Presiones por democracia directa‏

Un editorial y cuatro columnas de opinión acerca de Plebiscitos, derechos y deberes.

Presiones por democracia directa

Diario El Mercurio, Editorial, Jueves 11 de Agosto de 2011

Las cabezas del movimiento social de protesta por la calidad de la educación han comenzado ahora a propugnar la adopción de una democracia directa, que resuelva mediante plebiscitos los conflictos que han planteado y que el sistema político -afirman- parece incapaz de resolver. Sorprende que hayan recibido el apoyo de diversos dirigentes políticos, que son los representantes de la ciudadanía precisamente para buscar soluciones a los problemas sociales. Las propuestas esbozadas en las últimas semanas, de adoptarse, conducirían a cambiar la democracia representativa, tal como se ha conocido en Occidente en los tiempos modernos, por un nuevo sistema de consultas ciudadanas que dirimiría los dilemas más acuciantes y divisivos, como las fuentes de energía que requiere el país, el matrimonio entre homosexuales o las formas de financiamiento de la educación.

Las experiencias reunidas a lo largo de los últimos siglos no muestran que la democracia directa produzca mejores resultados en satisfacer las inquietudes ciudadanas ni más eficiencia en conseguir un desarrollo armonioso. Por el contrario, muchos de los países que han recurrido a este sistema han caído víctimas de gobiernos dictatoriales o han establecido normas poco coherentes, que han profundizado los problemas. A pesar de ello, es legítimo que una sociedad decida tener mayor participación directa de los ciudadanos mediante plebiscitos vinculantes. Pero lo que ninguna sociedad democrática puede hacer es ignorar sus normas constitucionales y comenzar a actuar, de hecho, al margen de su propia institucionalidad. Tal camino carecería de legitimidad y resulta indefendible por quienes sostienen principios democráticos. De plantearse tal posibilidad para Chile, sería necesario proponer un cambio constitucional, con sus consiguientes reformas legales, que estableciera un método para convocar a referendos supuestamente conducentes a resolver los problemas que la clase política se mostrase incapaz o no deseosa de resolver.

Naturalmente, un cambio semejante tardaría probablemente más de un año, con lo cual no resulta ser un camino razonable para hacer frente a los desencuentros de estos días. Y si se optase por esta peligrosa vía, el Congreso debería debatir el tema y resolver quiénes quedarían facultados para convocar a la consulta. En los lugares donde la democracia directa ha alcanzado su máximo desarrollo, son los propios ciudadanos los que llaman a ella después de reunir una alta proporción de firmas, pues con tal enfoque no sería congruente dejar que los parlamentarios o los directivos de los partidos políticos o de los movimientos sociales sean quienes decidan los temas a consultar, ni las preguntas a formular. Así, por paradoja, los políticos que llaman a resolver mediante plebiscitos están admitiendo de modo inequívoco su propia impotencia para manejar los asuntos públicos y renunciando al mandato de conducción social que recibieron en las urnas.

Proceder simplemente a convocar a plebiscitos no contemplados en el orden legal chileno sería permitir que la presión de la fuerza manifestada en las calles prevaleciera por sobre las instituciones. Si algún grupo político apoya una aventura de esta naturaleza, que subvierte el orden constitucional, estaría sólo estimulando las dudas acerca de su vocación democrática. La adhesión irrestricta a los principios de la democracia no se prueba en la victoria, cuando se recibe el mandato de gobernar, sino en la derrota, cuando es necesario mostrar la voluntad de acatar las mayorías legalmente registradas en elecciones libres, abiertas y con voto secreto.

Roberto Ampuero 
Diario El Mercurio, Jueves 11 de Agosto de 2011 
¿Más derechos, menos deberes?

Observo desde Estados Unidos, donde aún reina la paz social pese a las noticias sobre economía, recortes y la declinación de su hegemonía, la efervescencia que agita a Chile. Creo que la impaciencia estudiantil se debe en parte a que el Gobierno del 2006 no cumplió las promesas hechas a los "pingüinos". De haberlo hecho, hoy las demandas no serían tan perentorias ni enconadas como las que se elevan a quien lleva año y medio en el poder y enfrentó el peor terremoto de nuestra historia. Tanto quienes gobernaron entre 1990 y 2010 como el Gobierno, deben asumir responsabilidades. Es impresentable que quienes hasta hace poco ocupaban La Moneda y describían su gestión de "ejemplar", se desmarquen de su historia.

