Tres cartas y una tribuna
Intercambio de ideas en torno al lucro y la educación
entre el rector de la Universidad Diego Portales
y el abogado Gerardo Varela, quien fue compañero
de Felipe Cubillos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es miembro del directorio de "Escuelas para Chile", organización dedicada a reconstruir escuelas tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Las cartas y la tribuna están ordenadas desde la más reciente a la más antigua, de allí el orden inverso en la numeración:
3
Cartas
¿Educación y lucro?
Gerardo Varela
Abogado
Diario El Mercurio, Sábado 28 de Julio de 2012
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/07/28/educacion-y-lucro-1.asp
Señor Director:
Carlos Peña cita a Arturo Fontaine, quien invoca el espíritu de la ley, siempre impreciso y opinable. Yo me quedo con Andrés Bello y la letra de la ley. Como liberal, me da más garantía frente al capricho del soberano. La ley dice que las universidades deben organizarse como entidades sin fines de lucro. La ley no les prohíbe ganar plata -de hecho, la Universidad Diego Portales es más cara que la Universidad Mayor-, ni les prohíbe tener contratos con terceros, relacionados o no.
Hoy se impone hacer un análisis crítico de la ley, discurrir sobre su legitimidad, eficacia y consistencia con la libertad que Peña busca defender.
El caso contra las universidades sin fines de lucro no es claro, ni en Chile ni en el extranjero (Becker- Posner Blog). Claro está que las sin fines de lucro siempre pueden funcionar con enormes subsidios estatales, con deducciones impositivas (otra forma de subsidio estatal) o con filántropos altruistas.
Chile -donde son escasos los dos primeros y pocos los últimos- forzó a que el mercado ideara una solución, que cumpliendo con la ley permitiera financiar el capital inicial que demandan las universidades (por cierto, olvidado en la columna de Peña).
La prestación de servicios educacionales (infraestructura, remuneraciones, etcétera) tiene un costo que puede financiar la señora Juanita o el beneficiario del servicio (estudiante), y puede hacerse con pérdida o con utilidad. En ambos casos, la transparencia obliga a saber quién financia el costo y quién se beneficia con las utilidades o soporta las pérdidas.
Hoy, el sistema chileno no es bueno por falta de transparencia financiera y falta de calidad del servicio. La solución es mixta. Libertad para organizarse con o sin fines de lucro (que yo hubiera esperado que un liberal apoyara); transparencia financiera para todos, y regulaciones del Estado que obliguen a publicar resultados de rendimientos, empleabilidad de egresados, remuneraciones de los mismos, etcétera.
2
Lucro y universidades
Carlos Peña
Diario El Mercurio, Viernes 27 de Julio de 2012 http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/07/27/lucro-y-universidades.asp
Señor Director:
Uno de sus lectores sugiere que las medidas que propongo para regular las universidades privadas -entre ellas prohibir que un mismo controlador lo sea de la universidad y de la sociedad que celebra contratos con ella- dañarían la expansión y el financiamiento del sistema.
Su lector está equivocado.
La promiscuidad entre la tarea universitaria y la empresarial las daña a ambas. Esta es la razón de por qué en el derecho comparado -con sistemas de mejor desempeño que el nuestro- las regulaciones son casi unánimes. Y eso explica que incluso en aquellos países donde se permite la educación superior con fines de lucro, ella experimente severos problemas sea por su calidad (en la literatura se observa que las universidades con fines de lucro tienden a tener bajo desempeño) o por su respeto a la ley (que ha llevado en el caso de Estados Unidos a 30 fiscales generales a investigar prácticas ilícitas de instituciones con fines de lucro, vid.www.insidehighered.com/news/).
Tampoco hay nada del alarmante socialismo en las propuestas de mayores regulaciones. Para probarlo basta citar a un intelectual exento de cualquier sospecha de esa índole, Arturo Fontaine, director del Centro de Estudios Públicos, y buen conocedor del mundo empresarial.
