetiva", dice al respecto Jorge Carey, de Carey & Cía. "Deberían existir criterios objetivos, como una norma de calidad del aire que deban cumplir los proyectos al momento de determinar su calificación industrial"; "El actual sistema de evaluación de impacto ambiental sólo se enfoca en el análisis de las variables ambientales, pero no hay ningún organismo del Estado que analice los otros beneficios de proyectos energéticos, tales como la contribución a la diversificación de nuestra matriz o el desarrollo económico del país", agrega.

Carey es partidario de tener un ordenamiento territorial claro, en particular, para saber dónde no se pueden construir centrales termoeléctricas, y una política nacional de cuencas. El abogado señala que cuando un proyecto ingresa a trámite ambiental, debieran evitarse los cambios al plan regulador de la zona y de uso de suelo motivados por intereses políticos, que tienen por único objetivo evitar que un proyecto se realice.

Roberto Guerrero del Río cree que es necesario crear incentivos para los municipios en cuyas comunas se instalan las centrales. Pero también estima que es necesario apoyar administrativamente a los titulares de los proyectos de generación, evitando que los organismos revisores compliquen el proceso de evaluación. "Mi impresión es que, aparte del Ministerio del Medio Ambiente, hay una serie de organismos que solicitan decenas de estudios específicos antes de otorgar su aprobación o rechazo a cualquier proyecto".

Incluso un buen proyecto corre el riesgo de no poder hacerse

En la vereda opuesta, Lorenzo Soto, abogado de comunidades en conflicto con HidroAysén, Arauco o Codelco y que representó a los pescadores de Bahía Chascos contra Castilla -y logró un acuerdo con la empresa MPX- dice: "La decisión de la Corte nos pone en un escenario de total incertidumbre tanto para las inversiones como para la debida cautela y resguardo de los derechos de los afectados por dichas inversiones". Aquí, resume, "faltan reglas claras". Hasta ahora había certeza en las normas, aunque éstas "históricamente han operado contra los intereses de las comunidades afectadas por los proyectos".

Soto comenta que en este escenario, incluso un "proyecto bueno", que cumple con los mejores estándares y da seguridad a las comunidades, "corre el riesgo de no poder hacerse".

Otra consecuencia, agrega, es que "toda la institucionalidad ambiental queda en entredicho" y se requiere "una reforma urgente a todo el sistema de evaluación ambiental que hoy hace aguas por todas partes". La nueva institucionalidad corre, a su juicio, "el riesgo de convertirse en un "elefante blanco" porque va a ser más fácil para los ciudadanos recurrir a la judicatura ordinaria de protección".

Más allá de estas consecuencias, hay aspecto a nivel país que debieran solucionarse. El socio de Barros & Errázuriz, José Tomás Errázuriz, dice: "El Estado a través de sus instituciones debe buscar un equilibrio sostenible y de largo plazo entre los intereses generales y los legítimos intereses particulares tanto del sector privado como de la ciudadanía". Agrega que para ello, las instituciones del Estado (ambiental, eléctrica, de aguas) deben mediar para que las otras dos partes, las empresas y la ciudadanía, actuando sobre la base de una participación clara y transparente, alcancen equilibrios sustentables", estima.

"Tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo deben actuar con las urgencias del caso, para estudiar y proponer aquellos perfeccionamientos que permitan a la brevedad comenzar a trabajar para el largo plazo", dice Errázuriz.

Agrega que hoy se están tramitando normas como la ley de concesiones eléctricas y de carretera eléctrica que "representan la ocasión propicia para que el poder Ejecutivo y el Legislativo debatan sobre el desafío energético y, a su vez, para alcanzar consensos de política energética con esa visión país de largo plazo".

Gonzalo Jiménez, socio de Cariola, Diez & Pérez Cotapos, dice que todo perfeccionamiento debiera orientarse "a liberalizar el sistema, y no a rigidizarlo". Apunta a que el exceso de regulación, "por bien intencionado que sea, termina protegiendo la industria local y restringiendo la competencia". Jiménez alerta que "si los tribunales, en su afán de actuar como protectores de la ciudadanía, son más celosos que lo que establece la ley, la inversión se dirigirá a otros mercados, que son tanto o más atractivos como el nuestro, y ello perjudicará, precisamente, a los ciudadanos".

Empresarios piden cambios administrativos y gran acuerdo nacional

"Cuando empezaron los primeros problemas de HidroAysén, yo decía que a lo mejor Chile se iba a convertir en un fábrica de velas. Lamentablemente, esa caricatura se está haciendo realidad. Porque no hemos hecho nada, nadie lo ha hecho. Y tenemos una cuenta de luz muy cara, que tiene un impacto social enorme en los pobladores". El lamento del socio de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, es compartido por varios empresarios.

"El abastecimiento energético de Chile ha ido acumulando diversas situaciones que nos permiten proyectar un futuro complejo, con altos precios de energía, que tienen un negativo efecto en la competitividad de las empresas, en sus proyectos de desarrollo y, finalmente, en el empleo", dice a su turno el secretario general de Empresas CMPC, Gonzalo García.

"Me temo que, en lo que respecta a los plazos, con la postergación de HidroAysén y el rechazo a Central Castilla, ya estamos actuando tarde y los costos los terminaremos pagando todos los chilenos", señala Gastón Escala, past president de la Cámara Chilena de la Construcción.

