Diario El Mercurio, Lunes 20 de Agosto de 2012
En una columna anterior planteaba que el destino de los países se define por la actitud mental de sus habitantes; que las naciones son mucho más que territorio y recursos; que lo importante son ciertas cualidades -morales o de carácter- que llamamos idiosincrasia, de la cual dependen la cohesión interna y la calidad de las instituciones que esa sociedad desarrolle.
Voy a insistir, porque considero preocupante la falta de civilidad en nuestro país. Se nota en la agresividad al manejar, en la manera de protestar -siendo legítimo el derecho a manifestarse- y en la forma despectiva en que la clase política se relaciona entre sí, dando un ejemplo nefasto al resto de la población. Falta educación cívica a todo nivel.
Siempre me ha sorprendido la capacidad de EE.UU. para lograr, desde su independencia, el difícil equilibrio entre la libertad individual y el ejercicio de la autoridad en un Estado de Derecho. Y también la eficacia de esa sociedad para incorporar a los inmigrantes, y en breve plazo hacerlos sentir ciudadanos responsables -sujetos de derechos y obligaciones-, aunque provengan de países donde esos principios cívicos no existen.
Parte de la respuesta está en su Declaración de Independencia (1776). Ese texto se hace cargo de las preguntas políticas fundamentales del género humano, que trascienden circunstancias y progresos materiales o tecnológicos, y están plenamente vigentes en el siglo XXI. Es un brevísimo documento, pero traduce en palabras prácticas profunda filosofía política.
Lo que logró desarrollar EE.UU. -y le permitió el progreso- fue un concepto de libertad "para" algo, con visión de futuro apuntando a una sociedad de oportunidades. Muchas repúblicas latinoamericanas conquistaron su libertad "contra" España, pero luego sucumbieron a los caudillos, a las enormes diferencias de oportunidades y a un Estado asfixiante, que Octavio Paz llamó "ogro filantrópico".
La propia Constitución de EE.UU. -la única que ha tenido ese país desde 1787- busca equilibrios, tanto entre los poderes del Estado como entre derechos y deberes de los ciudadanos. Los poderes de la autoridad derivan del "consentimiento de los gobernados". A las personas les reconoce derechos inalienables que los gobiernos deben asegurar, pero la condición exigida es respetar los derechos iguales de los otros: la libertad -se enfatiza- lleva implícito el respeto a la persona, a la propiedad y a los contratos.
Los chilenos hemos hecho enormes esfuerzos de desarrollo económico y el país es el mejor evaluado de la región en ese ámbito. Pero nos falta progresar en sociabilidad, en urbanidad, en una mejor disposición hacia el otro, en cortesía y buen modo para una mayor cohesión nacional. En creer en una libertad "para", y no "contra" algo.
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