Refiriéndose a la existencia de universidades que están bajo el mismo control de las sociedades con las que celebran contratos, expresa: "Estas prácticas arteras violentan el espíritu de la ley y alimentan la desconfianza no sólo respecto del comportamiento de los empresarios en este rubro específico, sino que más allá de él. Comienza así la deslegitimación de la empresa privada en otras áreas aunque en ellas marche bien. Son situaciones agraviantes que tienden a producir un efecto dominó. Nada se saca con cerrar los ojos. Esto mancha al empresariado. Sobre todo ante la juventud. Ello tendrá consecuencias. De hecho, las está teniendo ya" ("Contra la visión fabril de la educación: ¿Universidades con fines de lucro?",www.ciperchile.cl).
Es difícil decirlo mejor.
1
Educación y lucro
Gerardo Varela
Abogado
Diario El Mercurio, Jueves 26 de Julio de 2012
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/07/26/educacion-y-lucro.asp
Señor Director:
Carlos Peña parece ser de esos “liberales” socialistas que creen en todas las libertades menos en la de ganar plata.
La necesidad de educación en Chile es infinita y la historia y la experiencia económica nos enseñan que la forma más eficiente y eficaz de satisfacer una necesidad es dejando que las personas se organicen libremente para enfrentarla.
Si dos personas quieren asociarse para educar al prójimo con fines de lucro, por razones filantrópicas o por mera vocación, es un problema de ellos, lo importante es que proporcionen una educación de calidad.
Carlos Peña no puede ignorar las dificultades de financiamiento que tienen las entidades sin fines de lucro. La verdad sea dicha, los controles y prohibiciones que propone Carlos Peña restringirán la posibilidad de crear nuevas universidades y para qué decir de financiarlas, con ello se generará un magnífico monopolio para las que ya están.
Que Carlos Peña siga compitiendo con su universidad, que el prestigio de sus profesores y la calidad de sus alumnos sea su ventaja competitiva, pero no la protección regulatoria.
0
Tribuna
Impedir el lucro
Carlos Peña
Rector de la Universidad Diego Portales
Diario El Mercurio, Miércoles 25 de Julio de 2012
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/07/25/impedir-el-lucro.asp
En el debate acerca del lucro en las universidades hay algo que brilla por su ausencia: la verdad. A pesar de que ella salta a la vista.
Es cierto -como se ha repetido una y otra vez- que la expansión de la matrícula universitaria se produjo gracias a la inversión privada.
Pero todo ello no fue filantropía, altruismo ni nada que se le parezca. Fue porque la economía política del sistema se organizó de una manera que permitía que los particulares (la mayoría de los cuales no estaban animados por lo que el Código Civil llama mera liberalidad) pudieran hacer inversiones accediendo a utilidades iguales o superiores a las que obtendrían en usos alternativos de su dinero. De esa manera -se pensó- el sistema se podría expandir con el mínimo gasto público.
¿Cómo pudo hacerse lo anterior poniendo, al mismo tiempo, en vigencia una regla que prohibía el lucro en las universidades?
De una manera muy sencilla. "Salvando las palabras de la ley pero eludiendo su sentido" (Paulo, D. 1.3.29). "Consintiendo lo que la ley no quiso que se hiciera; pero que no prohibió explícitamente se ejecutara" (Ulpiano).
Por ejemplo, un controlador de la universidad forma sociedades que celebra contratos con ella (así un mismo controlador tiene dos caras igualmente impecables, una lucrativa y otra desinteresada, una con lucro y otra sin él); un fondo de inversión realiza una operación financiera y toma el control de parte de la universidad a título de garantía (de esa forma la universidad anticipa los flujos y un interventor del fondo asegura su retorno); se organiza la universidad como corporación sin fines de lucro, pero los miembros de ella son sociedades comerciales (de esa manera al vender la sociedad comercial se vende también la universidad).
Es la infinita plasticidad del capitalismo (que llevó a Zizek a declarar que podía imaginarse que el mundo acabara; pero no que se acabara el capitalismo).
¿Es posible corregir hoy día esa situación de una forma más radical que con la mera creación de una superintendencia?
