por Winston Alburquenque
Profesor de Derecho de los Recursos Naturales Universidad Católica
Diario El Mercurio Viernes 31 de Agosto de 2012
Señor Director:
Una muerte anunciadaSeñor Director:
Ya se ha dicho mucho sobre los negativos efectos económicos y de utilidad pública ante la falta de generación de energía que podría significar el fallo de la Corte Suprema, que acoge los recursos en contra de la Central Castilla. Sin embargo, debemos entender que esto es sólo un síntoma de una enfermedad mayor: la falta de una regulación e institucionalidad en materia de recursos naturales y la ausencia de una correcta interpretación de las mismas.
Esta sentencia sólo demuestra que estamos en un proceso de "adolescencia" jurídica, en donde estamos conscientes de nuestra nueva realidad (necesidad de explotar sustentablemente los recursos naturales), queremos contar con las nuevas herramientas que ya tenemos (nueva regulación e institucionalidad), pero todavía no conocemos cómo estas nuevas herramientas funcionan, y nos damos cuenta de que necesitamos muchas más. Ya no somos unos niños, porque vemos cambios en nosotros, pero nos falta mucho para ser adultos.
La reforma a la Ley de Bases del Medio Ambiente en 2010 buscó solucionar algunos abusos que se producían al presentar proyectos por separado, ya que al dividirlos se ven con un menor impacto, con el fin de no ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental o entrar al Sistema en una categoría menos exigente en su evaluación. Sin embargo, hay casos en que la separación de proyectos es necesaria por razones técnicas y, sobre todo, porque cada proyecto tiene tiempos de ejecución distintos, aun cuando están interconectados.
Muchos importantes proyectos de explotación de recursos naturales en Chile se han presentado al Sistema de Evaluación Ambiental en forma separada a través de un Estudio y con los estándares más exigentes que nuestra legislación permite, e incluso con altos niveles de exigencia ambiental internacional. La separación en la presentación de estos proyectos pasa a ser más que nada un tema formal, cuya justificación está dada, principalmente, porque los proyectos de recursos naturales en el Chile de hoy tienen una envergadura que nunca nuestra historia había visto, y ello requiere de un nivel de especialidad técnica que necesita una coherencia en sus sucesivos pasos. Por lo tanto, la necesidad de presentar los proyectos por separado obedece a una necesidad técnica que se origina en las características propias de cada proyecto y que la normativa no puede cubrir en todas sus formas. Acá es donde nace la especialidad y experiencia del sentenciador para poder interpretar la normativa en su sentido más adecuado para que se ajuste a la realidad, en especial, cuando existen vacíos legales o situaciones discutibles.
Esta nueva realidad, en cuanto a la complejidad de los proyectos, requiere de una regulación moderna y, sobre todo, instituciones efectivas que tengan la capacidad de leer este nuevo contexto. Estas nuevas instituciones deben ser capaces de compatibilizar la tensión que se produce entre los diversos intereses contrapuestos (empresa-afectados), la complejidad de los proyectos, el interés público y la normativa, que puede ser interpretable.
Así, son bienvenidos los tribunales ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente y las reformas en los organismos sectoriales. En otras palabras, necesitamos pasar de la niñez a la adultez.
por Álex Godoy
Facultad de Ingeniería Universidad del Desarrollo
Diario El Mercurio, Viernes 31 de Agosto de 2012
Señor Director:
El fallo sobre Castilla no es más que el síntoma de nuestra carencia de una política pública en temas energéticos ligados a temas ambientales y económicos. La Corte Suprema se ha pronunciado, en donde el mensaje ha sido claro: el proyecto debe ser evaluado en su conjunto y no por partes como la ley lo permitía. Esto es como si usted debiera regularizar una ampliación de su casa presentando ésta en partes, como si fueran proyectos en casas independientes.
Sin embargo, esto va más allá. La envergadura de Castilla es el reflejo de nuestra visión de solucionar nuestros problemas con grandes soluciones, que al final traen grandes problemas, siendo el ejemplo empírico el puerto de Ventanas y su contaminación.
Segundo, Castilla es el reflejo de los pocos incentivos para la introducción de energías renovables en términos de competitividad con otras fuentes y su diversidad.
Tercero, es el reflejo de la necesidad de interconectar sistemas con tal de aumentar las eficiencias de todos. Cuarto, Castilla es el reflejo de la falta de una planificación a largo plazo entre una planificación territorial efectiva ligada a condiciones locales y sistemas productivos.
Quinto, Castilla es el reflejo del atraso de la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad, por discusiones muchas veces sin sentido en materias técnicas. Sexto, es el reflejo de que ambas coaliciones no han sido proactivas en la búsqueda de soluciones en términos políticos.
Séptimo, Castilla es reflejo de que la ciudadanía sí está interesada en temas ambientales y que éstos ya no son un adorno lingüístico.
¿Era posible esperar otro resultado?
Derechos constitucionalesLeonidas Montes L.
Decano Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez
Diario El Mercurio, Viernes 31 de Agosto de 2012
Señor Director:
Señor Director:
Es innegable que algo está sucediendo con nuestra institucionalidad eléctrica. Hoy es la justicia, a través de la Corte Suprema, que finalmente decide el futuro de los proyectos eléctricos.
Aunque no soy abogado, me sorprendí al leer el fallo unánime de la Corte Suprema en el caso Central Castilla. En el texto se exige "como medida de tutela la nueva presentación de los proyectos a evaluación ambiental, pero ahora considerando la integralidad de la actividad, esto es, en forma conjunta, incorporando así en la línea de base la conexión del Puerto Castilla con la central termoeléctrica del mismo nombre". En resumen, se argumenta convincentemente que la conexión de ambas actividades -puerto y central- está fuera de dudas y que ambos proyectos deben presentarse a evaluación conjunta por su evidente dependencia.
Hasta aquí todo bien, porque esta situación sería corregible. Pero más adelante -son 62 páginas muy bien redactadas- se hace mención a nuestra Carta Fundamental: "Las ilegalidades indicadas atentan en contra de la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación". Como un lego en estas materias, revisé nuestra Constitución. Efectivamente existe un artículo en nuestra Carta que garantizaría "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado".
Ante un Estado que naturalmente puede actuar contra la libertad y obviamente contra el desarrollo, me preocupa el uso y abuso de nuestra Constitución. Es evidente que la Carta Fundamental establece ciertos principios, pero hacer un uso amplio y extensivo de éstos al pie de la letra me parece, a lo menos, arriesgado. Aunque suene ridículo e incluso estúpido, si seguimos al pie de la letra nuestro derecho constitucional "a vivir en un medio ambiente libre de contaminación", cualquier ciudadano podría ser demandado por respirar o ir al baño.
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