Primarias, partidos políticos e independientes



Obligar a un partido a dejar competir en sus primarias a un independiente sin su consentimiento tiene el riesgo de privarlo de presentar un candidato propio a las elecciones definitivas.



PROFUNDIZAR NUESTRA democracia, y fortalecer con ello la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, es una de las prioridades del gobierno. Y una vía para conseguirlo es ampliar los canales de participación ciudadana.

A su vez, uno de los campos en los que más urge institucionalizar espacios para una mayor participación es en los procesos de selección de los candidatos de los partidos políticos, y de los pactos que ellos forman, a cargos de elección popular. Los partidos atraviesan por una crisis de confianza, que se debe sobre todo a que son vistos como grupos cerrados, en que unos pocos deciden, entre otras cosas, buena parte de los candidatos entre los que los ciudadanos pueden escoger.

Por eso atribuyo mucha importancia al proyecto de ley sobre primarias, que debería estar en vigor en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año. Este ofrece una vía para que la selección de candidatos sea más competitiva, participativa y transparente, generando incentivos para una política de mayor calidad. Pero no hay que perder de vista que los partidos políticos son entidades autónomas. Por ello, aunque dada su función pública es razonable que la ley les haga exigencias en materias como democracia interna y transparencia, también lo es que cuenten con espacios de libertad para funcionar como prefieran.

Por lo mismo, siempre hemos pensado que las primarias deben ser una opción y no una imposición para los partidos y que es la ciudadanía la que debe decidir libremente si considera preferible a los candidatos escogidos mediante ese mecanismo. Así quedó establecido en la reforma constitucional sobre la materia hecha en 2005. “Una ley orgánica constitucional -señala nuestra Carta Fundamental- establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular”.

Así, el proyecto de ley entrega al consejo general de cada partido, que es el órgano más representativo de sus militantes, la decisión de hacer o no primarias y para qué cargos, y la determinación del padrón electoral para ellas, que podrá incluir sólo a los militantes, también a independientes o a toda la ciudadanía del territorio que corresponda.

También toca al consejo general de cada partido decidir si admite a uno o más independientes a competir en sus primarias o si celebra un pacto electoral con ellos, habilitándolos, de ese modo, para tomar parte en las primarias de ese pacto. Esto ha recibido últimamente críticas que el Ejecutivo no comparte. Los independientes tenemos en Chile todo el derecho a postular a cualquier cargo de elección popular reuniendo cierto número de firmas. Pero no parece razonable que, por esa vía, podamos obligar a un partido o pacto de partidos a dejarnos competir por ser su candidato sin su consentimiento, abriendo la posibilidad de privarlos de la opción de presentar un candidato propio a las elecciones definitivas.

Creo  que este proyecto de ley, combinando equilibradamente la autonomía de los partidos, los derechos de los independientes y la libertad de elección de los ciudadanos, ofrece una buena opción para mejorar nuestra democracia.

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