Por supuesto que sí. Ello requeriría una reforma legal en base a las siguientes reglas.
En primer lugar, sería imprescindible separar del todo la administración y control de las universidades, por una parte, de la propiedad y el control de sociedades de cualquier índole por la otra. En otras palabras, una misma persona no podría, a la vez, ser director o administrador fiduciario de una universidad y dueño o controlador de una empresa que se relaciona con ella. Allí donde esa situación existe, el involucrado debería escoger. Lo que es admisible en las sociedades anónimas (los contratos entre sociedades relacionadas) no resulta admisible entre una universidad y una sociedad anónima. La razón es obvia, tienen una índole muy distinta.
En segundo lugar, sería necesario declarar que los miembros de la corporación universitaria creada luego de 1981 deban ser, en cualquier caso, personas naturales. De esa manera se evita que los miembros de la corporación sean sociedades comerciales y que (como ocurre hoy) la venta de las acciones de esta última equivalga a la venta del control de la universidad.
En tercer lugar, es necesario declarar ilícita la cesión a título oneroso o gratuito del control de la universidad o su entrega a un tercero, incluso a título de garantía (así, la universidad no podría ceder el control ni la administración a sus acreedores, que es lo que ocurriría cuando se celebran contratos con fondos de inversión).
En cuarto lugar, sería necesario disponer que las universidades estuvieran obligadas a publicar sus estados financieros, a consolidar la totalidad de sus operaciones y a exponer sus balances auditados en sus páginas web. En otras palabras, la información que solicitó el ministro Beyer debiera ser íntegra y regularmente pública.
En fin, nada impediría disponer que en los casos en que la universidad reciba financiamiento público más allá de un cierto umbral, al menos uno de los miembros de su directorio deba ser nombrado por el Estado.
Ese conjunto de medidas sustantivas -acompañadas de un razonable plazo de transición- permitiría recuperar la legitimidad del sistema, hoy día maltrecha, sin lesionar necesariamente ni su expansión ni su financiamiento.
Intercambio de ideas en torno al lucro y la educación
entre el rector de la Universidad Diego Portales
y el abogado Gerardo Varela, quien fue compañero
de Felipe Cubillos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es miembro del directorio de "Escuelas para Chile", organización dedicada a reconstruir escuelas tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Las cartas y la tribuna están ordenadas desde la más reciente a la más antigua, de allí el orden inverso en la numeración:
3
Cartas
¿Educación y lucro?
Gerardo Varela
Abogado
Diario El Mercurio, Sábado 28 de Julio de 2012
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/07/28/educacion-y-lucro-1.asp
Señor Director:
Carlos Peña cita a Arturo Fontaine, quien invoca el espíritu de la ley, siempre impreciso y opinable. Yo me quedo con Andrés Bello y la letra de la ley. Como liberal, me da más garantía frente al capricho del soberano. La ley dice que las universidades deben organizarse como entidades sin fines de lucro. La ley no les prohíbe ganar plata -de hecho, la Universidad Diego Portales es más cara que la Universidad Mayor-, ni les prohíbe tener contratos con terceros, relacionados o no.
Hoy se impone hacer un análisis crítico de la ley, discurrir sobre su legitimidad, eficacia y consistencia con la libertad que Peña busca defender.
El caso contra las universidades sin fines de lucro no es claro, ni en Chile ni en el extranjero (Becker- Posner Blog). Claro está que las sin fines de lucro siempre pueden funcionar con enormes subsidios estatales, con deducciones impositivas (otra forma de subsidio estatal) o con filántropos altruistas.
Chile -donde son escasos los dos primeros y pocos los últimos- forzó a que el mercado ideara una solución, que cumpliendo con la ley permitiera financiar el capital inicial que demandan las universidades (por cierto, olvidado en la columna de Peña).
La prestación de servicios educacionales (infraestructura, remuneraciones, etcétera) tiene un costo que puede financiar la señora Juanita o el beneficiario del servicio (estudiante), y puede hacerse con pérdida o con utilidad. En ambos casos, la transparencia obliga a saber quién financia el costo y quién se beneficia con las utilidades o soporta las pérdidas.