En este marco corresponde preguntarse en qué instancia la educación chilena brinda a los jóvenes nociones del funcionamiento y financiamiento del país. Sólo quien tiene información al respecto puede discernir entre posible e irrealizable, entre viable y populista, y puede apartarse así de los demagogos y fundar firmemente sus demandas en la realidad. Asombra: gran parte del debate nacional ocurre hoy de espaldas a la factibilidad de lo que se exige y de la crisis económica mundial. Es el mismo subjetivismo de la Copa América: la teníamos en el bolsillo, sólo que olvidamos el pequeño detalle de que había adversarios.

Por otra parte, todos hablan hoy de ciudadanía empoderada, pero también de que la educación es mala y muchos no entienden ni lo que leen. ¿Es la opinión de la mayoría infalible en un mundo cada vez más complejo y difícil de entender? ¿El político sólo toma nota de las encuestas y respalda la exigencia mayoritaria para conservar su puesto? ¿O entra a veces a su análisis, surgido del conocimiento, en conflicto con exigencias del electorado? ¿Qué hace entonces? ¿Tiene aun el político visiones propias, algún liderazgo o función orientadora, o devino cadena de transmisión de encuestas? La otrora gran California atraviesa una crisis, en parte debida a que plebiscitó temas complejos. Reto para la democracia: ¿Es la opinión de la mayoría infalible? ¿Se gobierna por encuestas y plebiscitos? ¿Qué hacer cuando la noción popular de economía contradice los estudios de la economía? EE.UU. pavimentó en parte su vía a la crisis porque sus políticos no le dijeron a la gente que no podían vivir al infinito del crédito.

Y esta reflexión lleva a otra: En el mercado moderno aumentan los controles que miden el nivel y perfeccionamiento profesional. ¿Existen exigencias similares para nuestros políticos? Supongo que no se trata sólo de sintonizar con el electorado y repetir sus demandas, sino también de estar al día en materias que les permitan entender los complicados procesos de la globalización o visualizar la viabilidad del país a futuro. ¿Cómo obtiene el know how quien nunca ha manejado una empresa ni ha buscado en lustros empleo en el mercado?

Vuelvo al estudiante que exige educación gratuita. En ese caso, ¿cuál será su compromiso con el país? ¿Cobraría durante años honorarios por debajo del mercado como retribución al contribuyente, no podría radicarse fuera de Chile por años, debería ejercer por un tiempo en la región que le imponga el Estado? Examino exigencias de prestigiosas universidades de EE.UU. a sus postulantes y hallo un criterio llamativo: número de horas de voluntariado dedicado a sectores vulnerables. ¿Cuál es el aporte a Chile de quien exige que Chile financie su estudio? Y no puedo sino preguntar: ¿Cuántos políticos de los que dicen representar a "sectores populares" donan regularmente parte de sus ingresos a proyectos humanitarios? Me temo que vamos a un país con más derechos pero con menos deberes.

Cartas 
Martes 09 de Agosto de 2011 
Plebiscito

Señor Director:

"El Mercurio" de ayer nos informa que los partidos por la Democracia, Socialista y Radical son partidarios de llevar el actual conflicto referido a la educación a un plebiscito. Ello constituye una petición de renuncia de dirigentes políticos a representar y mediar en los conflictos sociales y de parlamentarios a ejercer la tarea más esencial de la política democrática, cual es la de deliberar, buscar acuerdos y producir soluciones que representen al país.

¿Qué vamos a preguntar en el plebiscito? ¿Si queremos una educación de calidad y más igualitaria? El problema de la política no es repetir deseos, sino representándolos, buscar caminos para hacerlos realidad. Nada de eso se ha construido, por lo que no somos capaces de reconocer las específicas diferencias insalvables que sí cabría someter a decisión popular.

Y si llegamos a renunciar a la política y llamar a un plebiscito, ¿quién formulará las preguntas si no hay reglas constitucionales para ello? Los más viejos ya experimentamos el llamado a plebiscitos con preguntas mañosas y preferimos no recordar cómo el poder se aprovechaba de los previsibles resultados. ¿Quién será el posterior intérprete de la voluntad popular? ¿No tendremos igual que volver después al debate democrático?

Si la educación anda mal, es en parte importante porque tenemos una mala política, producto de pésimas reglas políticas. No la echemos a perder aún más renunciando a ella.

JORGE CORREA SUTIL

Cartas 
Jueves 11 de Agosto de 2011 
Plebiscito I

Señor Director:

Se ha propuesto resolver el problema de la educación mediante un plebiscito, lo que requiere reforma constitucional. Sostienen que el plebiscito es un medio democrático útil cuando los dirigentes fracasan en representar a la población, y pretenden que la decisión plebiscitaria prevalezca sobre los acuerdos que la clase política pueda generar. El problema de asimetría en la representación crece cuando los políticos (especialmente de oposición) no dan muestras de querer llegar a un consenso.

