Gratuidad y lucro en la educación chilena‏

Tribuna
Gratuidad y lucro en la educación chilena
por Carlos Williamson
Profesor Titular
Universidad Católica de Chile
Diario El Mercurio, viernes 2 de septiembre de 2011
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2011/09/02/gratuidad-y-lucro-en-la-educac.asp

No ha sido fácil seguir
la intensa polémica pública
sobre la educación en Chile.

En parte, por la variedad de actores y propuestas,
pero especialmente porque la discusión
ha quedado presa del oportunismo ideológico
que pretende refundarlo todo,
creando el espejismo de que la solución
a los males pasa por volver
a esquemas largamente superados:
educación gratuita para pobres y ricos
y provista en exclusividad por el Estado.

Un balance que intente
alejarse de tales reduccionismos,
expresados metafóricamente
por un alto dirigente estudiantil,
"aquí no se trata de podar el arbolito,
sino arrancarlo de raíz",
se hace urgente y necesario.

Es positivo, por cierto,
que prime la adhesión mayoritaria
a un modelo que ha probado
ser virtuoso en materia
de cobertura educacional
y que se cimienta
en la provisión mixta,
estatal y privada,
y la gratuidad reducida
sólo a quienes no tienen
cómo pagar sus estudios.

Respecto del financiamiento
en la educación superior,
algunos dirigentes estudiantiles
piden eliminar el cobro de aranceles
y una reforma tributaria
que financie con cargo
a rentas generales
educación gratis para todos.

Otra corriente se allana
a aceptar una alternativa
más sensata y equitativa
al focalizar mejor el destino
de los recursos públicos,
aceptando los aranceles,
pero con becas
que cubran integralmente
el costo de los estudios
para el 70% de los estudiantes
con menores recursos.

El Gobierno, por su parte,
ha acercado posiciones
y ofrece financiamiento para el 60%,
con una combinación de becas
y crédito a tasas subsidiadas parejas del 2%.

En la educación escolar
la educación pública ya es gratis
y nadie cuestiona que se mantenga así.

Hay consenso en que la subvención
tiene que crecer y que deben crearse
corporaciones fuera de los municipios
para administrar los liceos
con rigurosos estándares sobre calidad.

No hay acuerdo, sin embargo,
respecto de la educación
particular subvencionada,
donde los estudiantes piden eliminar
el financiamiento compartido,
que permite que voluntariamente
los padres puedan contribuir
con aportes económicos
a la educación de sus hijos.

Se aduce que ello fomenta
la segregación social:
quienes no aportan
reciben una educación peor.

No hay evidencia sólida
que demuestre
la validez de esa hipótesis.

Pero además, desafía
al sentido común
negar el derecho de cada padre
a contribuir libremente
para que su hijo goce
de una educación
de mejor calidad.

Si existe estratificación social,
ello es consecuencia directa
de que la educación pública,
gestión y profesorado incluidos,
es de mala calidad
y la subvención es insuficiente.

¿Por qué entonces
estigmatizar
a la educación privada
de algo que no es
de su responsabilidad
y restringir la libertad
de elección de los padres?

El otro ámbito de divergencias
es respecto del lucro,
demonizado como culpable
de la baja calidad
en una reacción muy chilena
de apelar a lo emotivo:
"con los bienes públicos no se lucra",
en lugar de buscar evidencia
sobre los efectos del lucro
en la baja calidad,
donde no hay prueba alguna
que sustente tal asociación.

Finalmente, muy grave
es lo que se discute
sobre el lucro respecto
de las instituciones
de educación superior
no universitarias,
centros de formación técnica
e institutos profesionales,
y en los colegios subvencionados.

Como se sabe, una proporción
muy significativa de dichas entidades
persigue fines de lucro
en conformidad con la normativa vigente.

Las propuestas van
desde prohibir el lucro
o admitir su existencia,
pero eliminar los subsidios fiscales.

El cambio
en las reglas del juego es evidente
y las consecuencias sistémicas
podrían ser devastadoras
con costos sociales no despreciables.

En efecto, en la educación escolar
se forzaría al cierre
de varios miles de colegios
que se financian con la subvención.

Corresponde a mono-sostenedores,
en su mayoría emprendedores
de ingresos medios
que se ganan la vida "lucrando"
y que en muchísimos casos
han hecho un valioso aporte
a miles de familias
que confiaron en ellos
y entregaron una educación de calidad.

En la educación superior
podría ocurrir otro tanto,
siendo la prohibición del lucro
la que tendría un severo impacto
al clausurar la participación de entidades
de incuestionable aporte formativo
en la educación técnica y profesional
de miles de jóvenes chilenos.

A estas alturas, la opinión pública
tiene el derecho de conocer
las reales consecuencias de estos cambios,
hasta ahora ocultos por quienes los apoyan,
y señalados sin razones fundadas
como la panacea en la solución
a los problemas que aquejana la educación en Chile.