Hoy, el sistema chileno no es bueno por falta de transparencia financiera y falta de calidad del servicio. La solución es mixta. Libertad para organizarse con o sin fines de lucro (que yo hubiera esperado que un liberal apoyara); transparencia financiera para todos, y regulaciones del Estado que obliguen a publicar resultados de rendimientos, empleabilidad de egresados, remuneraciones de los mismos, etcétera.
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Lucro y universidades
Carlos Peña
Diario El Mercurio, Viernes 27 de Julio de 2012 http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/07/27/lucro-y-universidades.asp
Señor Director:
Uno de sus lectores sugiere que las medidas que propongo para regular las universidades privadas -entre ellas prohibir que un mismo controlador lo sea de la universidad y de la sociedad que celebra contratos con ella- dañarían la expansión y el financiamiento del sistema.
Su lector está equivocado.
La promiscuidad entre la tarea universitaria y la empresarial las daña a ambas. Esta es la razón de por qué en el derecho comparado -con sistemas de mejor desempeño que el nuestro- las regulaciones son casi unánimes. Y eso explica que incluso en aquellos países donde se permite la educación superior con fines de lucro, ella experimente severos problemas sea por su calidad (en la literatura se observa que las universidades con fines de lucro tienden a tener bajo desempeño) o por su respeto a la ley (que ha llevado en el caso de Estados Unidos a 30 fiscales generales a investigar prácticas ilícitas de instituciones con fines de lucro, vid.www.insidehighered.com/news/).
Tampoco hay nada del alarmante socialismo en las propuestas de mayores regulaciones. Para probarlo basta citar a un intelectual exento de cualquier sospecha de esa índole, Arturo Fontaine, director del Centro de Estudios Públicos, y buen conocedor del mundo empresarial.
Refiriéndose a la existencia de universidades que están bajo el mismo control de las sociedades con las que celebran contratos, expresa: "Estas prácticas arteras violentan el espíritu de la ley y alimentan la desconfianza no sólo respecto del comportamiento de los empresarios en este rubro específico, sino que más allá de él. Comienza así la deslegitimación de la empresa privada en otras áreas aunque en ellas marche bien. Son situaciones agraviantes que tienden a producir un efecto dominó. Nada se saca con cerrar los ojos. Esto mancha al empresariado. Sobre todo ante la juventud. Ello tendrá consecuencias. De hecho, las está teniendo ya" ("Contra la visión fabril de la educación: ¿Universidades con fines de lucro?",www.ciperchile.cl).
Es difícil decirlo mejor.
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Educación y lucro
Gerardo Varela
Abogado
Diario El Mercurio, Jueves 26 de Julio de 2012
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/07/26/educacion-y-lucro.asp
Señor Director:
Carlos Peña parece ser de esos “liberales” socialistas que creen en todas las libertades menos en la de ganar plata.
La necesidad de educación en Chile es infinita y la historia y la experiencia económica nos enseñan que la forma más eficiente y eficaz de satisfacer una necesidad es dejando que las personas se organicen libremente para enfrentarla.
Si dos personas quieren asociarse para educar al prójimo con fines de lucro, por razones filantrópicas o por mera vocación, es un problema de ellos, lo importante es que proporcionen una educación de calidad.
Carlos Peña no puede ignorar las dificultades de financiamiento que tienen las entidades sin fines de lucro. La verdad sea dicha, los controles y prohibiciones que propone Carlos Peña restringirán la posibilidad de crear nuevas universidades y para qué decir de financiarlas, con ello se generará un magnífico monopolio para las que ya están.
Que Carlos Peña siga compitiendo con su universidad, que el prestigio de sus profesores y la calidad de sus alumnos sea su ventaja competitiva, pero no la protección regulatoria.