La literatura especializada, sugiere que el plebiscito afecta la capacidad de los funcionarios electos de fijar la agenda, lo que podría generar costos relevantes para la democracia deliberativa. Al legislar, los políticos negocian, ceden posiciones, intercambian votos y generan soluciones con pocos perdedores. El plebiscito, en cambio, impide la generación de acuerdos y se focaliza en diferenciar a ganadores de perdedores (en una alternativa de "todo o nada"). Cuando los políticos llegan a acuerdos, los beneficios que se producen son mayores que los que genera el plebiscito, porque todas las tendencias representadas habrán cooperado en una agenda común.

En el plebiscito normalmente ganará la preferencia del votante mediano. Sin embargo, dicha preferencia no está exenta de distorsiones, ya que la misma está controlada por (1) la manera en que la pregunta está formulada y (2) por el momento político en que ella se presenta, cuestión manipulable por grupos de interés y percepciones transitorias (piénsese, por ejemplo, lo que ocurriría si se plebiscitara la instauración de la pena de muerte en el contexto de sensación de inseguridad) controlables por diversos factores.

Por otro lado, si se quiere regular el plebiscito en nuestra Constitución, debemos responder ciertas interrogantes: ¿cuáles serán los costos de presentar una iniciativa y cómo se controla que los grupos de presión no capturen el proceso político? ¿Qué materias serían susceptibles de plebiscitarse? ¿Quién formulará la pregunta? ¿Cómo evitar las preguntas "mañosas" que denunciaba Jorge Correa en estas páginas? ¿Cuándo se realizará el plebiscito? ¿Serán periódicos? ¿Cómo podrían modificarse las decisiones plebiscitarias? ¿Podrían los jueces controlar dichas decisiones para defender los derechos individuales?

SERGIO VERDUGO R.
Profesor - Investigador Centro de Justicia Constitucional
Universidad del Desarrollo

Cartas 
Jueves 11 de Agosto de 2011 
Plebiscito II

Señor Director:

En su carta del día 9 de agosto, Jorge Correa Sutil, ex ministro del Tribunal Constitucional, señaló una serie de argumentos contrarios a la posibilidad del plebiscito como un mecanismo para dirimir conflictos sociales o para que la ciudadanía se pueda pronunciar en temas de interés general.

Me permito discrepar. La utilización de mecanismos de democracia directa no debe interpretarse como una renuncia de los órganos colegisladores a ejercer sus mandatos constitucionales. Muy por el contrario, como ocurre en múltiples países democráticos, acercaría la ciudadanía al sistema político y le otorgaría mayor legitimidad para legislar y realizar políticas públicas. No se renuncia a la política, se la dota de mayor legitimidad y participación ciudadana.

El señor Correa Sutil plantea además la interrogante de quién formularía las preguntas para la realización de un plebiscito o referéndum. Lo anterior no constituye una dificultad insalvable. Se podría constituir una mesa de trabajo con participación de representantes del Gobierno y del Congreso junto a los diversos actores involucrados, como representantes estudiantiles y de los profesores, rectores de universidades estatales y privadas, representantes de la Asociación de Municipalidades, centros de investigación y ONGs.

La ciudadanía se podría pronunciar sobre un número limitado de preguntas que aborden los principios orientadores de una reforma al sistema de educación prebásica, básica, media y superior. Posteriormente, el Gobierno podría enviar un proyecto de ley al Congreso que tenga como ideas matrices los resultados de la consulta.

Por último, cabe preguntarse si un referéndum es jurídicamente posible. En el último mes se han presentado dos proyectos de reforma constitucional para incorporar la posibilidad de que la ciudadanía se pueda pronunciar en temas de interés general. También es posible realizar una consulta ciudadana sin la necesidad de una reforma constitucional, tal como ha ocurrido con las elecciones primarias presidenciales que se han realizado en los años noventa sin estar contempladas en la Constitución.

El debate está abierto. Podemos tenerle miedo a que la comunidad se exprese. O bien, la institucionalidad chilena puede adecuarse a una sociedad activa que quiere ser parte del proceso de deliberación democrática.

RODRIGO BUSTOS BOTTAI
Profesor de Derecho Constitucional 
Universidad Diego Portales y Universidad 
Católica Silva Henríquez