¿Si Bolivia inscribió a cinco millones de electores en 72 días, por qué en Chile cuesta tanto modernizar un padrón?
por Claudio Fuentes - Diario La Tercera 30/11/2011 - 04:00
PARECE existir consenso en la necesidad de reformar el sistema político y particularmente en torno a los objetivos globales que debiesen guiar su transformación. En efecto, hoy muy pocos dudarían que nuestro sistema político requiere mayores cuotas de representatividad, participación, transparencia y competencia. Sin embargo, el problema es que los actores políticos, sociales (y académicos) sostenemos visiones muy distintas sobre la forma en que deben traducirse estos objetivos.
Para algunos se fomentaría la participación con la voluntariedad del voto; para otros se trata de un crimen para la democracia. Para unos se requiere un aggiornamento del binominal, mientras otros demandan una reforma de proporciones. A ello se suman los intereses particulares que motivan la acción de los actores. Es sabido que las reformas más difíciles de implementar son aquellas donde se ven afectados los intereses de quienes detentan el poder. Un ejemplo es el actual debate sobre inscripción automática y concurrencia a votar en forma voluntaria. La voluntariedad se consagró constitucionalmente en el 2009. Un gran segmento de la elite parlamentaria desoyó incluso sus propias convicciones, aprobando una reforma que es popular frente a la opinión pública, pero nefasta en términos de la desigualdad que provocará. El compromiso fue introducir además un mecanismo de inscripción automática de modo de implementarlo en las elecciones municipales de octubre de 2012. Pero ahí comenzó la comedia de atrasos.
Primero se demoró el envío del proyecto por parte del Ejecutivo (diciembre de 2010), luego el Senado tardó su aprobación en casi un año y el Ejecutivo no utilizó las "urgencias" para acelerar el paso. El Servicio Electoral dijo que se necesitaban 330 días para su implementación. Es decir, el proyecto debía ser aprobado hoy 30 de noviembre como fecha tope. Resulta que recién hace dos semanas pasó a la Cámara, por lo que algunos parlamentarios propusieron una discusión conjunta en las comisiones de Interior y Hacienda. Aquello fue rechazado. Recién ayer el Ejecutivo decidió colocar "urgencia inmediata" a la propuesta para despachar pronto el asunto.
¿Por qué este letargo en un tema que no debiese motivar gran discusión? ¿Si Bolivia inscribió a cinco millones de electores en 72 días, por qué en Chile cuesta tanto modernizar un padrón? ¿Por qué no impulsar una inscripción masiva si estamos de acuerdo que ayudaría a la democracia? La explicación parece simple: una mezcla de conflicto ideológico con la voluntariedad del voto y cálculo de corto plazo de un segmento de la elite que teme perder poder.
Entonces, lo que se requiere evitar es que sean estos intereses de corto plazo los que monopolicen las decisiones en la definición de las reglas del juego. La única opción sería establecer un acuerdo para la reforma del sistema político a partir de un proceso amplio, inclusivo y público. Tan negativo como la reforma a cuentagotas, es la incapacidad de los partidos de propiciar iniciativas que incorporen a la ciudadanía. Para tiempos de cambio se requiere más y no menos democracia.
Para algunos se fomentaría la participación con la voluntariedad del voto; para otros se trata de un crimen para la democracia. Para unos se requiere un aggiornamento del binominal, mientras otros demandan una reforma de proporciones. A ello se suman los intereses particulares que motivan la acción de los actores. Es sabido que las reformas más difíciles de implementar son aquellas donde se ven afectados los intereses de quienes detentan el poder. Un ejemplo es el actual debate sobre inscripción automática y concurrencia a votar en forma voluntaria. La voluntariedad se consagró constitucionalmente en el 2009. Un gran segmento de la elite parlamentaria desoyó incluso sus propias convicciones, aprobando una reforma que es popular frente a la opinión pública, pero nefasta en términos de la desigualdad que provocará. El compromiso fue introducir además un mecanismo de inscripción automática de modo de implementarlo en las elecciones municipales de octubre de 2012. Pero ahí comenzó la comedia de atrasos.
Primero se demoró el envío del proyecto por parte del Ejecutivo (diciembre de 2010), luego el Senado tardó su aprobación en casi un año y el Ejecutivo no utilizó las "urgencias" para acelerar el paso. El Servicio Electoral dijo que se necesitaban 330 días para su implementación. Es decir, el proyecto debía ser aprobado hoy 30 de noviembre como fecha tope. Resulta que recién hace dos semanas pasó a la Cámara, por lo que algunos parlamentarios propusieron una discusión conjunta en las comisiones de Interior y Hacienda. Aquello fue rechazado. Recién ayer el Ejecutivo decidió colocar "urgencia inmediata" a la propuesta para despachar pronto el asunto.
¿Por qué este letargo en un tema que no debiese motivar gran discusión? ¿Si Bolivia inscribió a cinco millones de electores en 72 días, por qué en Chile cuesta tanto modernizar un padrón? ¿Por qué no impulsar una inscripción masiva si estamos de acuerdo que ayudaría a la democracia? La explicación parece simple: una mezcla de conflicto ideológico con la voluntariedad del voto y cálculo de corto plazo de un segmento de la elite que teme perder poder.
Entonces, lo que se requiere evitar es que sean estos intereses de corto plazo los que monopolicen las decisiones en la definición de las reglas del juego. La única opción sería establecer un acuerdo para la reforma del sistema político a partir de un proceso amplio, inclusivo y público. Tan negativo como la reforma a cuentagotas, es la incapacidad de los partidos de propiciar iniciativas que incorporen a la ciudadanía. Para tiempos de cambio se requiere más y no menos democracia.
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