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Tribuna
Impedir el lucro
Carlos Peña
Rector de la Universidad Diego Portales
Diario El Mercurio, Miércoles 25 de Julio de 2012
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/07/25/impedir-el-lucro.asp
En el debate acerca del lucro en las universidades hay algo que brilla por su ausencia: la verdad. A pesar de que ella salta a la vista.
Es cierto -como se ha repetido una y otra vez- que la expansión de la matrícula universitaria se produjo gracias a la inversión privada.
Pero todo ello no fue filantropía, altruismo ni nada que se le parezca. Fue porque la economía política del sistema se organizó de una manera que permitía que los particulares (la mayoría de los cuales no estaban animados por lo que el Código Civil llama mera liberalidad) pudieran hacer inversiones accediendo a utilidades iguales o superiores a las que obtendrían en usos alternativos de su dinero. De esa manera -se pensó- el sistema se podría expandir con el mínimo gasto público.
¿Cómo pudo hacerse lo anterior poniendo, al mismo tiempo, en vigencia una regla que prohibía el lucro en las universidades?
De una manera muy sencilla. "Salvando las palabras de la ley pero eludiendo su sentido" (Paulo, D. 1.3.29). "Consintiendo lo que la ley no quiso que se hiciera; pero que no prohibió explícitamente se ejecutara" (Ulpiano).
Por ejemplo, un controlador de la universidad forma sociedades que celebra contratos con ella (así un mismo controlador tiene dos caras igualmente impecables, una lucrativa y otra desinteresada, una con lucro y otra sin él); un fondo de inversión realiza una operación financiera y toma el control de parte de la universidad a título de garantía (de esa forma la universidad anticipa los flujos y un interventor del fondo asegura su retorno); se organiza la universidad como corporación sin fines de lucro, pero los miembros de ella son sociedades comerciales (de esa manera al vender la sociedad comercial se vende también la universidad).
Es la infinita plasticidad del capitalismo (que llevó a Zizek a declarar que podía imaginarse que el mundo acabara; pero no que se acabara el capitalismo).
¿Es posible corregir hoy día esa situación de una forma más radical que con la mera creación de una superintendencia?
Por supuesto que sí. Ello requeriría una reforma legal en base a las siguientes reglas.
En primer lugar, sería imprescindible separar del todo la administración y control de las universidades, por una parte, de la propiedad y el control de sociedades de cualquier índole por la otra. En otras palabras, una misma persona no podría, a la vez, ser director o administrador fiduciario de una universidad y dueño o controlador de una empresa que se relaciona con ella. Allí donde esa situación existe, el involucrado debería escoger. Lo que es admisible en las sociedades anónimas (los contratos entre sociedades relacionadas) no resulta admisible entre una universidad y una sociedad anónima. La razón es obvia, tienen una índole muy distinta.
En segundo lugar, sería necesario declarar que los miembros de la corporación universitaria creada luego de 1981 deban ser, en cualquier caso, personas naturales. De esa manera se evita que los miembros de la corporación sean sociedades comerciales y que (como ocurre hoy) la venta de las acciones de esta última equivalga a la venta del control de la universidad.
En tercer lugar, es necesario declarar ilícita la cesión a título oneroso o gratuito del control de la universidad o su entrega a un tercero, incluso a título de garantía (así, la universidad no podría ceder el control ni la administración a sus acreedores, que es lo que ocurriría cuando se celebran contratos con fondos de inversión).
En cuarto lugar, sería necesario disponer que las universidades estuvieran obligadas a publicar sus estados financieros, a consolidar la totalidad de sus operaciones y a exponer sus balances auditados en sus páginas web. En otras palabras, la información que solicitó el ministro Beyer debiera ser íntegra y regularmente pública.
En fin, nada impediría disponer que en los casos en que la universidad reciba financiamiento público más allá de un cierto umbral, al menos uno de los miembros de su directorio deba ser nombrado por el Estado.
Ese conjunto de medidas sustantivas -acompañadas de un razonable plazo de transición- permitiría recuperar la legitimidad del sistema, hoy día maltrecha, sin lesionar necesariamente ni su expansión ni su financiamiento.
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