El presidente de la acerera CAP, Roberto de Andraca, no pierde las esperanzas de que los dueños del proyecto -el brasileño Eike Batista y la alemana E.ON- sigan adelante. "Ojalá que tengan paciencia y comprensión ante las demoras y trámites de un país que recién está aprendiendo cómo crecer y así mejorar el estándar de vida de sus ciudadanos, y que presenten nuevamente la solicitud con las correcciones debidas", plantea.

¿Qué hacer?

Los empresarios coinciden en que hay que ordenar el debate y buscar acuerdos. "Se requiere una mirada de largo plazo, una visión de país, para lo cual debe generarse una suma de voluntades, a la vez que se abandonan las posiciones extremas y poco realistas que creen que el desarrollo de Chile se logrará sólo con energía no convencional, como el viento, porque eso es una utopía", dice Gonzalo García.

"Aquí ha habido un cambio de la interpretación de la ley, que paralizó Castilla. Y por eso digo que tiene que haber política de Estado con extremada urgencia que solucione estos problemas de interpretación o vacíos legales, que no permita tener interpretaciones diferentes. Y otra que agilice la aprobación de todos los trámites, para que los proyectos se realicen en el cortísimo plazo", dice Juan Eduardo Errázuriz.

Gastón Escala señala que hay que generar "pautas claras de evaluación ambiental para estos proyectos, y que para estos procesos de evaluación el Estado cuente con contrapartes técnicas de reconocida capacidad y prestigio, por la vía de subcontratación de empresas expertas".

De Andraca plantea que el "Gobierno debe respetar claramente la institucionalidad vigente y, si es necesario, que el Congreso intervenga para que los estudios y decisiones hechos por especialistas del Estado no puedan ser cambiados por exceso de judicialización".

¿Qué matriz queremos?

"Chile puede contar con energía a precios razonables, impulsando preferentemente la hidroelectricidad", dice Gastón Escala.

"No desperdiciemos la energía que tenemos, que es la hidráulica. Es la más limpia, no contamina, pero tiene plazos de ejecución mayores. Son proyectos de cinco años, porque son complejos", indica Juan Eduardo Errázuriz, quien recuerda que desde que se fundó Endesa "en Chile nunca se dejó de construir unas represa".

Para enfrentar la emergencia, el socio de Sigdo Koppers insta a acelerar al máximo los proyectos de inversión, especialmente los termoeléctricos. "A mí no me gustan, pero son los que tienen más corto período de ejecución", reconoce, a lo que Gonzalo García agrega que es vital la interconexión entre el SIC y el SING".

Políticos apuestan por energías alternativas y piden consensuar una estrategia nacional

El mundo político reconoce que el sector eléctrico está en crisis y que se requiere consensuar una política energética global y de largo plazo. Pero sigue discutiendo cómo hacerlo. Uno de los pocos acuerdos es que una salida posible es el fomento a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

El senador del Partido Radical José Antonio Gómez dice que se debe reducir drásticamente la dependencia de energías foráneas, como el petróleo. "Eso sólo se puede revertir en Chile con una inversión gruesa, consensuada y estratégica en ERNC, que si bien es cierto poseen factores de carga limitados (no pueden generar todo el día) y siempre van a requerir como complemento energías contaminantes y caras, son chilenas, infinitas, limpias y sus precios van a la baja no sólo en Chile, sino que en todo el mundo".

Su homólogo de la UDI Jaime Orpis señala que el proyecto para tener un 20% de la matriz con energías alternativas al 2020 dará una oportunidad de desarrollo enorme a fuentes eólicas, solares, geotérmicas, tecnologías que han bajado de precio en el mundo.

Renunciar al agua es como si el Golfo Pérsico renunciara al petróleo

Respecto del gas natural licuado, Orpis dice: "Los hallazgos de shale gas en EE.UU. nos permiten ser optimistas de que en los próximos años llegue a precios competitivos o incluso más baratos que el carbón". Sobre la energía hidráulica, el senador sostiene: "No debemos renunciar al agua, es como si los países del Golfo Pérsico dejaran de usar el petróleo".

Mientras el senador Orpis cree que el proyecto de "carretera eléctrica" es una oportunidad para debatir una estrategia nacional en energía, debido a que hasta ahora no ha habido una normativa macro -"estamos llenos de leyes cortas", explica-, Gómez opina que el país requiere un nuevo modelo energético, con una nueva ley eléctrica que asegure la desconcentración del mercado, modifique drásticamente los Centros de Despacho Económicos de Carga (CDEC) y las licitaciones a las empresas distribuidoras por plazos, bloques y tecnologías".

El senador radical también plantea: "Hay que hacer con el cobre, el sol y el litio una industria solar no sólo de carácter continental sino mundial, en que el aporte de nuestro país tenga un carácter simbólico junto con Bolivia y Argentina".

En esa línea, es partidario de potenciar Enap y convertirla en Empresa Nacional de Energía, y plantea que se debe incentivar la generación residencial -aquella producción de energía que viene del hogar, con paneles solares o turbinas eólicas- "que permitirá que exista el consumidor-productor de energía a nivel residencial y comercial".