Avanzar en infraestructura
El país debe retomar el ritmo de inversiones requeridas para resolver problemas sociales inminentes, especialmente en nuestras ciudades, que pronto podrían transformarse en causa de conflictos mayores.
por Fernando Agüero Diario La Tercera 08/11/2013
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RECIENTEMENTE se realizó en Santiago un encuentro sobre concesiones de infraestructura pública. Hubo varias exposiciones de evidente interés, pero las presentaciones que más expectativas generaron fueron las de los encargados del programa de infraestructura en las candidaturas presidenciales de la Alianza y de la Nueva Mayoría. Luego de escucharlos, quedó entre los asistentes una sensación de gusto a poco.
Si bien ambas agrupaciones reconocen la importancia de la infraestructura en el desarrollo nacional, queda la impresión de que también hay cierta coincidencia en que este no es un tema urgente. Se presentaron propuestas generales respecto de algunas cuestiones administrativas e institucionales, para luego enumerar ciertos proyectos -todos muy loables-, pero que no se inscriben en una propuesta estratégica que permita visualizar hacia dónde se dirigen los esfuerzos.
A partir del reconocimiento de que el desarrollo urbano tiende naturalmente a ser inorgánico y caótico, se debe concluir que es deber subsidiario del Estado impulsar proyectos de planificación adecuados de las ciudades y del territorio, con políticas públicas coherentes y permanentes. Estas deben conducir a una mayor equidad en el acceso a los bienes públicos y a una mejor calidad de vida para toda la población.
Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) hemos insistido en la necesidad de definir una “política de Estado” en el área de la infraestructura, pues entendemos que el país debe retomar el ritmo de inversiones requeridas para resolver problemas sociales inminentes, especialmente en nuestras ciudades, que pronto podrían transformarse en causa de conflictos mayores. Para ello hay que poner la mirada en el largo plazo, más allá de los tiempos políticos, considerando que los períodos de gobierno son breves en nuestro país.
De igual forma, creemos que es necesario evitar las tentaciones refundacionales a las que parecen adscribir algunos expertos, que podrían cumplir funciones relevantes en la futura administración. Así, vemos que es necesario asegurar la continuidad de algunos procesos en marcha, asegurando que no atenten contra los intereses de la comunidad ni pongan en riesgo las finanzas públicas. Es el caso de algunos proyectos de licitación en curso y de algunos planes desarrollados en los últimos años, los que están bien fundados y permiten comenzar a elaborar propuestas de mayor alcance y permanencia.
Por último, creemos que, más allá de la institucionalidad que deba darse en el gobierno para una buena gestión del área de infraestructura, lo que se requiere es una forma de coordinación efectiva entre las entidades que tienen responsabilidades en estas materias y un compromiso presupuestario que permita ir diseñando una política que se haga cargo de los objetivos sociales y económicos que deben satisfacer la infraestructura.
Para estos efectos, como Consejo de Políticas de Infraestructura estamos a disposición de los equipos técnicos de los candidatos para colaborar en la elaboración de un punto de vista y en su consiguiente implementación a partir de marzo próximo. El país requiere una efectiva política de infraestructura con urgencia.
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